Jueces progresistas ven en la Ley de Seguridad tintes ¡°autoritarios¡±

El portavoz en Galicia de Jueces para la Democracia y titular del Juzgado de lo Contencioso n¨²mero 2 de Lugo, Lu¨ªs Villares, ha criticado? la nueva ley de seguridad ciudadana y asegura que la misma es "m¨¢s propia de un estado autoritario que de un estado democr¨¢tico". Villares ha advertido que para el colectivo que representa se ve dicha ley "con mucha preocupaci¨®n, porque no est¨¢ basada en ning¨²n hecho objetivo que justifique la modificaci¨®n".

"Este cambio no es una actualizaci¨®n de la ley del 92, es algo diferente porque supone el aumento de las infracciones, un agravamiento de las sanciones, una desproporci¨®n de la sanci¨®n y una hu¨ªda del control judicial", ha lamentado. Adem¨¢s, ha insistido en que tal modificaci¨®n en la norma "no est¨¢ justificada desde el punto de vista social, porque el CIS del mes de octubre establece la seguridad ciudadana como preocupaci¨®n n¨²mero trece de los ciudadanos". Villares se atiene a "datos objetivos", y ahondando en la ausencia de motivos para la reforma de la ley del 92 apunta que "Espa?a es de los pa¨ªses m¨¢s seguros de la Uni¨®n Europea".

Por otra parte, el portavoz gallego de Jueces para la Democracia tambi¨¦n ha aludido a la anulaci¨®n de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Es evidente que en democracia no vale todo", ha dicho, al tiempo que a?adi¨® que era "previsible" que se anulara dicha doctrina por ser "contraria a los principios constitucionales". No obstante, quiso dejar claro que "comparte" el dolor de las v¨ªctimas, si bien antepon¨ªa que "la posici¨®n del Estado no es la posici¨®n de las v¨ªctimas". "Y la contemplaci¨®n, en su conjunto, de los principios constitucionales tiene que dar lugar a una aplicaci¨®n justa de la normas", ha abundado.

"Promover y alentar el descr¨¦dito de las instituciones democr¨¢ticas, particularmente las relativas al poder judicial, simplemente porque en un momento determinado no guste o porque puede ser pol¨ªticamente rentable, con ello se hace un flaco favor a la democracia", ha aseverado. "Era evidente que la aplicaci¨®n de la doctrina Parot era contraria a la Constituci¨®n y a la ley vigente en que se impusieron esas penas, por lo tanto no cab¨ªa otra soluci¨®n", ha concluido este juez lucense.