Anticorrupci¨®n pide 4 millones de fianza civil para un abogado en el ¡®caso ERE¡¯
La juez Alaya ha imputado malversaci¨®n y prevaricaci¨®n a un letrado del despacho Garrigues


La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pidi¨® ayer una fianza de responsabilidad civil de 4.089.000 euros para Jos¨¦ Miguel Caballero, abogado del bufete Garrigues, quien compareci¨® como imputado por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n ante la juez del caso ERE, Mercedes Alaya. Caballero compareci¨® por la ma?ana y a su testimonio le sigui¨® el de otros dos letrados: su compa?ero de despacho Juan Antonio L¨®pez de Carvajal y Daniel Guti¨¦rrez Monta?a, del bufete Estudio Jur¨ªdico Villas¨ªs, que tambi¨¦n intermedi¨® en los ERE.
Caballero neg¨® ante Alaya que conociera la inclusi¨®n de intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) en el expediente de la empresa de aceitunas Acyco, que tramit¨® Garrigues. La juez imputa al dicho bufete por cobrar 109.620 euros como honorarios que fueron cargados a una subvenci¨®n sociolaboral que pag¨® la Junta. Sobre este cobro, el letrado aleg¨® que Acyco le inform¨® de que iba a pedir a la Junta que fuera un gasto que pudiera reintegrar y ser subvencionado, inform¨® Efe.
Tras el fiscal, la Junta pidi¨® como acusaci¨®n personada una fianza civil de 600.000 euros por la cantidad que percibieron los tres intrusos: su presidenta Encarnaci¨®n Poto, el amigo del exdirector de Trabajo Javier Guerrero, Andr¨¦s Carrasco, y Domingo Mart¨ªnez, exalcalde socialista de San Nicol¨¢s del Puerto. A pesar de que el PP asiste a todas las declaraciones como acusaci¨®n, ayer ning¨²n abogado del partido acudi¨® a la comparecencia.
Por otra parte, el juzgado ha embargado al letrado Carlos Leal fincas, garajes, un trastero y dos coches para afrontar la fianza de responsabilidad civil de 34 millones que le fue impuesta.
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