Cuesti¨®n de econom¨ªa

Me acerqu¨¦, preocupado, al anteproyecto de Ley de Protecci¨®n de la Seguridad Ciudadana, y no creo que mi inquietud responda al miedo a cometer alguna de las infracciones que el legislador penaliza. Mi preocupaci¨®n es econ¨®mica. La versi¨®n oficial dice que por fin se acaban los d¨ªas de dinero y trabajo escasos, pero el nerviosismo policial del Gobierno del PP es un s¨ªntoma de lo contrario: la mala racha seguir¨¢ y exigir¨¢ vigilar el desasosiego de los ciudadanos. Pienso as¨ª porque me acuerdo de cuando el PSOE sac¨® su Ley de Protecci¨®n de la Seguridad Ciudadana de 1992. Tambi¨¦n entonces era perceptible en la calle el desfallecimiento econ¨®mico, mientras se alargaban las colas del paro despu¨¦s de la primera guerra del golfo P¨¦rsico, los Juegos Ol¨ªmpicos de Barcelona, la celebraci¨®n del V centenario del descubrimiento de Am¨¦rica y la Exposici¨®n Universal sevillana.

En periodos de escasez la gente se encrespa, y el PSOE, previsor, hizo en 1992 lo mismo que ahora el PP: fabricar una ley que contrarrestara y castigara la irritaci¨®n p¨²blica. Leo las nuevas previsiones policiacas y siento miedo econ¨®mico, miedo al empobrecimiento. ¡°Sin dinero, uno va acobardado¡±, me dijo una vez mi madre. Al encogimiento econ¨®mico se sumar¨¢ estos d¨ªas la intimidaci¨®n que transmite esta nueva ley del PP. Porque el castigo de conductas que antes pasaban por el juzgado depender¨¢ ahora de la autoridad y el criterio policiales, y, considerando comprensible que las fuerzas del orden se caldeen un poco en el ejercicio callejero de sus funciones represoras, entiendo que les ser¨¢ humanamente dif¨ªcil mantener la objetividad a la hora de imponer sanciones.

Algunos de los comportamientos que la ley perseguir¨¢ se prestan por su propia naturaleza a la arbitrariedad de las autoridades sancionadoras. Pienso en otra de las fijaciones nacionales, producto de la peculiar historia de Espa?a y sus guerras: la susceptibilidad en torno a los ultrajes al himno, la bandera y la propia Espa?a, contagiada a las comunidades aut¨®nomas. El ultraje a esas entidades ya est¨¢ previsto en el C¨®digo Penal, y hasta el momento depend¨ªa del juez decidir la realidad del ultraje, cuesti¨®n delicada que ahora se supedita al humor de los polic¨ªas y sus mandos. El ultraje pertenece a ese tipo de cosas que, como la ofensa o la sospecha, solo existen si alguien cree que existen. Antes el que dictaminaba si exist¨ªa ultraje era un juez. Ahora se deja al ojo de la polic¨ªa y, novedad de la ley del PP, de los guardias de las empresas privadas que act¨²en bajo su mando.

Esta nueva ley es una respuesta al malestar que las medidas pol¨ªticas del Gobierno del PP han provocado en muchos ciudadanos. El Ministerio del Interior es expl¨ªcito cuando justifica la oportunidad de la ley: ¡°El derecho de manifestaci¨®n se ha ejercido ampliamente en los dos primeros a?os de esta legislatura. Nos encontramos en el momento adecuado para impulsar una ley que permita que queden mejor afianzados los derechos y libertades p¨²blicas, garantizando mejor la seguridad ciudadana e impidiendo la aparici¨®n de conductas ilegales, violentas y vand¨¢licas¡±. ?Ha habido demasiadas manifestaciones? Hay que limitar el derecho de manifestaci¨®n, siguiendo el procedimiento habitual, es decir, declarando que para afianzar derechos y libertades se coartan derechos y libertades.

Recordando que PP y PSOE se han acusado de ofensas a Andaluc¨ªa cada vez que quer¨ªan criticarse mutuamente por decisiones pol¨ªticas ocasionales, y consciente de que las autoridades se vuelven suspicaces cuando pierden autoridad moral, me temo que en lo sucesivo todo pueda ser considerado ultraje a la patria espa?ola, andaluza, manchega o bale¨¢rica, qui¨¦n sabe. Me temo que aumentar¨¢n los reos de manifestaci¨®n y reuni¨®n il¨ªcitas. La susceptibilidad autoritaria de nuestros gobernantes prev¨¦ con amenazas econ¨®micas la posibilidad de que en tiempos dif¨ªciles, como los de 1992 o los de hoy, la calle se agite. Las infracciones graves contra el orden p¨²blico se castigar¨¢n con multas de 1.001 a 30.000 euros. Pero el PP introduce otro cambio respecto a las penas que impone el C¨®digo Penal. Ahora, por ejemplo, los ultrajes a Espa?a y lo espa?ol se castigan con la pena de multa de siete a 12 meses (m¨ªnimo, 2 euros al d¨ªa; m¨¢ximo, 400) y el juez fija la cuant¨ªa seg¨²n las circunstancias personales del reo. El C¨®digo Penal todav¨ªa vigente castiga a cada uno seg¨²n sus posibilidades econ¨®micas. No entra en esas consideraciones el PP, que ha demostrado un sentido equitativo muy suyo y multa a todos por igual como solo sube impuestos que afectan por igual a ricos y pobres, es decir, que afectan mucho m¨¢s a los pobres, el IVA, por ejemplo. Teniendo en cuenta que hoy lo normal es ganar de 12.000 a 15.000 euros al a?o, acabar en una reuni¨®n indeseable, mirar con mala cara a la bandera o a un polic¨ªa o a un guardia de seguridad, puede costarle a un individuo de un mes a dos a?os de trabajo, si hay trabajo. Esta ley hace pensar en lo peor, y hablo solo desde un punto de vista econ¨®mico.

Justo Navarro es escritor.