Reforma local: legislar contra la gente

A veces, volver la mirada al pasado permite ver presente con m¨¢s nitidez. Cuando en abril de 1979 se constituyen los primeros Ayuntamientos democr¨¢ticos, aquellos alcaldes curtidos pol¨ªticamente en las asociaciones vecinales o forjados de la lucha antifranquista se fijan como objetivo prioritario rescatar a su ciudadan¨ªa del barro, los descampados y los barracones que serv¨ªan de escuelas. La masiva emigraci¨®n del campo a la ciudad, una consecuencia m¨¢s del desarrollismo, conllev¨® un crecimiento poblacional que no se correspond¨ªa con la capacidad que ten¨ªan los entes locales para facilitar las infraestructuras que demandaban. Entonces, los Ayuntamientos se encargaron de ampliar las redes de luz, agua y alcantarillado a las zonas que no ten¨ªan, al tiempo que se busc¨® el modo de acondicionar esos barrios para dotarles de escuelas, centros deportivos y culturales. Los municipios actuaron durante la Transici¨®n como motor de modernizaci¨®n de nuestras urbes al facilitar servicios p¨²blicos que consolidaban derechos b¨¢sicos.

Ya casi han transcurrido 35 a?os desde entonces y las corporaciones locales seguimos siendo la Administraci¨®n m¨¢s cercana a la gente. Por ello mismo, no se entiende porqu¨¦ el Gobierno de Mariano Rajoy se ha empe?ado en sacar adelante una Ley de Reforma Local que estar¨¢ en vigor desde enero de 2014, con la que se despoja a los consistorios de gran parte de las competencias que han permitido la construcci¨®n de un pa¨ªs de derechos y libertades al que nos terminamos acostumbrando. Y lo m¨¢s parad¨®jico es que esta ley se ha impuesto pese a la oposici¨®n de todos los partidos pol¨ªticos, con el m¨ªo (IU) a la cabeza, y de la mayor¨ªa de los alcaldes del Partido Popular.

La Ley de Reforma Local no s¨®lo supone la retirada de gran parte de las competencias que desarrollaban los Ayuntamientos sino que, adem¨¢s, proh¨ªbe taxativamente que se presten bajo la amenaza del Ministerio de Hacienda de descontar de los tributos que las entidades locales reciben del Estado el dinero que se invierta en estos servicios. Hasta la fecha, los Ayuntamientos sostenemos los programas dirigidos a la juventud, la infancia o a fomentar la participaci¨®n ciudadana. Nos ocupamos de la ayuda a domicilio, la teleasistencia, los centros de mayores o las escuelas infantiles p¨²blicas, y desarrollamos proyectos de igualdad de g¨¦nero, servicios sociales, e integraci¨®n de la poblaci¨®n inmigrante. Toda esta labor la hacemos, no sin dificultades, con fondos propios o mediante convenios con las comunidades aut¨®nomas.

Con la Ley de Reforma Local en la mano estos servicios p¨²blicos deber¨¢n ser financiados por unas comunidades aut¨®nomas que ya han anunciado que no tienen fondos para sostenerlos, o bien pasar¨¢n a ser privatizados. La preocupaci¨®n sobre el futuro incierto de estos programas crece cuando se escucha a Ignacio Gonz¨¢lez, presidente de la Comunidad, y a otros responsables auton¨®micos sentenciar que con el actual sistema de financiaci¨®n, no pueden garantizar la continuidad de los servicios sociales p¨²blicos.

La obsesi¨®n por el control presupuestario vuelve a estar en el origen de una construcci¨®n argumental perversa, una letan¨ªa reiterada hasta el hartazgo por el Gobierno de Mariano Rajoy que suele terminar a menudo justific¨¢ndose en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Dice el ministro Montoro que la Ley de Reforma Local se justifica en la intervenci¨®n del gasto y la reducci¨®n del d¨¦ficit que generan los Ayuntamientos. Resulta sorprendente esta aseveraci¨®n cuando el titular de Hacienda sabe perfectamente que las Administraciones locales son las menos hipotecadas: solo el 4% del total de la deuda de las Administraciones corresponde a los Ayuntamientos. La Ley de Bases de R¨¦gimen Local, aprobada en 1985, regulaba un ¨¢mbito competencial impreciso que casi tres d¨¦cadas m¨¢s tarde exige de una verdadera reforma que defienda derechos de la ciudadan¨ªa y los servicios p¨²blicos que los garantizan. Algo que no se consigue despojando a los Ayuntamientos de sus limitadas competencias. Al contrario, la ley deber¨ªa recoger una ampliaci¨®n competencial y un incremento de la financiaci¨®n. El dinero que invierten los municipios representa aproximadamente el 13% del gasto p¨²blico, un porcentaje muy inferior al de pa¨ªses como Suiza (22%), Canad¨¢ (16%) o Estados Unidos (26%).

La Transici¨®n dej¨® sin resolver la descentralizaci¨®n administrativa de las entidades locales. Ahora vemos que se legisla desde el af¨¢n de hacernos retroceder a ¨¦pocas preconstitucionales. ?Acaso es igual la Espa?a del 79 que la del 2013? Esta ley, arbitraria a todas luces, refleja el criterio regresivo que mantienen el Gobierno y el PP sobre la necesaria descentralizaci¨®n de las administraciones locales. Es una visi¨®n alicorta, cuando no un planteamiento decimon¨®nico y antisocial, no reconocer el papel que han jugado los Ayuntamientos en la dignificaci¨®n de las ciudades, la modernizaci¨®n de sus estructuras y la extensi¨®n de servicios p¨²blicos.

No puedo ni debo ocultar algunas dudas y no pocos temores respecto del escenario que dibuja la entrada en vigor de la Ley de Reforma Local. ?Se va a saber dar respuesta desde la lejana Puerta del Sol a las demandas de los vecinos y vecinas de Rivas, Algete o Guadarrama? Si, como dice la Comunidad no dispone de los fondos suficientes para financiar los programas que desarrollaban hasta ahora los ayuntamientos, ?cu¨¢l es el futuro que les aguarda a las personas que reciben teleasistencia o ayuda a domicilio? ?Le preocupa al se?or Montoro que se cierren las casas de la juventud, los talleres de mujer o los centros municipales de mayores? Me temo que no soy el ¨²nico en sospechar que detr¨¢s de la Ley de Reforma Local se oculta la intenci¨®n de desposeer a la ciudadan¨ªa de servicios p¨²blicos esenciales para dejarlos en manos de la iniciativa privada que pondr¨¢ la rentabilidad econ¨®mica por delante de la social.

Los responsables de esta reforma apuestan por el pasado por dos razones: por las condiciones que impone desde Europa la Troika, y por el conservadurismo que distingue a nuestros gobernantes. Ya lo hemos denunciado desde IU en m¨²ltiples oportunidades. El futuro, muy al contrario, apunta a los gobiernos de las ciudades como las estructuras sociales m¨¢s capacitadas para dar servicios y generar actividad humana y econ¨®mica. Este no es el signo de esta ley sino que es un nuevo y doloroso ejemplo del empe?o que tiene el Gobierno del PP en legislar contra la gente, tal y como lo ha demostrado liderando leyes como la de educaci¨®n, la reforma laboral; o imponiendo severos recortes en sanidad, dependencia y pensiones. Nadie deber¨ªa olvidar c¨®mo era este pa¨ªs hace unas d¨¦cadas. La desmemoria nos empobrece y e impide mirar al futuro sabiendo que el presente se construye a trav¨¦s de la cercan¨ªa a las necesidades de la ciudadan¨ªa y no desde la prepotencia y con las tijeras en la mano.

Jos¨¦ Masa es alcalde de Rivas-Vaciamadrid.