El fiscal rebaja la petici¨®n de penas para los militares por el robo a alumnos

La fiscal¨ªa castrense ha rebajado de manera sustancial la petici¨®n de penas de c¨¢rcel para los seis responsables de la residencia universitaria San Hermenegildo de Sevilla, cuyo juicio se ha celebrado antes de Navidad y qued¨® visto para sentencia el pasado 18 de diciembre tras dos semanas de sesiones. Los mandos se apropiaron supuestamente de fondos destinados a las comidas de los estudiantes, hijos y nietos de militares, entre 2005 y 2009, y el ¨²ltimo d¨ªa del juicio, tanto el ministerio p¨²blico como la Abogac¨ªa del Estado rebajaron la petici¨®n inicial de penas. Tanto que algunas de las peticiones contra los anteriores responsables de la residencia, como los coroneles Francisco Mu?oz y Sebasti¨¢n Clavijo, pasan de los 21 y 18 a?os iniciales a solo cinco a?os y dos meses, informaron fuentes del caso. Es muy improbable que los jueces del Tribunal Militar Central impongan a los mandos procesados penas superiores a las peticiones de penas de la fiscal¨ªa.

El ministerio p¨²blico pidi¨® hasta 20 a?os de prisi¨®n para los dos comandantes responsables y al menos una de estas peticiones tambi¨¦n ha quedado reducida a solo cinco a?os de c¨¢rcel. La rectificaci¨®n a la baja afecta asimismo al subteniente acusado, Carlos Borromeo Moya, para el que el fiscal jefe del Tribunal Militar Central, Antonio Lozano, pidi¨® 10 a?os. Tras el juicio, otro fiscal ha rebajado la petici¨®n a solo dos a?os y siete meses. Adem¨¢s de los mandos militares, fueron procesados los dos proveedores que suministraban la comida a la residencia, de las empresas Hermanos Rosso y Femar. Para estos dos empresarios la petici¨®n de penas se ha reducido de los 12 a?os de c¨¢rcel a solo dos a?os en el caso de Manuel Rosso y a un a?o y nueve meses en el de Fernando Mar¨ªn, de Femar, que se hab¨ªa conformado al admitir irregularidades y llegar a un acuerdo con el fiscal al comienzo del juicio. El fiscal retir¨® el delito contra la Hacienda Militar del que acusaba a Rosso, y solo le acus¨® finalmente de falsedad en documento mercantil.

La clave de esta rebaja de penas puede estar en la declaraci¨®n del perito que examin¨® las cuentas de la residencia, que compareci¨® ante los jueces durante 12 horas. En alg¨²n momento de su declaraci¨®n, el perito admiti¨® que no dispuso de toda la documentaci¨®n precisa para datar el coste de las supuestas ¡°entregas ficticias¡± reflejadas en los certificados de cocina como si realmente hubieran sido recepcionadas en la residencia con el visto bueno de los directores. Fuentes de la fiscal¨ªa castrense rechazaron ayer aclarar los motivos de su rebaja de penas tras las sesiones del juicio oral.

La rebaja de penas tambi¨¦n afecta a la responsabilidad civil subsidiaria que solicitaba el fiscal por la suma supuestamente defraudada a las arcas del Ministerio de Defensa. En algunos casos la cifra de esta responsabilidad ha pasado de los 300.000 euros a solo 30.000 euros.

Durante la fase de instrucci¨®n del caso, el juez achac¨® a los mandos militares que recibieran regalos de los proveedores de alimentos, falsificaran cientos de albaranes, mintieran para recibir m¨¢s fondos del Ministerio de Defensa y perjudicaran la Hacienda militar al no declarar ciertos ingresos, seg¨²n el auto de procesamiento. El juez defini¨® la alianza entre civiles y militares como una ¡°trama defraudatoria¡±.

Los estudiantes denunciaron en su d¨ªa que pasaban ¡°hambre¡± y recib¨ªan comida de ¨ªnfima calidad, mientras que esos a?os los mandos recibieron bajo cuerda mariscos, alcohol (botellas de ron y whisky) ca?as de lomo y lotes de Navidad por importe de 30.599 euros. ¡°Productos fuera de lote que no fueron facturados¡±, denunci¨® el fiscal en su escrito de calificaci¨®n.

El proceso se inici¨® en 2010 despu¨¦s de las denuncias de los alumnos universitarios, que tildaban la comida de ¡°incomestible¡±. Tres a?os despu¨¦s de iniciarse la investigaci¨®n, el fiscal present¨® su escrito de calificaci¨®n. ¡°Se firmaban albaranes de recepci¨®n sobre mercanc¨ªas que no eran entregadas, y en tal concepto son falsos¡±, censur¨® el fiscal. El operativo que denunci¨® el ministerio fiscal consist¨ªa en que las empresas encargadas del catering de la residencia, presentaban facturas por alimentos que nunca se entregaban y, ¡°con el visto bueno de los directores de la residencia¡±, se pagaba a esos proveedores. Esta pr¨¢ctica generaba un ¡°fondo monetario¡± que posteriormente los mandos militares y los empresarios supuestamente se repart¨ªan.