El juez del ¡®caso Invercaria¡¯ ordena investigar a ocho empresas de la Junta

El juez Juan Guti¨¦rrez, que instruye el caso Invercaria (empresa p¨²blica de la Junta de Andaluc¨ªa), ampl¨ªa de manera sustancial el abanico para fiscalizar el gasto del Gobierno aut¨®nomo. El magistrado ha abierto nuevas causas en las que va a a investigar ochos empresas p¨²blicas de la Administraci¨®n auton¨®mica. Estas nuevas pesquisas se suman al caso ERE, que ya abarca a todas las consejer¨ªas. El objetivo es examinar la gesti¨®n de los fondos p¨²blicos en la Junta a trav¨¦s de las transferencias de financiaci¨®n (mecanismo de pago utilizado habitualmente por numerosas Administraciones, y tambi¨¦n para abonar los ERE).

Tras pedir la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n la apertura de las investigaciones, al margen del caso ERE ya que no existe conexi¨®n con esta causa, el magistrado Guti¨¦rrez as¨ª lo ha acordado. Compa?¨ªas de tanta entidad como RTVA, Egmasa, Extenda, Epdasa, Giasa, Turasa, la Empresa P¨²blica de Desarrollo Agrario y Pesquero, la Agencia de Innovaci¨®n y Desarrollo de Andaluc¨ªa y la Empresa P¨²blica de Gesti¨®n de programas culturales, ser¨¢n examinadas con lupa. El resultado final de estas nuevas causas es impredecible, pero su dimensi¨®n, dado los 10 a?os del periodo que se investiga (2003-2012) y las sumas transferidas, es enorme. Si la juez Mercedes Alaya comenz¨® a fiscalizar el uso de las transferencias de financiaci¨®n en la Consejer¨ªa de Empleo a trav¨¦s de la agencia Idea para luego ampliar la causa a todas las consejer¨ªas que concedieron ayudas desde Idea, ahora Guti¨¦rrez ha asumido una tarea que puede llevar a?os. Y esta labor se sumar¨¢ a la investigaci¨®n sobre Invercaria, que avanza a paso muy lento dada su complejidad.

La Intervenci¨®n General remiti¨® informaci¨®n en el caso Invercaria sobre los ¡°defectos en la contabilizaci¨®n de las transferencias de financiaci¨®n que afectan a resultados o en la clasificaci¨®n de activo y pasivo¡±, seg¨²n el escrito de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. El problema fundamental para el ministerio p¨²blico es que se realizaron transferencias de financiaci¨®n desde diferentes consejer¨ªas a estas empresas p¨²blicas que no contaron con una fiscalizaci¨®n previa, ¡°pese a que era exigible¡±, seg¨²n la fiscal¨ªa. Es decir, los interventores delegados deber¨ªan haber aprobado los gastos antes de producirse, y no revisarlos una vez ejecutados.

Los fiscales censuran el uso de las transferencias de financiaci¨®n para el abono final desde estas nueve empresas y agencias p¨²blicas en subvenciones excepcionales y encargos de ejecuci¨®n. Por ello, Anticorrupci¨®n considera que debe indagarse si se pudo haber cometido malversaci¨®n o prevaricaci¨®n en el uso de estos fondos p¨²blicos por parte de los responsables de estos gastos.

¡°Se han puesto de manifiesto irregularidades en la tramitaci¨®n de los expedientes administrativos utilizados por algunas consejer¨ªas para el env¨ªo de fondos a aquellas [las empresas p¨²blicas]¡±, censura el escrito de Anticorrupci¨®n. La Secretaria General T¨¦cnica de la Consejer¨ªa de Hacienda y Administraciones P¨²blicas present¨® un escrito en el Juzgado 16 de Instrucci¨®n que dirige Guti¨¦rrez, y la fiscal¨ªa propone que se le env¨ªe a Alaya, por su inter¨¦s para el caso ERE. Estas nueve causas abiertas no ata?en a la agencia Idea, cuya gesti¨®n ya ha pedido Anticorrupci¨®n que sea estudiada en una causa al margen de los ERE, decisi¨®n que a¨²n debe adoptar Alaya.