La Fiscal¨ªa General del Estado niega una unidad anticorrupci¨®n a Galicia

La Fiscal¨ªa General del Estado ignora desde hace cuatro a?os las peticiones que le llegan desde Galicia para poner en marcha una unidad anticorrupci¨®n. Las demandas para crear esa delegaci¨®n especial surgieron a partir del elevado n¨²mero de sumarios que se han registrado en el ¨²ltimo lustro relacionados con la delincuencia organizada. Y las ha venido formulando el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, en la etapa de C¨¢ndido Conde-Pumpido como fiscal general del Estado y en la actual, de Eduardo Torres Dulce. Las sucesivas reclamaciones (en p¨²blico y en privado) no han tenido una respuesta oficial desde Madrid. En este tiempo no solo ha habido peticiones verbales de Carlos Varela (en distintos foros, desde el Parlamento a los peri¨®dicos) sino tambi¨¦n escritos internos en los que la fiscal¨ªa superior de Galicia ha comunicado a sus superiores que no dispone de medios suficientes para investigar los abundantes sumarios de corrupci¨®n ¡ªen los que est¨¢n inmersos desde representantes pol¨ªticos a funcionarios de distintas Administraciones¡ª y que se traducen en un cierto ¡°sentimiento de impunidad¡± entre la ciudadan¨ªa.

As¨ª consta en una carta firmada por Carlos Varela el 22 de mayo de 2012 y dirigida al fiscal jefe de la unidad Anticorrupci¨®n, Antonio Salinas, en la que pregunta a la fiscal¨ªa especial para la represi¨®n de los delitos econ¨®micos si podr¨ªa ¡°proporcionar alg¨²n tipo de apoyo que permita el avance de procedimientos judiciales relacionados y facilite su enjuiciamiento eficaz en tiempo razonable¡±. Las demandas de la fiscal¨ªa superior se alimentan de un informe del fiscal jefe provincial de Lugo en el que se ¡°da cuenta de las dificultades que se presentan en el avance de la investigaci¨®n de determinados comportamientos delictivos que se encuentran judicializados en la capital provincial¡±. El escrito de la fiscal¨ªa de Lugo alude fundamentalmente a la Operaci¨®n Campe¨®n, la investigaci¨®n abierta sobre un presunto fraude de subvenciones del empresario Jorge Dorribo (el principal imputado en la supuesta trama) que ha motivado la imputaci¨®n y posterior dimisi¨®n de dos diputados auton¨®micos (Pablo Cobian, del PP, y Fernando Blanco, del BNG) en la pasada legislatura. Pero el fiscal superior tambi¨¦n incluye el caso Arena (que motiv¨® el cese del exdiputado popular Javier Escribano, que seg¨²n un empresario hab¨ªa recibido un Porsche de segunda mano a cambio de influir para condicionar ayudas de la Xunta). Y subraya que la denuncia fue archivada ¡°con la convicci¨®n judicial de que un chivatazo de la intervenci¨®n telef¨®nica acordada fue determinante en el fiasco de la investigaci¨®n abierta¡±.

En la misiva al responsable de Anticorrupci¨®n, Carlos Varela sostiene que las inspecciones realizadas en las fiscal¨ªas provinciales detectaron ¡°como principal conclusi¨®n la carencia de estructuras especializadas para el abordaje de este tipo de criminalidad compleja, generalmente cometida con sofisticados recursos¡±. ¡°El caso de Lugo a?ade el inquietante problema de la presunta corrupci¨®n de titulares de cargos pol¨ªticos y de funcionarios cuya instrucci¨®n eficaz y llegada a buen fin depende del nivel de grado de especializaci¨®n y del apoyo de medios peridiciales de que pueda disponer la investigaci¨®n¡±, concluye.

No es esta la primera vez que el fiscal superior se refiere a las dificultades que se encuentra el ministerio p¨²blico en Galicia para indagar sobre los casos de corrupci¨®n y reivindica m¨¢s medios para combatirla. Lo ha hecho Carlos Varela ¡ªde manera m¨¢s o menos velada¡ª en sus sucesivas comparecencias ante la Comisi¨®n de Xustiza del Parlamento gallego desde 2010. Las memorias anuales que presenta la instituci¨®n est¨¢n plagadas de llamadas de atenci¨®n en el mismo sentido. Sus continuas invocaciones no han tenido un m¨ªnimo efecto en la Fiscal¨ªa General del Estado, m¨¢s all¨¢ de algunas conversaciones informales que no han fructificado.