Los afectados franceses del ¡®Prestige¡¯ se movilizan para demandar a Espa?a

¡°Escandaloso¡±, ¡°inquietante¡± o ¡°inaceptable¡±. La indignaci¨®n tambi¨¦n es total entre los afectados franceses por la cat¨¢strofe del Prestige ante la sentencia absolutoria dictada 11 a?os despu¨¦s por la Audiencia Provincial de A Coru?a. Las instituciones regionales y municipales del litoral atl¨¢ntico franc¨¦s no escatiman los adjetivos a la hora de declarar el ¡°enfado¡±, en palabras del alcalde de San Juan de Luz, Peyuco Duhart, ante un fallo de la justicia espa?ola que deja sin culpables y sin nadie que pague la marea negra que ti?¨® de fuel 1.700 kil¨®metros de costa, desde la desembocadura del Mi?o, en la frontera con Portugal, hasta el Canal de la Mancha.

¡°Consagra el permiso para contaminar al dar impunidad total a armadores, fletadores, compa?¨ªas petroleras, barcos con bandera de conveniencia y aseguradoras¡±, rese?an los Ayuntamientos franceses del frente atl¨¢ntico. Pero han decidido que no se quedar¨¢n ¡°quietos¡± y van a movilizarse conjuntamente para emprender nuevas acciones judiciales en busca de compensaciones para los perjudicados. La iniciativa, bajo el paraguas de los consejos regionales de Breta?a y Las Landas, ser¨¢ capitaneada por departamentos (administraciones provinciales) del oeste franc¨¦s y una treintena de Ayuntamientos. Todos ellos estuvieron representados, con reclamaciones civiles, en el juicio espa?ol, al margen del Estado franc¨¦s, que deleg¨® en el de Espa?a ejercer la acusaci¨®n penal.

La idea, tras analizar en detalle la sentencia y las posibilidades de recursos, es reclamar ahora al Estado espa?ol el resarcimiento de los da?os. Tienen una carta guardada para ello: bastar¨ªa con reactivar un recurso administrativo planteado hace una d¨¦cada ante la Audiencia Nacional por parte del sindicato de protecci¨®n del litoral de Las Landas, un organismo p¨²blico nacido a ra¨ªz del desastre del Prestige que agrupa a 17 Ayuntamientos y al departamento. ¡°Lo presentamos al d¨ªa siguiente de llegar fuel a nuestras costas por precauci¨®n, para poder actuar en caso de que se dictaminase que no hab¨ªa delito penal, como as¨ª lo dice ahora la sentencia¡±, explica el abogado del organismo land¨¦s, Renaud Lahit¨¨te.

El recurso est¨¢ presentado contra el Estado espa?ol ¡°por mal funcionamiento del servicio p¨²blico¡± al considerar que las autoridades cometieron ¡°una falta¡± al decidir, desde el mismo momento del accidente, alejar mar adentro el petrolero sin tan siquiera examinar, como lo exigen las normas espa?olas, el estado del barco. El Plan de Contingencias del Gobierno exig¨ªa que expertos fuesen enviados a bordo para determinar qu¨¦ hacer con el nav¨ªo tras su accidente frente a Fisterra. Lahit¨¨te subraya que durante el juicio en A Coru?a qued¨® probado, y as¨ª lo recoge la sentencia, que el exdirector de Marina Mercante Jos¨¦ Luis L¨®pez-Sors, exculpado a todos los efectos por la sentencia, tom¨® la decisi¨®n de alejar el Prestige desde el minuto cero.

¡°Se hizo el sordo a cualquier otra alternativa; es evidente que el enviar mar adentro al barco caus¨® su naufragio, y tambi¨¦n que al d¨ªa siguiente del accidente hab¨ªa la posibilidad de hacer un transbordo de la carga¡±, insiste el letrado. Y rese?a que existe jurisprudencia en Espa?a sobre la ¡°falta¡± cometida por el Estado, que s¨ª fue condenado por las mareas negras que provocaron en Galicia a?os antes el Mar Egeo y el Urquiola.

Vigipol, el organismo que agrupa a las entidades locales de Breta?a, coincide en denunciar el ¡°escandaloso¡± fallo absolutorio y en su determinaci¨®n de emprender, junto al consejo regional bret¨®n y las instituciones de Las Landas, ¡°todas las medidas necesarias para que el asunto del Prestige no acabe en un sobreseimiento¡±. La indignaci¨®n en Francia, tambi¨¦n contra su Estado por haberles obligado a trasladar todas las reclamaciones ante la justicia espa?ola, es a¨²n mayor tras haber conseguido una condena contundente por la marea negra del Erika, de 1999. El Tribunal de Casaci¨®n franc¨¦s, en 2012, ratific¨® la culpabilidad compartida por la petrolera Total, la clasificadora del barco Rina y su armador, ambos italianos, y les conden¨® a pagar 200 millones de indemnizaciones. ¡°La sentencia del Erika dejaba entrever un reconocimiento europeo real de la noci¨®n de perjuicio ecol¨®gico, pero ahora asistimos a un peligroso retroceso judicial¡±, afirma el alcalde de San Juan de Luz.