Los directores no tienen prisa por aplicar el 25% de clases en espa?ol

Los cinco colegios afectados por los ¨²ltimos del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) que los obliga a imponer un m¨ªnimo del 25% de las clases en castellano a ocho alumnos apurar¨¢n al m¨¢ximo el mes que les da la justicia para hacer modificaciones en las aulas. La decisi¨®n final se debe corroborar esta tarde, pero este es el principio que defienden las escuelas concertadas ¡ªque son cuatro de las cinco implicadas¡ª y as¨ª se lo hicieron saber este lunes a la consejera de Ense?anza catalana, Irene Rigau, en una reuni¨®n para analizar los autos y empezar a dise?ar la estrategia y los argumentos que definir¨¢n el recurso que presentar¨¢ la Generalitat el viernes. ¡°Tenemos un mes de plazo, no tenemos ninguna prisa en aplicar nada¡±, dijo uno de los asistentes del encuentro.

Las resoluciones causaron un fuerte impacto el viernes y hasta la consejera Rigau lleg¨® a acusar al tribunal de ¡°extralimitarse¡±. La novedad de los nuevos autos respecto a las sentencias desde que se inici¨® el conflicto judicial en 2006 es que los magistrados ponen cifra a la presencia del castellano en las aulas: 25% m¨ªnimo de las horas lectivas, una medida que se dicta ante la inactividad de la Generalitat, que ha hecho o¨ªdos sordos a la doctrina establecida por el Supremo, que obligaba al Gobierno catal¨¢n a fijar ese porcentaje.

Los autos dan a los colegios

Esa es la raz¨®n de que ahora la justicia haya pedido que sean los directores quienes ejecuten la sentencia y pongan los medios para que el castellano sea lengua vehicular en al menos el 25% de la jornada escolar. Los ¨²ltimos autos dan a los responsables de los centros un mes para aumentar las horas en castellano. Si no, se arriesgan a multas econ¨®micas e incluso inhabilitaci¨®n de hasta un a?o. A pesar de ello, el ¨²nico director de un centro p¨²blico, Pere Salvador, del IES Alba del Vall¨¨s de Sant Fost de Campsentelles, no se mostraba preocupado por el ultim¨¢tum judicial. ¡°No me preocupa demasiado ni la multa ni la inhabilitaci¨®n¡±, asegur¨® a TV-3.

El TSJC no hace diferencias de titularidad y su resoluci¨®n afecta a p¨²blicos y concertados, remiti¨¦ndose al art¨ªculo 103.3 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicci¨®n contencioso-administrativa, que dice que ¡°todas las personas y entidades p¨²blicas y privadas est¨¢n obligadas a prestar la colaboraci¨®n requerida por los jueces y tribunales de lo contencioso-administrativo para la debida ejecuci¨®n de lo resuelto¡±.

Rigau no quiso hacer declaraciones tras la reuni¨®n, pero por la ma?ana apunt¨® que el recurso que presentar¨¢n incidir¨¢ en la especificidad de la escuela concertada. ¡°Hay que afinar el recurso porque tratan a todos los centros por igual, pero no lo son. Tambi¨¦n hay que ver qu¨¦ pasa porque los padres han firmado un papel en el que aceptan el proyecto educativo de un centro¡±, terci¨® la consejera en Catalunya R¨¤dio. Dirigentes de Converg¨¨ncia i Uni¨® especularon con la posibilidad que el resto de padres acudan a los tribunales en defensa de la inmersi¨®n.