El fiscal apremia al alcalde de Ja¨¦n y a la Junta a cumplir la dependencia

Un d¨ªa despu¨¦s de que el Ayuntamiento de Ja¨¦n renunciara al servicio de ayuda a domicilio, que atiende a unos 430 dependientes, la prestaci¨®n sigue realiz¨¢ndose con toda normalidad por parte de las cuidadoras de la empresa concesionaria. Eso s¨ª, el vac¨ªo legal creado hace que el conflicto adquiera cada d¨ªa una mayor confusi¨®n ya que la Junta de Andaluc¨ªa no ha dicho a¨²n oficialmente que vaya a asumir las competencias. De momento, y mientras el asunto se judicializa en los tribunales, la Fiscal¨ªa de Ja¨¦n ha hecho p¨²blico un decreto en el que hace responsable de la prestaci¨®n de la ayuda a domicilio al Ayuntamiento, aunque tambi¨¦n apremia a la Junta de Andaluc¨ªa a abonar al Consistorio jiennense ¡°a la mayor brevedad posible¡± las cantidades adeudadas.

El decreto firmado por el fiscal Crist¨®bal F¨¢brega, de la Secci¨®n Civil y de Protecci¨®n a las Personas con Discapacidad de la Fiscal¨ªa de Ja¨¦n, solicita, no obstante, archivar provisionalmente el expediente para la adopci¨®n de las medidas judiciales pertinentes en caso de no alcanzarse una soluci¨®n al conflicto y vulnerarse alg¨²n derecho fundamental.

Con todo, deja claro que, en virtud de la Ley de Servicios Sociales de Andaluc¨ªa, ¡°se reconoce que el servicio es competencia de las corporaciones locales, por delegaci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa¡±. Pero advierte de que el incumplimiento por parte de la Junta en el pago de las transferencias econ¨®micas ¡°no puede suponer en ning¨²n caso la dejaci¨®n del servicio por la entidad responsable, sin perjuicio que ¨¦sta realice las denuncias pol¨ªticas y las acciones jur¨ªdicas que considere conveniente para su cobro¡±.

Aunque la fiscal¨ªa no entra a considerar si la denuncia del convenio por parte del Ayuntamiento de Ja¨¦n est¨¢ o no realizada dentro de plazo, s¨ª que reprende a las autoridades locales por la estrategia seguida: ¡°Sorprende que el informe del secretario general del Ayuntamiento de Ja¨¦n s¨®lo haga referencia a este aspecto [los plazos de la denuncia] y no al estudio de qu¨¦ instituci¨®n p¨²blica tendr¨ªa la responsabilidad de la prestaci¨®n y ejecuci¨®n del servicio con independencia de qui¨¦n correr¨ªa con el gasto del mismo, sobre todo por la trascendencia que ello supone¡±. Y es que, la fiscal¨ªa subraya que ¡°la suspensi¨®n del servicio puede afectar a derechos fundamentales de los usuarios¡±.

Pese al evidente tir¨®n de orejas que la fiscal¨ªa le da, el Ayuntamiento de Ja¨¦n reaccion¨® poco despu¨¦s con un comunicado en el que interpreta que el decreto del Ministerio P¨²blico ¡°viene a darle la raz¨®n¡±, por lo que se reafirma en su decisi¨®n de denunciar el convenio suscrito con el Gobierno andaluz sobre la dependencia ¡°por el incumplimiento del mismo por parte de la Junta de Andaluc¨ªa¡±.

Adem¨¢s, este mi¨¦rcoles mismo present¨® ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa un recurso para reclamar a la Junta la deuda que mantiene en materia de dependencia, que el gobierno local, del PP, estima actualmente en cerca de 800.000 euros. La concejala de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, ha insistido en que la funci¨®n del Ayuntamiento se limitar¨¢ desde ahora a la recepci¨®n y tramitaci¨®n de expedientes, la elaboraci¨®n del Programa Individual de Atenci¨®n (PIA) y el seguimiento de los dependientes.

Desde la Junta, sin embargo, se discrepa con la deuda que se mantiene con Ja¨¦n por la dependencia. Seg¨²n la consejera de Igualdad, Salud y Pol¨ªticas Sociales, Mar¨ªa Jos¨¦ S¨¢nchez Rubio, son algo m¨¢s de 400.000 euros, una cantidad, dijo, que se abonar¨¢ ¡°antes de final de a?o¡±. La consejera ha cargado contra la actitud ¡°irresponsable¡± del Ayuntamiento y ha destacado que hay un procedimiento de emergencia establecido para garantizar la prestaci¨®n del servicio. ¡°Si dej¨¢ramos de prestar los servicios con los que tenemos problemas de pago ahora mismo, paralizar¨ªamos la comunidad entera y, desde luego, no lo vamos a hacer porque somos responsables¡±, se?ala S¨¢nchez Rubio.

A¨²n as¨ª, son muchas las voces que apremian a la Junta a clarificar su papel en el este conflicto, entre ellas la del presidente de la Diputaci¨®n de Ja¨¦n, el socialista Francisco Reyes, que incluso deja abierta la puerta a estudiar la asunci¨®n del servicio en la capital, pese a que la ley solo les faculta a actuar en los municipios menores de 20.000 habitantes.

Reyes resalta, no obstante, la apuesta de la Junta por la dependencia en contraste con el Ayuntamiento, ¡°el ariete de las verg¨¹enzas del PP en pol¨ªticas sociales¡±. Y el secretario de la agrupaci¨®n socialista de la capital, Manuel Fern¨¢ndez, dice que la decisi¨®n del alcalde no tiene parang¨®n en toda Espa?a y es ¡°la m¨¢s grave que pod¨ªa generar un dirigente p¨²blico¡± por la ¡°angustia¡± creada entre los usuarios y entre las 200 cuidadoras de la empresa concesionaria.