Los propietarios del Talaso piden 14 veces el presupuesto de Oia por tirarlo

La sentencia de derribo es firme desde 2009 porque concluye que la licencia concedida por el Ayuntamiento de Oia para levantar junto al Cabo Silleiro un macrocomplejo hotelero y su balneario de agua marina fue ilegal. Y el pasado diciembre, tras recibir varias advertencias de multa del juzgado, el alcalde de este municipio pontevedr¨¦s, Alejandro Rodr¨ªguez (PP), dict¨® un decreto en el que ordena la demolici¨®n de los 32.000 metros cuadrados que ocupa el centro residencial de talasoterapia a unas cuantas zancadas del Atl¨¢ntico. De momento, no hay una fecha marcada para que las m¨¢quinas entren al solar pero los propietarios conscientes de la dificultad que entra?ar¨ªa evitar en los tribunales la acci¨®n de la piqueta encargaron hace ya cuatro a?os un informe pericial que tasaba entonces en 17.420.117 euros la indemnizaci¨®n que solicitar al Ayuntamiento de Oia ¡ªel responsable de conceder el permiso anulado por la Justicia¡ª en caso de que el macroedificio se viera reducido a escombros.

El c¨¢lculo que hace el perito de parte contratado por Balneario del Atl¨¢ntico, SL suma ¡°el valor de reposici¨®n a nuevo de los capitales invertidos, el c¨¢lculo del lucro cesante y el da?o emergente al que deber¨¢ afrontar la entidad perjudicada por la ejecuci¨®n¡±. El informe valora las instalaciones en 11.687.350 euros, de los que la mayor parte se atribuyen a las construcciones (7,7 millones) y las instalaciones t¨¦cnicas ¡ªlas piscinas de agua saladas¡ª (dos millones). El segundo elemento que tiene en cuenta el informe del perito es ¡°la capacidad de producir riqueza para sus socios con independencia del coste e inversi¨®n que hubieran tenido que realizar¡±. Tras analizar el flujo de caja y el valor residual de la empresa, se cifra en 5,5 millones de euros la reclamaci¨®n por este concepto. Y el ¨²ltimo apartado que figura en la evaluaci¨®n aportada al juzgado de lo Contencioso Administrativo n¨²mero 3 de Pontevedra detalla el ¡°da?o emergente¡± como consecuencia de la ¡°brusca finalizaci¨®n de la actividad de la empresa¡±. Ah¨ª contabiliza las previsibles indemnizaciones por despido a los 60 empleados que trabajan en el hotel y que en 2010 con una antig¨¹edad media sumaban 180.126 euros (a lo que se suman otras cuatro mensualidades por persona) y los gastos de aseosoramiento jur¨ªdico que eval¨²a en 100.000 euros.

El total de todos los conceptos anteriores lleva a los propietarios del Talaso Atl¨¢ntico a concluir que ¡°ante una hipot¨¦tica orden de demolici¨®n y cese de actividad la indemnizaci¨®n que ser¨ªa exigible a la Corporaci¨®n Municipal de Santa Mar¨ªa de Oia¡± ser¨ªa de 17,4 millones de euros. En esa cuenta ¡°no est¨¢ calculado el coste de los trabajos de demolici¨®n, desescombro ni de reposici¨®n de la situaci¨®n paisaj¨ªstica original porque corresponden a la Administraci¨®n local condenada a ello¡±. Los expertos consultados sostienen que derribar la mole construida en la parroquia de Moug¨¢s y devolver al solar un aspecto remotamente parecido al que ten¨ªa ese paraje antes de que entrasen las excavadoras podr¨ªa sumar varios cientos de miles de euros a la factura final. Tampoco figuran los 3,8 millones de euros de ayudas de la Xunta que la empresa recibi¨® durante su construcci¨®n.

El Ayuntamiento de Oia, condenado ya en 2009 por conceder el permiso para levantar el macrocomplejo tur¨ªstico ampar¨¢ndose en una normativa urban¨ªstica que no hab¨ªa sido aprobada (faltaba el tr¨¢mite de su publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial de la Provincia), maneja un presupuesto anual de 1,3 millones de euros. La reclamaci¨®n de los propietarios del hotel supondr¨ªa consumir todo el dinero del Ayuntamiento durante los pr¨®ximos catorce a?os. El gobierno local aleg¨® en el pleito que no tendr¨ªa dinero para afrontar la indemnizaci¨®n llegado el caso. Pero la sentencia sostiene que el proceso de deribo debe seguir adelante y que ¡°no cabe hablar sobre futuros hipot¨¦ticos¡±. El fallo sostiene que ni se ha fijado la indemnizaci¨®n ni tampoco ha existido por el momento ¡°una declaraci¨®n de responsabilidad civil a cargo del Ayuntamiento por la concesi¨®n de una licencia finalmente anulada¡±.