Alaya impone una fianza civil de 593.306 euros a un dirigente de CC OO
Enrique Manuel Jim¨¦nez est¨¢ acusado de malversaci¨®n, prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias
![Enrique Manuel Jim¨¦nez, a la derecha, tras prestar declaraci¨®n ante Alaya.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/W5SA2DVA6AZWLYGP2DD5EN6YIU.jpg?auth=b72be24fda4ae3483fef6efc93bfb2a3a3bbb0c19a0c2c2ac391612e69975e63&width=414)
La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 593.306,96 euros al actual secretario general de la Federaci¨®n de Industria de CC OO, Enrique Manuel Jim¨¦nez, en un auto en el que declara responsable subsidiario a la Federaci¨®n de Industria del sindicato. La magistrada asevera que, a ra¨ªz de la declaraci¨®n judicial del imputado, "se ha puesto de manifiesto su participaci¨®n activa" en la concesi¨®n de ayudas del expediente de Calderinox.
As¨ª, "ser¨ªa part¨ªcipe" a trav¨¦s de su cargo de las reuniones, conversaciones y gestiones que llevaron a los compromisos verbales de aplicaci¨®n de ayudas sociolaborales a los trabajadores de Calderinox, medidas que consist¨ªan, "por una parte, en una percepci¨®n econ¨®mica, debido a que se adeudaban n¨®minas y, por otra parte, en un plan de jubilaci¨®n para los trabajadores de mayor edad". Estos compromisos, seg¨²n la juez, "fueron adquiridos" por el entonces delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y por el director general de Trabajo en esa fecha, Francisco Javier Guerrero, a lo que se suma que el dirigente de CC OO "insisti¨®" al posterior director de Trabajo, Juan M¨¢rquez, "para que las ayudas sociolaborales prometidas se ejecutaran".
A?ade que, el 29 de diciembre de 2009, la Federaci¨®n de Industria de CC OO, en la persona del imputado, acept¨® la concesi¨®n de una ayuda sociolaboral de 898.571,56 euros "supuestamente a favor" de nueve extrabajadores de Calderinox, formaliz¨¢ndose una p¨®liza "a la que se a?adieron dos suplementos para incluir a dos intrusos, como son Juan Rodr¨ªguez Cordob¨¦s y Antonio Fern¨¢ndez Garz¨®n, quienes "nunca hab¨ªan trabajado" en la empresa.
La juez Alaya asevera que la inclusi¨®n de estos dos intrusos en la p¨®liza, que supuso un coste de 208.901,81 euros, "era perfectamente conocida" por el imputado, quien aport¨® una carta de 21 de diciembre de 2009 dirigida a Juan M¨¢rquez "donde se hace referencia a un acuerdo con la Delegaci¨®n Provincial de Empleo de Sevilla para la inclusi¨®n" de uno de los intrusos "pese a saber que ¨¦ste no hab¨ªa trabajado nunca en Calderinox".
El imputado "fue conocedor y particip¨® en las negociaciones referentes a la ayuda excepcional y a la ayuda sociolaboral concedidas a esta empresa, que fueron tramitadas y concedidas prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en el marco normativo aplicable", dice la instructora, que argumenta que la fianza civil impuesta "tiene una decidida finalidad, cual es la devoluci¨®n en la medida de lo posible de las ingentes cantidades de dinero que de manera indiciariamente il¨ªcita han salido del erario de la Junta".
As¨ª, la juez fija la fianza teniendo en cuenta que la Junta lleg¨® a abonar 444.980,22 euros por las ayudas descritas, cantidad a la que suma el tercio legal, haciendo un total de 593.306,96 euros. La juez imput¨® a Enrique Manuel Jim¨¦nez en su comparecencia del pasado d¨ªa 24 de octubre tres delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias.
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