La Intervenci¨®n del Estado insiste en que la Junta debi¨® frenar los ERE

¡°Los fondos nunca debieron destinarse a subvenciones sociolaborales (...) La Junta tuvo la posibilidad legal, que no ejerci¨®, de realizar las modificaciones precisas en el presupuesto de la Consejer¨ªa de Empleo para disponer del cr¨¦dito presupuestario adecuado¡±. La Intervenci¨®n General del Estado ha vuelto a censurar al Gobierno andaluz por el mecanismo utilizado en el fondo para empresas en crisis. Los cuatro interventores han entregado a la juez Mercedes Alaya un segundo informe ampliatorio despu¨¦s del voluminoso an¨¢lisis (8.245 folios con anexos) que enviaron hace un mes a la magistrada.

En el primer informe los interventores apuntaron al expresidente de la Junta Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y a la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena ?lvarez, por permitir como consejeros de Hacienda la existencia del fondo. Los auditores fueron muy cr¨ªticos con la gesti¨®n y vigilancia del fondo por parte del Ejecutivo aut¨®nomo. Frente a esta censura, la Junta ha defendido que el fondo fue incluido en la Ley de Presupuestos a?o tras a?o, por lo que lograba rango de ley, y una ley no puede ser ilegal.

El principal inconveniente que censuran los auditores es el uso de las transferencias de financiaci¨®n para conceder subvenciones p¨²blicas, cuando su ¨²nica finalidad deb¨ªa ser la cobertura de p¨¦rdidas de las entidades p¨²blicas de la Junta. Adem¨¢s, seis de las modificaciones presupuestarias para elevar el gasto fueron aprobadas por el consejero de Hacienda y 16 se elevaron al Consejo de Gobierno de la Junta.

Al margen de los dos exconsejeros de Hacienda, los interventores inciden asimismo en el papel desempe?ado por el ex interventor general de la Junta Manuel G¨®mez, imputado en la causa, por ignorar su ¡°obligatoriedad legal de emitir un informe de actuaci¨®n¡± tras detectar ¡°graves irregularidades en el proceso de concesi¨®n de subvenciones por parte de la Consejer¨ªa de Empleo¡±. Entre estas irregularidades destaca haber prescindido por completo del procedimiento establecido por ley para la concesi¨®n de ayudas sociolaborales y por haber autorizado las modificaciones presupuestarias que ampliaron el techo de gasto del fondo para empresas en crisis.

G¨®mez siempre ha defendido que su departamento no pudo haber emitido dicho informe de actuaci¨®n porque entre otras razones el ¨®rgano fiscalizado era la agencia Idea y no la Consejer¨ªa de Empleo, donde resid¨ªan los expedientes.

Los auditores del Ministerio de Hacienda discrepan y consideran que G¨®mez debi¨® alertar del fondo a sus superiores, tal y como reflejaron en el primer informe: ¡°En nuestra opini¨®n, era de aplicaci¨®n la obligatoriedad legal de la Intervenci¨®n de emitir el correspondiente informe de actuaci¨®n¡±.

Adem¨¢s, los interventores del Estado advierten de la falta de competencia legal del ex director general de Trabajo para conceder las ayudas, ya que deb¨ªan haber sido otorgadas por el consejero.

Al margen de la censura a la actuaci¨®n de la Junta, los auditores consideran que la actuaci¨®n del Parlamento al aprobar las transferencias de financiaci¨®n a la agencia Idea ¡°fue plenamente consecuente¡± con la legislaci¨®n. Es decir, en l¨ªnea con la tesis de la juez, los interventores eximen de culpa a los diputados que aprobaron la tramitaci¨®n del fondo.

Por ¨²ltimo, los interventores subrayan que los auditores de la C¨¢mara de Cuentas andaluza no deb¨ªan haber deducido el uso inadecuado del fondo de los ERE a trav¨¦s de la Cuenta General que recib¨ªan cada a?o. ¡°Aunque la Cuenta General incluya las cuentas de ambas entidades [agencia Idea y Consejer¨ªa de Empleo], no pone de manifiesto por s¨ª misma y de forma autom¨¢tica que la transferencia de financiaci¨®n que Idea recib¨ªa de la Consejer¨ªa de Empleo por el programa 31L no ten¨ªa como destino equilibrar su cuenta de p¨¦rdidas y ganancias, que es su ¨²nica finalidad legal¡±, a?ade el informe.