200 estudiantes al borde del desahucio
El edificio no permite el acceso de bomberos Dos tribunales ordenan cerrar una residencia universitaria Recibi¨® licencia pese a sus problemas de seguridad
La calle que pasa por delante fue reformada hace dos a?os con un mill¨®n de euros de dinero p¨²blico, pero los 200 estudiantes que viven en la residencia universitaria As Burgas (Ourense) est¨¢n a un paso del desalojo porque faltan aceras. Dos tribunales han decretado su cierre inmediato porque el entorno nunca fue urbanizado y en caso de incendio los bomberos no podr¨ªan acceder en condiciones de seguridad a la totalidad del edificio, un rect¨¢ngulo de 110 metros de largo y seis plantas en una parcela que alberg¨® una f¨¢brica de estructuras met¨¢licas desde los a?os cincuenta.
Tras ser pagada ¨ªntegramente con fondos p¨²blicos y cedida durante medio siglo a la empresa Siresa, la residencia est¨¢ rodeada de maleza y esqueletos de naves industriales en estado ruinoso que impedir¨ªan una evacuaci¨®n segura m¨¢s all¨¢ de la peque?a fachada lateral que da a la calle con aceras nuevas. Trece a?os despu¨¦s de su apertura, la residencia incluso sigue cercada por vallas de obra de dos metros altura que bloquean alguna de las salidas. Los jueces obligan a echar el candado e instan al Ayuntamiento de Ourense a ¡°adoptar todas las medidas precisas para asegurar el cese de la actividad¡±. A esta situaci¨®n se llega despu¨¦s de los desmanes urban¨ªsticos amparados por los gobiernos municipales del Partido Popular y del PSOE.
UGT dud¨® de la concesi¨®n
A Siresa, la concesionaria de la residencia, incluso le sobr¨® subvenci¨®n. El proyecto fue financiado por Xunta y Diputaci¨®n de Ourense con 610 millones de pesetas a fondo perdido. El presupuesto de la obra fue de 597 millones. Y la empresa gestiona la residencia durante 50 a?os. Los alojados pagan (sin manutenci¨®n) unos 250 euros mensuales por habitaci¨®n compartida. El precio escala hasta unos 325 euros en habitaci¨®n individual. Siresa hace negocio con la explotaci¨®n de una obra pagada con fondos p¨²blicos en terrenos cedidos por la Administraci¨®n. Y por eso UGT realiz¨® un informe en el que denunciaba ¡°graves irregularidades en la concesi¨®n de las residencias de Vigo y Ourense¡±.
¡°Los estatutos de la Universidad establecen que las residencias tienen id¨¦ntico r¨¦gimen jur¨ªdico que las facultades y deben ser centros p¨²blicos¡±, explica el informe. UGT acus¨® al exrector, Domingo Docampo, de hacer un pliego a medida: ¡°Se conformaron unas cl¨¢usulas adaptadas a la manera de trabajar de Siresa y de antemano se quer¨ªa que fuera la concesionaria¡±. En el texto se detallan numerosos aspectos t¨¦cnicos que UGT consideraba irregulares (entre ellos parte de la tramitaci¨®n urban¨ªstica de la residencia de Ourense) y se acusa a la Universidad de plagiar los pliegos ¡°transgrediendo los principios b¨¢sicos de concurrencia, igualdad y no discriminaci¨®n¡±. El caso lleg¨® al Tribunal Superior, que desestim¨® el recursos por ¡°carecer [UGT]de legitimidad y falta de inter¨¦s directo en la causa¡±.
Primero el PP concedi¨® en 2000 permiso de obra y ampar¨® la apertura sin estar finalizada la obligatoria urbanizaci¨®n. Cuando los estudiantes llevaban una d¨¦cada desfilando por unas instalaciones peligrosas en caso de fuego y cercadas por ruinas, el actual gobierno del PSOE concedi¨® licencia de ocupaci¨®n y apertura definitiva sin corregir esas irregularidades. ¡°En el a?o 2011, incomprensiblemente, el Ayuntamiento cambia de criterio¡±, dicen las sentencias. ¡°El proceder de la junta de gobierno local ha sido extraordinariamente arriesgado, cuando no constitutivo de infracci¨®n penal¡±, acusa el juez al actual gobierno socialista. Y es que no se puede conceder licencia de ocupaci¨®n sin urbanizar la parcela.
El oficial de los bomberos de Ourense, Jos¨¦ Benito ?lvarez, ha explicado a este diario que la normativa vigente cuando se edific¨® ¡°estipula un margen de seguridad de 30 metros desde cualquier entrada¡±, algo que no se cumple. ¡°Para actuar con seguridad y desplegar la escalera necesitamos unos seis metros libres en paralelo a la fachada¡±, asevera. Los jueces concluyen que la ausencia de calles y aceras ¡°puede comprometer la seguridad del inmueble y de sus ocupantes¡±. La sentencia explica que el perito judicial certific¨® ¡°que no podr¨ªan llegar los medios de auxilio, incumpli¨¦ndose la normativa de incendios¡±. ¡°Creo que no es preciso recordar recientes sucesos en los que han sucedido tragedias muy graves por irregularidades en espacios que deb¨ªan ser controladas por la Administraci¨®n¡±, llega a asegurar el juez.
La residencia ocupa unos terrenos ubicados entre los dos campus universitarios de la ciudad, que en los ¨²ltimos a?os han bailado entre lo p¨²blico y lo privado. El entorno iba a ser un gran pol¨ªgono de viviendas cuando el edificio ilegal fue levantado. Despu¨¦s se planific¨® la expansi¨®n de la universidad sobre esas parcelas que ahora vuelven a estar bajo un plan urban¨ªstico que estipula bloques residenciales. Precisamente una de las empresas propietarias de terrenos (Casas Orense SA) es la que ha llevado el caso a la justicia, presentando incluso un nuevo plan de urbanizaci¨®n. Sin embargo, los empresarios denuncian que la actual concejala de Urbanismo, ?urea Soto, ¡°lo bloquea porque quiere impedir a toda costa el desarrollo del pol¨ªgono para cambiar su ordenaci¨®n en el nuevo plan de urbanismo¡±. Soto matiz¨® que la denuncia es una venganza de Casas Orense tras otro fallo judicial que le impide aprovechamientos urban¨ªsticos en la misma zona. Tambi¨¦n asegura que el Ayuntamiento ¡°acata las sentencias¡±, aunque cree que ¡°lo m¨¢s l¨®gico es que se tramite una nueva licencia¡±. El fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no estipula una fecha de cierre y expulsi¨®n de los estudiantes, pero fuentes jur¨ªdicas explican que debe ser inmediato. Los denunciantes avisan de que van a reclamar la clausura en cuanto los autos judiciales sean comunicados formalmente. Y eso puede suceder en semanas, a mitad de curso universitario.
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