El PP salpica a uno de sus cargos al denunciar al PSOE por una obra ilegal

Al delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Mart¨ªnez, se le atragantan los fondos europeos. El PP ha reclamado por escrito a Agader (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural) que ¡°adopte las medidas legales oportunas¡± contra los responsables de un tramo del paseo fluvial del r¨ªo Mi?o en la capital ourensana, cerrado tras una sentencia que declar¨® ilegal la ocupaci¨®n de terrenos que no hab¨ªan sido expropiados. Entre los responsables se encuentra el exconcejal socialista Demetrio Espinosa, pero tambi¨¦n el popular Mart¨ªnez. El delegado de la Xunta presid¨ªa el grupo de acci¨®n local Valmi?o, que pag¨® 263.000 euros (el 70% del coste total) procedentes de fondos europeos tras certificar la legalidad de la obra.

En un escrito dirigido al organismo encargado de vigilar las subvenciones europeas y firmado por el n¨²mero dos de Baltar, Rosendo Fern¨¢ndez, se detallan las presuntas ilegalidades cometidas y se solicita que Agader ¡°requiera el expediente de la obra al Ayuntamiento a fin de comprobar la veracidad¡± de los hechos denunciados y ¡°una vez realizada dicha comprobaci¨®n se adopten las medidas legales oportunas¡±. El 29 de diciembre de 2006, el Ayuntamiento (gobernado entonces por el PP) firm¨® un contrato con Valmi?o para la financiaci¨®n del proyecto Ruta termal del Mi?o. En abril y mayo de 2008, con el PSdeG ya en el poder, el entonces concejal de Medio Ambiente, Demetrio Espinosa, y otros t¨¦cnicos firmaron las actas de planeamiento y replanteo en las que se certificaba que ¡°el resultado de la comprobaci¨®n demuestra la posesi¨®n y disposici¨®n real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto¡±.

¡°Se falt¨® claramente a la verdad¡±, asegura el escrito del PP. Y es que en 2009 una sentencia ilegaliz¨® la obra porque una parte de los terrenos nunca fueron expropiados. La propietaria denunci¨® y la juez sentenci¨® que ¡°se posesion¨® el terreno afectado por la obra p¨²blica de manera ilegal y sin haber seguido ninguno de los tr¨¢mites para su expropiaci¨®n¡±. La sentencia orden¨® indemnizar a los propietarios, demoler el sendero y reponer a su estado original los terrenos ocupados. El paseo fue tapiado con grandes bloques de piedra a finales de 2012 tras ser multado el Ayuntamiento por incumplir el fallo de la justicia y adem¨¢s se han vertido grandes cantidades de tierra y piedras que impiden realizar el trayecto con seguridad debido a la fuerte pendiente del terreno. Ahora se ha encargado una asesor¨ªa externa para analizar la expropiaci¨®n inexistente que s¨ª fue certificada por el exconcejal ourensano.

El delegado de la Xunta certific¨® y pag¨® la obra ilegal desde el grupo de acci¨®n local. En mayo de 2008 firm¨® una pr¨®rroga de los plazos de obra (que fueron sistem¨¢ticamente incumplidos) solicitada ¡°para reducir al m¨ªnimo posibles alteraciones del entorno¡±. No fue la ¨²nica, ya que los fondos europeos ten¨ªan como plazo m¨¢ximo de justificaci¨®n el 31 de agosto de 2008 y fue puesto en servicio a finales de noviembre de ese a?o. Seg¨²n la informaci¨®n a la que ha accedido este diario, el ¨²ltimo pago ordenado por Valmi?o se formaliz¨® el 13 de marzo de 2009, con la denuncia ya presentada. Un mes despu¨¦s Mart¨ªnez era nombrado delegado de la Xunta, abandonando la asociaci¨®n, la alcald¨ªa de Arnoia y la vicepresidencia de la Diputaci¨®n.

La ley obliga a Valmi?o a revisar la tramitaci¨®n de las obras que financia y a comprobar que est¨¢n en servicio durante los cinco a?os posteriores a su finalizaci¨®n. El PP afirma que ¡°la UE podr¨ªa reclamar la devoluci¨®n de los fondos por tener el paseo cerrado sin explicaci¨®n alguna¡±. El Gobierno central ya ha reclamado fondos p¨²blicos gestionados por Mart¨ªnez. El 5 de diciembre de 2011, orden¨® abrir un expediente de reintegro de subvenciones comunitarias de Leader Plus tramitadas por Valmi?o ¡°como consecuencia de los controles realizados por la Intervenci¨®n General de Galicia por presuntas irregularidades que pueden dar lugar al reintegro de las cantidades indebidamente aplicadas que ascienden a 246.253 euros¡±. En Valmi?o tambi¨¦n trabaj¨® como gerente Juan Emilio Aparicio, mano derecha del delegado. Era el teniente de alcalde de su pueblo. Ambos formaron parte de Ceivam, un grupo de acci¨®n local anterior por cuya gesti¨®n van a ser juzgados en los pr¨®ximos meses, acusados de desviar 39.000 euros de ayudas europeas para obras certificadas no ejecutadas.