Una soluci¨®n al descontrol urban¨ªstico
Una empresa de Chiclana ofrece a las viviendas ilegales acceso a suministros b¨¢sicos
El decreto 2/2012 de la Junta, el que permite legalizar casas en suelos no urbanizables, ha servido para incentivar el ya cl¨¢sico esp¨ªritu emprendedor que tradicionalmente ha caracterizado a Chiclana (C¨¢diz). El ingeniero industrial, Jaime Chozas, que ha participado en el complejo proceso de regularizaci¨®n de casas de este municipio es uno de los socios de Rurh¨¢bitat, una empresa andaluza que ha nacido al amparo de este nuevo marco legal.
Ofrece una f¨®rmula novedosa para regularizar las viviendas en suelos no urbanizables, sin necesidad de esperar a que sus Ayuntamientos acometan las obras necesarias para darles agua, luz y alcantarillado. La compa?¨ªa facilita una soluci¨®n global. Ayuda al papeleo, coloca una placa fotovoltaica, instala una planta potabilizadora de agua y sit¨²a una innovadora depuradora que hace innecesarias las fosas s¨¦pticas.
En 2012 la Junta aprob¨® un decreto por el cual trat¨® de paliar el problema de las viviendas ilegales en Andaluc¨ªa. Ten¨ªa como base la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa (LOUA), pero creaba nuevas figuras que daban salida legal a situaciones que anteriores normas no permit¨ªan solucionar. Por ejemplo, los asentamientos fuera de ordenaci¨®n: conjuntos de casas construidos en suelos no urbanizables pero con entidad suficiente para necesitar infraestructuras y servicios b¨¢sicos. El decreto pon¨ªa la carcasa y los Ayuntamientos deb¨ªan llenarla con una ordenanza que estableciera plazos, precios y tramitaci¨®n. En la provincia de C¨¢diz, lo han hecho ya municipios como Chipiona, Vejer, Puerto Real, Trebujena, Benalup, Sanl¨²car o Jerez. Chiclana, el paradigma de las viviendas ilegales, no ha podido iniciar estos tr¨¢mites. La Junta ha recordado en una carta al Ayuntamiento que no puede hacerlo por carecer de un plan general en vigor, ya que este documento fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa. Sin plan general, no hay ordenanza que permita desarrollar el decreto. Es la argumentaci¨®n municipal pero los vecinos de esos asentamientos fuera de ordenaci¨®n se quejan de la desidia del gobierno local, que lleva dos a?os y medio en el poder sin que haya iniciado los tr¨¢mites para dise?ar un nuevo plan general.
Jaime Chozas conoce bien Chiclana porque es de all¨ª y porque ha trabajado en los planes de legalizaci¨®n de este municipio en los ¨²ltimos a?os. Sabe de sus complejidades particulares pero ahora est¨¢ centrado en dar soluciones a lugares donde s¨ª se puede aplicar el decreto auton¨®mico sin tantas dificultades. Es un negocio pero tambi¨¦n una manera de ayudar a vecinos que llevan a?os sin suministros b¨¢sicos. ¡°Cre¨ªamos que ante esta situaci¨®n de vecinos que ya tienen la oportunidad legal de contar con servicios b¨¢sicos deb¨ªamos ofrecerles una salida m¨¢s r¨¢pida que la que le pueden dar ahora los Ayuntamientos en plena crisis¡±, explica Jaime Chozas. El decreto de la Junta permite regularizar casa construidas sin licencia con m¨¢s de seis a?os en suelos no urbanizables, donde las conexiones a los suministros suelen estar demasiado lejos, por la distancia f¨ªsica y tambi¨¦n econ¨®mica.
La empresa trabaja en varios ¨¢mbitos. Auxilia a los propietarios de esas casas. Y lo hace con una soluci¨®n global. Facilita a los vecinos la regularizaci¨®n jur¨ªdica que les permita su inscripci¨®n en el registro de la propiedad en el marco del decreto auton¨®mico, redacta informes de viabilidad y tramita la documentaci¨®n t¨¦cnica. Lo m¨¢s novedoso es que ayuda a autoabastecerse a viviendas aisladas. Sus t¨¦cnicos instalan placas fotovoltaicas para que no sea necesaria la conexi¨®n a la red el¨¦ctrica. Esta tecnolog¨ªa contribuye a la producci¨®n de agua caliente sanitaria y calefacci¨®n mediante energ¨ªa solar t¨¦rmica. Capta, acumula y potabiliza el agua de lluvia y de pozos. Y una importante novedad, ayuda a depurar los residuos fecales y a tratar las aguas grises, sin necesidad de recurrir a las fosas s¨¦pticas que han de vaciarse cada cierto tiempo. ¡°Por lo general, muchos vecinos optan por tirar las aguas residuales a los caminos. Estamos contribuyendo a mejorar el medio ambiente¡±, dice Chozas.
La empresa da servicios a los vecinos y tambi¨¦n a los Ayuntamientos. Por ejemplo, se ofrece a redactar planes parciales y proyectos de direcci¨®n de obra de urbanizaci¨®n para dotar de infraestructuras a los asentamientos fuera de ordenaci¨®n. Adem¨¢s, asesora en ahorro energ¨¦tico, reducci¨®n de emisi¨®n de CO? a la atm¨®sfera, control de residuos o consumo de recursos h¨ªdricos. Medidas que pueden facilitar a los propietarios de casas ilegales la amortizaci¨®n de las inversiones necesarias para su regularizaci¨®n.
Rurh¨¢bitat ayuda tambi¨¦n a los Ayuntamientos a redactar las ordenanzas para aplicar el decreto de la Junta, como ha hecho en San Roque. Auxilia a vecinos, como los de la Axarqu¨ªa malague?a, para que tengan sus planes y proyectos y ofrece la posibilidad de hacer mapas de viviendas por georradar o estudios pormenorizados de casas con afecciones o riesgos, como las ubicadas en v¨ªas pecuarias. En medio del caos, la empresa trata de implantar el orden. ¡°Creo que estamos ayudando a destapar la madriguera en la que viv¨ªan muchos due?os de casas ilegales¡±.
La empresa trabaja en el marco de aplicaci¨®n del decreto de la Junta, algo que no est¨¢ resultando sencillo. Chozas cree que el texto es mejorable en algunos aspectos pr¨¢cticos, por ejemplo, el l¨ªmite de los seis a?os para que los asentamientos puedan ser legalizados provoca que en n¨²cleos donde haya una mayor¨ªa de casas de m¨¢s antig¨¹edad pero solo una construida despu¨¦s de esos seis a?os no sea posible la regularizaci¨®n. Tambi¨¦n hay recelos municipales a aprobar las ordenanzas necesarias para pormenorizar el decreto. ¡°Creo que los Ayuntamientos deber¨ªan ser conscientes en mayor medida que la legalizaci¨®n, aunque tiene un coste, que en su mayor¨ªa debe asumir el due?o, tambi¨¦n tiene una contraprestaci¨®n para las arcas municipales, que es el hecho de que ahora puedan cobrar¡±.
La compa?¨ªa, en plena expansi¨®n, busca clientes entre los vecinos, muchos de ellos extranjeros, que compraron su casa en Andaluc¨ªa sin saber el l¨ªo legal en el que se estaban metiendo. Ahora alguien se ofrece a ayudarles a desenredar esa madeja con todas las respuestas a sus numerosos interrogantes.
La singularidad de una ciudad dividida en 18 ¨¢reas
El caso de Chiclana es singular. El problema de las viviendas ilegales creci¨® tanto que el Ayuntamiento, gobernado entonces por el PSOE, decidi¨® atajarlo con un plan de regularizaci¨®n. Hubo un cambio de gobierno. Lleg¨® un alcalde del PP que mantuvo el mismo planteamiento que el fijado por su antecesor: dividir la ciudad en 18 grandes ¨¢reas y tratar de darles los servicios b¨¢sicos mediante el pago previo de los propietarios. Esa obligatoriedad de pagar levant¨® las iras de algunos vecinos que se organizaron en un partido pol¨ªtico, el Partido Vecinal Regionalista (PVRE). Lleg¨® a obtener dos concejales que, al final, resultaron fundamentales. Desde hace casi dos a?os ese partido, gracias a un pacto con el PP, dirige el urbanismo de Chiclana. A esta estramb¨®tica situaci¨®n pol¨ªtica se le han unido complicaciones legales. Su Plan General, el que permit¨ªa esa regularizaci¨®n, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, lo que dej¨® en un limbo legal toda la ciudad. Todav¨ªa el Ayuntamiento no ha desarrollado el decreto 2/2012. La delegada de Urbanismo, Marisol Ayala, del PVRE, propietaria de una vivienda ilegal, ha culpado a la Junta porque, en una carta, le ha dicho que sin plan general no hay posibilidad de aplicar el decreto. Ayala no vive en un asentamiento fuera de ordenaci¨®n, sino en La Rana Verde, un suelo urbanizable en el futuro plan. Los vecinos de los asentamientos fuera de ordenaci¨®n, como Los Llanos o Pago Melilla, s¨ª quieren que se aplique sobre ellos el decreto de la Junta. "Marisol Ayala ha entrado en pol¨ªtica solo para poder legalizar su casa y no se acuerda de que muchos de los que la votaron viv¨ªan en suelos no urbanizables", protesta el presidente de la asociaci¨®n de vecinos de Los Llanos, Jos¨¦ Olmo. De las 15.000 viviendas todav¨ªa ilegales en Chiclana, unas 2.000 est¨¢n ubicadas en suelos no urbanizables y se podr¨ªan acoger a la figura de asentamiento fuera de ordenaci¨®n si el decreto se pudiera aplicar.
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