La juez Alaya ampl¨ªa la investigaci¨®n a UGT y CC OO del Pa¨ªs Vasco
La UCO sostiene que Vitalia hizo dos pagos a las centrales de Euskadi en 2007


La juez Mercedes Alaya ha dado un paso m¨¢s en el escrutinio del dinero que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras cobraron del fondo de los ERE de la Junta de Andaluc¨ªa. La juez que investiga los supuestos ERE fraudulentos ha ordenado a los dos sindicatos que le comuniquen los n¨²meros de cuentas bancarias con los que operan diariamente para los gastos corrientes de su organizaci¨®n, donde reciben ingresos, emiten pagos, domicilian recibos ¡°y cualquier actividad que est¨¦ relacionada con su actividad¡±.
En un auto fechado el 17 de enero, Alaya solicita toda la informaci¨®n necesaria para indagar en los movimientos bancarios de los sindicatos y pone el foco en el flujo de dinero que mantuvieron con las federaciones regionales y estatales de UGT y CC OO algunas federaciones sectoriales: por parte de Comisiones, las federaciones andaluzas de industria y agroalimentaria (Feagra); respecto a UGT, las agroalimentaria (FTA) de C¨¢diz, la andaluza de Metal, Construcciones y Afines (MCA) y la de industria (FIA). Sorprendentemente, Alaya pide tambi¨¦n toda la informaci¨®n sobre las cuentas de CC OO y UGT en el Pa¨ªs Vasco sin que, hasta el momento, haya trascendido ning¨²n apartado de la investigaci¨®n que vincule a las centrales vascas con el supuesto fraude de los ERE de Andaluc¨ªa.
UGT niega que en sus cuentas conste el ingreso de la consultora
Alaya argumenta en su auto que la investigaci¨®n ha puesto de manifiesto un entramado empresarial, ¡°organizado y dirigido¡± por Juan Lanzas (exsindicalista de UGT y considerado uno de los cerebros del supuesto fraude). A trav¨¦s de este entramado, seg¨²n la juez, flu¨ªa dinero procedente de la Junta y de las empresas que resultaban beneficiarias de las subvenciones que Lanzas consegu¨ªa. Alaya sostiene que los sindicatos formaban tambi¨¦n parte de esta trama al cobrar ¡°sobrecomisiones¡± de las empresas mediadoras de los ERE, pagos que CC OO y UGT justifican en la prestaci¨®n de servicios relacionados con la tramitaci¨®n de los despidos colectivos. La juez, sin embargo, sospecha de esos pagos, que una veces se ingresaban directamente a trav¨¦s de las federaciones de CC OO y UGT y otras de empresas vinculadas a ellos, como Atlantis Asesores para CC OO y ASP-Asesoramiento Seguros, ITG y Temiqui para UGT.
La juez argumenta su decisi¨®n de investigar todos los movimientos bancarios de los sindicatos en la necesidad de comprobar si las comisiones revierten en las federaciones que supuestamente han participado en la consecuci¨®n de las ayudas p¨²blicas. Alaya quiere saber tambi¨¦n ¡°la cantidad exacta¡± que las organizaciones sindicales cobraron del fondo de los ERE.
Los sindicatos CC OO y UGT en el Pa¨ªs Vasco mostraron este lunes su extra?eza ante el requerimiento de la juez, CC OO critic¨® que Alaya les pida la contabilidad de varios ejercicios, pero ¡°no haga ninguna referencia al motivo¡± de esta petici¨®n, informa Pedro Gorospe. En una nota, CC OO explic¨® que ¡°esta organizaci¨®n no tiene ni tendr¨¢ problema alguno en colaborar con aquello que se le requiera y pondr¨¢¡± a disposici¨®n de la juez ¡°la informaci¨®n contable que se le solicite¡±.
La Guardia Civil ve enriquecimiento del exdelegado de Empleo en sevilla
Fuentes de la direcci¨®n de UGT en Euskadi vincularon la petici¨®n de Alaya con un informe de la UCO que sostiene que la consultora Vitalia hizo dos pagos a las centrales vascas. Seg¨²n estas fuentes, la Guardia Civil hace referencia a dos ingresos supuestamente efectuados en febrero de 2007. En el caso de UGT, Vitalia le habr¨ªa ingresado 5.016,64 euros a trav¨¦s de una cuenta del Banco Popular, pero la direcci¨®n del sindicato asegura, tras revisar sus movimientos bancarios, que no consta ning¨²n ingreso procedente de Vitalia. UGT Euskadi ya ha recibido el requerimiento del juzgado que dirige Alaya y este martes va a remitirle toda la informaci¨®n de sus cuentas corrientes. En el caso de CC OO, el ingreso al que hace referencia la UCO asciende a 3.480 euros.
El auto de Alaya responde a un oficio de la Guardia Civil en el que los agentes detallan el entramado tejido por Lanzas y cifran en 12 millones de euros las sobrecomisiones pagadas por la Junta de Andaluc¨ªa en la tramitaci¨®n de los ERE de diez de las empresas en cuyos expedientes se han detectado irregularidades.
Adem¨¢s, la Guardia Civil, en un escrito remitido a Alaya, asegura haber encontrado indicios de un presunto ¡°incremento patrimonial il¨ªcito¡± del ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, quien est¨¢ citado a declarar ante la juez el pr¨®ximo viernes como imputado en el fraude de los ERE. La UCO admite que este supuesto enriquecimiento de Rivas est¨¢ ¡°pendiente de confirmar y cuantificar¡± pero cree que pudo utilizar a personas de su entorno familiar para obtener dinero de manera irregular.
Los agentes se?alan hacia la ¡°vinculaci¨®n laboral¡± que la pareja de un hijo del ex delegado de Empleo presuntamente mantuvo con sociedades vinculadas a Juan Lanzas. La mujer, seg¨²n la UCO, estuvo dada de alta como trabajadora de las empresas Al Andalus Mass Media Channel y Consulting Social Siemur, de las que cobr¨® 21.840 euros entre 2007 y 2009. Estas sociedades, seg¨²n sostienen los agentes, formaban parte del entramado empresarial usado por Lanzas para desviar dinero del fondo de los ERE.
Para comprobar qu¨¦ hay de cierto en las sospechas de la Guardia Civil, la juez Alaya pide acceder a todas las cuentas corrientes y movimientos bancarios tanto de Rivas como de una hija suya, Mar¨ªa ?ngeles Rivas. La magistrada solicita tambi¨¦n toda la informaci¨®n de bancaria de la hija de Lanzas, Mar¨ªa Lorena Lanzas, que figura como titular de unas cuentas corrientes que, supuestamente, us¨® el conseguidor de los ERE ¡°para el trasvase de fondos indiciariamente de origen il¨ªcito¡±.
El 13,6% de los mediadores
Un debate fundamental del caso es el pago de comisiones por la mediaci¨®n en la tramitaci¨®n de los Expedientes de Regulaci¨®n de Empleo. Desde el primer momento, los sindicatos salpicados, Comisiones Obreras y UGT, han sostenido que ellos han cobrado del fondo de los ERE por las tareas de asesoramiento a los trabajadores en los despidos colectivos. La cuesti¨®n que intenta aclarar la juez Alaya no es tanto la legalidad de estas comisiones como el pago de comisiones abusivas. De hecho, la magistrada pidi¨® a la Direcci¨®n General de Seguros del Ministerio de Econom¨ªa un informe sobre las tarifas que se cobran por la mediaci¨®n en estos procedimientos.
En un informe conocido ayer, la Guardia Civil cifra en 12 millones de euros las sobrecomisiones pagadas por la Junta de Andaluc¨ªa en la tramitaci¨®n de los ERE de diez de las empresas en cuyos expedientes se han detectado irregularidades (Surcolor, Calderinox, Gonz¨¢lez Byass, Cespa/FCC, Saldauto, Intersur, Matadero de Fuenteobejuna, el hotel Cervantes, SOS Cu¨¦tara y Bilore). Seg¨²n la Guardia Civil, el coste total de estos ERE asciende a 120 millones de euros, de los que 18 millones terminaron en comisiones, lo que supone un 13,6% de promedio, mientras que la media del mercado es del 4,6%. De esta media, la Guardia Civil deduce que en estos diez expedientes se pagaron un total de 12,1 millones de euros en sobrecomisiones.
El documento policial subraya los pagos que las consultoras, como Uniter o Vitalia, hicieron a los sindicatos a lo largo de la d¨¦cada que estuvo en marcha el fondo de los ERE, pagos que la juez Alaya cuestiona y que sostiene que fueron utilizados para su financiaci¨®n.
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