Mercedes Alaya pinch¨® el m¨®vil del ex consejero delegado del Betis

La juez Mercedes Alaya intervino el tel¨¦fono m¨®vil del empresario y ex consejero delegado del Betis Luis Oliver con el argumento de que deb¨ªa localizarle y la Guardia Civil ten¨ªa dificultades para ello. La magistrada adopt¨® bajo secreto esta medida excepcional en octubre de 2011, al alegar que necesitaba ¡°ahondar en la investigaci¨®n¡± y que era una persona de ¡°dif¨ªcil localizaci¨®n¡±. Para justificar el pinchazo, la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica de la Guardia Civil adujo que Oliver se encontraba en paradero desconocido y estaba en busca y captura de un juzgado de Santander. Sin embargo, dicha orden hab¨ªa caducado hac¨ªa meses y este error que fundamentaba la dr¨¢stica medida se produjo ¡°en la base de datos de la Guardia Civil¡±, seg¨²n sostuvo el teniente que llev¨® a cabo las escuchas. Pero las intervenciones del m¨®vil continuaron y el juzgado las prorrog¨®.

Alaya ratific¨® las escuchas en un auto dos semanas despu¨¦s de pinchar el tel¨¦fono del empresario porque este era ¡°una persona de dif¨ªcil localizaci¨®n por sus continuos viajes al extranjero y en el interior del pa¨ªs¡±. Y el teniente ilustra la dificultad para localizar a Oliver al explicar que estuvo el 11 de octubre en Zaragoza, el 12 en Madrid y el 13 en Bilbao, pero elude explicar por qu¨¦ si conoc¨ªa su paradero no pudo comunicarse con ¨¦l para requerir su presencia en el juzgado. Adem¨¢s, las Fuerzas de Seguridad del Estado pueden localizar a alguien gracias a la posici¨®n del terminal por GPS, sin necesidad de escuchar las llamadas. Alaya conoc¨ªa asimismo la identidad de su abogado, ya que este hab¨ªa presentado escritos en su juzgado para intentar su personaci¨®n. Pero el letrado no fue contactado para localizar a su cliente.

La transcripci¨®n de las escuchas fue incorporada con varios meses de retraso a la causa que instruy¨® Alaya contra Oliver por supuesto delito societario y apropiaci¨®n indebida, y que ahora dirige el juez sustituto ?lvaro Mart¨ªn. Alaya inici¨® esta causa tras la compra de acciones de Oliver al anterior m¨¢ximo accionista Manuel Ruiz de Lopera, y su investigaci¨®n se ha centrado en los traspasos de futbolistas supuestamente irregulares y por forzar al Betis a contratar servicios externos con empresas vinculadas a ¨¦l mismo para que as¨ª le reportaran beneficios. Sin embargo, hoy est¨¢ previsto que acudan tanto Oliver como Lopera al juzgado, pero para declarar ante Alaya en la causa troncal del Betis que investiga la gesti¨®n del segundo.

La intervenci¨®n telef¨®nica propici¨® una nueva l¨ªnea de investigaci¨®n a la UCO sobre el pago de comisiones en operaciones de compra-venta de futbolistas. El pinchazo inclu¨ªa instrucciones de Oliver para silenciar ciertas declaraciones judiciales de testigos y evitar que le perjudiquen, junto a conversaciones cotidianas y de negocios del empresario con familiares, conocidos y socios. Y tambi¨¦n 10 di¨¢logos con su abogado, al que expone de manera repetida su convencimiento de que tiene el tel¨¦fono intervenido. A pesar de ello, el empresario carga contra la juez con insultos y gruesos t¨¦rminos. ¡°Es una prevaricadora, menos torturar a la gente, de todo (¡­) Le va a pasar como al juez Garz¨®n, que le metieron una querella y le cayeron cuatro. La UCO (Unidad Central Operativa) no est¨¢ para muchas tonter¨ªas, con lo de Marta Dom¨ªnguez¡±.

Seis meses antes, el empresario hab¨ªa cargado contra la juez, captado por un micro abierto en una televisi¨®n. ¡°Ni los nazis hac¨ªan lo que hace esta loca¡±, esgrimi¨® Oliver contra Alaya, insultos por los que una juez le conden¨® posteriormente a una multa de 4.500 euros.

La fiscal¨ªa fue informada del pinchazo con 19 d¨ªas de retraso, a pesar de que estas medidas bajo secreto suelen ser comunicadas de manera inmediata al ministerio p¨²blico. Cuando tuvo conocimiento de la intervenci¨®n, la fiscal¨ªa recurri¨® la medida, pero al d¨ªa siguiente Alaya desestim¨® el recurso y una semana despu¨¦s la juez interrumpi¨® las escuchas.

La defensa de Oliver solicit¨® la nulidad de las escuchas telef¨®nicas porque da?aban sus derechos constitucionales a la buena defensa y al estar incluidas las comunicaciones del empresario con su abogado, y haberse decretado las intervenciones al margen de la fiscal¨ªa. El abogado del empresario present¨® un incidente de nulidad ante Alaya, que esta tumb¨®, para luego elevar el recurso de apelaci¨®n ante la Audiencia. Y la pasada primavera, los jueces desestimaron el recurso de apelaci¨®n que interpuso Oliver, pero sin valorar si la actuaci¨®n de Alaya era o no ajustada a derecho. Mientras, el fiscal Emilio Llera, hoy consejero de Justicia, hab¨ªa respaldado a la juez al considerar conveniente el pinchazo, ¡°incluso trat¨¢ndose de las conversaciones que un imputado pueda mantener con su abogado¡±. ¡°No podr¨¢n utilizarse como fuente de prueba de cargo¡±, precis¨® Llera.

¡°El recurso de apelaci¨®n resulta inadmisible y as¨ª debi¨® declararse por el juzgado de instrucci¨®n, dado que contra la resoluci¨®n que resuelve el incidente de nulidad no cabe recurso alguno¡±, zanjaron los magistrados de la Secci¨®n Primera. Eso s¨ª, Oliver podr¨¢ esgrimir la posible nulidad de la intervenci¨®n telef¨®nica durante el acto del juicio, si este se llega a celebrar.

El problema fundamental del pinchazo de Alaya es que todas las medidas judiciales deben ser proporcionadas y una intervenci¨®n telef¨®nica es una medida excepcional. El art¨ªculo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal explica qu¨¦ razones pueden justificar un pinchazo telef¨®nico. ¡°El juez podr¨¢ acordar, en resoluci¨®n motivada, la intervenci¨®n de las comunicaciones telef¨®nicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobaci¨®n de alg¨²n hecho o circunstancia importante de la causa¡±. La duda recae sobre esos indicios previos, y las fuentes consultadas discrepan sobre la justificaci¨®n de la dr¨¢stica medida cuando muchos de los viajes de Oliver eran relatados por la prensa sevillana. ¡°La juez est¨¢ justificando las intervenciones en una finalidad no prevista por la ley. Adem¨¢s, los delitos econ¨®micos [por los que se investiga a Oliver] dejan huella siempre a trav¨¦s de documentos. Hay una finalidad oculta y espuria al margen de la localizaci¨®n. Es una investigaci¨®n gen¨¦rica a ver si cae algo¡±, censuran fuentes jur¨ªdicas. Otras fuentes consultadas discrepan: ¡°El auto es bueno y si las comunicaciones con su abogado no se van a utilizar, no le veo problema y estar¨ªa conforme a Derecho. Adem¨¢s, la Audiencia ya se ha pronunciado y ha dicho que es correcta la intervenci¨®n¡±.