El Tribunal de Cuentas investiga la relaci¨®n del IGME con el proyecto Castor
La denuncia se centra en un informe de fiscalizaci¨®n del Instituto Geol¨®gico y Minero de 2008
El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias tras una denuncia que relaciona una serie de irregularidades contables detectadas en el Instituto Geol¨®gico y Minero de Espa?a (IGME) con las condiciones de adjudicaci¨®n del almac¨¦n de gas Castor, en cuyo entorno se produjeron una cadena de se¨ªsmos en octubre, el m¨¢ximo de magnitud 4,2, que alarm¨® en octubre a las poblaciones de Castell¨®n y Tarragona. La instalaci¨®n permanece cerrada hasta que se conozcan
La documentaci¨®n principal que se analiza forma parte del informe de fiscalizaci¨®n de 2008 del IGME, que el Tribunal de Cuentas public¨® el pasado verano. El denunciante, la empresa de ingenier¨ªa CITA, representada por Miguel ?ngel Gallardo Ortiz, pide que se act¨²e de oficio por si esos cobros y pagos irregulares de los que se habla en el escrito de fiscalizaci¨®n ¡°pueden ser la explicaci¨®n m¨¢s racional de la ruina y el riesgo que se ha creado por el llamado Proyecto Castor¡±. El Supremo ha rechazado recientemente la petici¨®n del Gobierno de que se suspendiera la indemnizaci¨®n pactada en un real decreto de 2008 en el caso de que se suspendiera la concesi¨®n administrativa a la empresa Escal UGS por dolo o negligencia.
El art¨ªculo 14 de ese acuerdo dispone que, en el caso de suspensi¨®n o finalizaci¨®n de la concesi¨®n, las instalaciones del almac¨¦n Castor pasar¨ªan a ser titularidad del Estado y se tendr¨ªa que indemnizar al operador con su valor neto, actualmente estimado en 1.700 millones. Si obrara de por medio dolo o negligencia, la indemnizaci¨®n bajar¨ªa hasta el ¡°valor residual¡± de las instalaciones.
¡°Los conflictos de intereses o las incompatibilidades podr¨ªan explicar la ruinosa lesividad ya denunciada por la abogac¨ªa del Estado¡±, contempla el denunciante que se pone en ¡°el caso de que alguna de las empresas relacionadas o beneficiadas directa o indirectamente por el proyecto Castor haya pagado al IGME o sus funcionarios o a las entidades con las que el IGME tuviera suscrito alg¨²n convenio o contrataci¨®n¡±.
El Tribunal de Cuentas ha emplazado al denunciante para que se persone como acci¨®n p¨²blica con la advertencia de que si finalmente se termina inadmitiendo le pondr¨ªan imponer las costas. El denunciante tendr¨¢ que determinar actos concretos de intervenci¨®n, administraci¨®n o manejo de caudales y los preceptos legales que considera incumplidos.
El informe de fiscalizaci¨®n del IGME al que hace alusi¨®n resume en 16 conclusiones y recomendaciones diversas irregularidades de este organismo, dependiente del Ministerio de Econom¨ªa y Competitividad, como que no se pudo conocer el coste ni el valor de los de los productos y proyectos t¨¦cnicos derivados de los convenios de colaboraci¨®n , algo que ¡°podr¨ªa dar lugar a que el IGME hubiese obtenido un exceso indebido de financiaci¨®n¡±; que varias personas se convirtieran en funcionarios en procesos en los que se valoraron m¨¦ritos concretos que s¨®lo se hab¨ªan haber adquirido desempe?ando puestos en este organismo; o que existieron ¡°ciertas deficiencias de control¡± en la gesti¨®n de la Tesorer¨ªa del Organismo, entre otros asuntos.
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