El juez archiva el sobrecoste del Sant Pau pese acreditar irregularidades

El juez que investiga la gesti¨®n del hospital de Sant Pau ha dado carpetazo a una de las tres patas que sostienen la causa: el sobrecoste de las obras del nuevo hospital, cifrado en 77 millones de euros. El magistrado reconoce que hubo irregularidades, porque la adjudicaci¨®n incumpli¨® la normativa urban¨ªstica. Pero concluye que los responsables del Sant Pau no cometieron ning¨²n delito porque tomaron la decisi¨®n sobre la base de un asesoramiento externo que result¨® ¡°incorrecto¡±. La resoluci¨®n se?ala, adem¨¢s, que han pasado m¨¢s de 10 a?os desde que se adopt¨® el acuerdo para construir el hospital, por lo que, en caso de existir, el delito de prevaricaci¨®n habr¨ªa prescrito.

La investigaci¨®n sobre el desfase presupuestario en las obras pivota sobre un informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas. Ese escrito subraya que las primeras fases del nuevo hospital ¡ªque acab¨® de construirse en 2009¡ª ¡°no se adjudicaron de acuerdo con la normativa adecuada¡±. El informe considera, sin embargo, que ¡°no puede concretarse un perjuicio material¡± provocado por esas irregularidades, ya que ¡°la obra existe¡± y ¡°no se conoce cu¨¢l habr¨ªa sido el coste de haber seguido el procedimiento que se estima correcto¡±.

Como no hay da?o, dice el juez, no puede haber malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. En su auto, el titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 22 de Barcelona, Juan Emilio Vil¨¢ Mayo, pasa a examinar si las irregularidades afectaron a la libre concurrencia de mercado y, por tanto, si existi¨® un delito de prevaricaci¨®n. Y tambi¨¦n concluye que no.

La investigaci¨®n sobre el desfase presupuestario pivota sobre un informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas

La aportaci¨®n de casi 300 millones de fondos p¨²blicos para el nuevo hospital ¡ªuna instalaci¨®n ¡°de indudable inter¨¦s social¡± y que ¡°satisface necesidades de inter¨¦s general¡±, subraya el juez¡ª se firm¨® mediante un convenio con la Generalitat que data de 1990. El acuerdo se materializ¨® mediante un cr¨¦dito sindicado.

Dada la complejidad de las normas, se?ala el juez, los gestores del Sant Pau acudieron ¡°al asesoramiento de un tercero¡±. Ese asesoramiento result¨® ¡°incorrecto¡±. ¡°Pero los autores de la decisi¨®n¡±, que al amparo de esos informes tomaron las decisiones oportunas, ¡°no son responsables¡± de las irregularidades. El auto subraya, adem¨¢s, que no hay ninguna raz¨®n que motivara a los responsables del hospital a adjudicar parte de las obras a dedo.

Esa circunstancia es suficiente, a?ade el juez, para no seguir adelante con la investigaci¨®n. Pero hay otra: la prescripci¨®n. La decisi¨®n sobre el modo de adjudicaci¨®n se remonta al a?o 2000. Vil¨¢ Mayo recuerda que el delito de prevaricaci¨®n prescribe a los 10 a?os. ¡°El procedimiento no ha sido dirigido contra los presuntos autores, dentro de los 10 a?os que han de contarse desde la adopci¨®n del acuerdo¡±. Los mecanismos de control sobre el sistema de adjudicaci¨®n, incide, debieron estar ¡°operativos¡± entonces y no ahora. La falta de control ¡°no es reconducible al proceso penal¡± tanto tiempo despu¨¦s.

El archivo provisional del sobrecoste no afecta a la causa principal del Sant Pau, que indaga la transferencia de recursos entre las distintas fundaciones que integran el hospital. La tercera y ¨²ltima pata, relativa a los sueldos irregulares cobrados por altos directivos, tambi¨¦n se tambalea. Hace unas semanas, el juez archiv¨® la causa para la mayor¨ªa de implicados, salvo el exgerente del Sant Pau Jordi Varela y Jos¨¦ Ignacio Cuervo, que siguen imputados.