La Comunidad tard¨® un a?o en reaccionar ante la estafa de los cursos
La Consejer¨ªa de Empleo ten¨ªa indicios de irregularidades desde finales de 2012
A pesar de tener indicios de que se estaba produciendo una posible estafa en las subvenciones destinadas a los cursos de formaci¨®n, la Comunidad de Madrid no investig¨®. Lo hizo solo cuando las irregularidades cometidas supuestamente por el principal sospechoso de la trama, el empresario Jos¨¦ Luis Aneri, eran ya muy evidentes. Tampoco inform¨® p¨²blicamente de que hab¨ªan desaparecido 4,4 millones de euros, no denunci¨® los hechos a la polic¨ªa ni puso el tema en manos de la fiscal¨ªa o los jueces.
Para entender c¨®mo ha gestionado el caso la Comunidad hay que remontarse a finales de 2012 y situarse en el n¨²mero 21 de V¨ªa Lusitana, el lugar donde se encuentra la Viceconsejer¨ªa de Empleo. Entre otras cuestiones, este ¨®rgano es el encargado de conceder, gestionar y hacer el seguimiento de las ayudas que reciben las asociaciones.
La v¨ªa del Estado
Las empresas de Aneri tambi¨¦n fueron contratadas para impartir cursos de formaci¨®n que recibieron distintas asociaciones del Servicio P¨²blico de Empleo Estatal (SEPE) y la Fundaci¨®n Tripartita, dependientes del Ministerio de Empleo. En este caso, las ayudas rondan al menos los siete millones de euros.
En las ayudas del SEPE, exist¨ªa una denuncia por irregularidades a una de las empresas que subcontrat¨® a Aneri, la asociaci¨®n de transportistas Ucotrans. Ese expediente se traslad¨® a finales de 2012 a la Secci¨®n deInvestigaci¨®n de la Seguridad Social de la Polic¨ªa Nacional. A pesar de la investigaci¨®n abierta, la asociaci¨®n de transportistas percibi¨® una nueva ayuda en 2013. El Ministerio de Empleo justific¨® que no se pueden retirar las ayudas sin una sanci¨®n o una sentencia firmes. Ucotrans acab¨® renunciando a ese dinero.
Aunque el expediente con presuntas irregularidades lleg¨® a la polic¨ªa hace m¨¢s de un a?o, no se cruzaron datos entre Administraciones. La Comunidad de Madrid no conoci¨® por el SEPE ni por la Fundaci¨®n Tripartita que hab¨ªa una investigaci¨®n abierta. Una portavoz de Tripartita asegur¨® a EL PA?S que ellos tampoco conocieron el caso de Madrid hasta que el asunto apareci¨® en prensa.
Es en esa fecha cuando el responsable de una federaci¨®n de la Confederaci¨®n de Empresarios de Madrid (Ceim) alerta al subdirector de Formaci¨®n Continua, Joaqu¨ªn Vel¨¢zquez, y alg¨²n responsable m¨¢s de lo que est¨¢ haciendo Aneri. El empresario cordob¨¦s es ya conocido en V¨ªa Lusitana. Suele acudir con ropas caras y hace ostentaci¨®n de sus compras m¨¢s recientes cuando acude a hacer gestiones de su empresa Sinergia Empresarial, una compa?¨ªa que se dedica a dar cursos de formaci¨®n no presencial. En teor¨ªa, Aneri solo recibe el dinero que la Comunidad ha dado previamente a unas treinta organizaciones empresariales. En la pr¨¢ctica, lo gestiona todo. Es quien que se encarga de pedir las ayudas y las justifica para que todo cuadre.
Varias fuentes aseguran que, en esa reuni¨®n, la Subdirecci¨®n de Formaci¨®n obtuvo informaci¨®n relevante que hac¨ªa sospechar que el cuantioso n¨²mero de alumnos que supuestamente se apuntaban a los cursos de Aneri no los hac¨ªan realmente. Lo que hac¨ªa el empresario era obtener datos de personas y duplicarlos como alumnos.
Pese a la informaci¨®n que obtiene la Subdirecci¨®n de Formaci¨®n, no se da orden a los t¨¦cnicos para que investiguen. En el departamento se sigue trabajando con normalidad.
Llega la hora de justificar los cursos del plan de 2011. El proceso se prolonga siempre durante tres a?os. Por ejemplo, en 2011, se conceden las ayudas; los cursos se dan a lo largo de 2012 hasta finales de a?o y se justifican en los tres meses siguientes, ya en 2013. A partir de marzo y abril de 2013, la Comunidad empieza a requerir a las entidades la documentaci¨®n para justificar la subvenci¨®n. En julio, los t¨¦cnicos se dan cuenta de que ocurre algo extra?o; una treintena de entidades empresariales no ha presentado los documentos. Y todas han hecho los cursos con empresas de Aneri. Los superiores reciben la informaci¨®n de los expedientes relacionados con Sinergia, pero estos no dan la orden para que se investigue lo que est¨¢ pasando o se llame a las asociaciones empresariales. Todas las notificaciones se siguen haciendo a los domicilios que constan en los expedientes, todos de empresas de Aneri.
La Consejer¨ªa de Empleo no puso los hechos en manos de la Fiscal¨ªa o la Polic¨ªa
Pero Aneri no contesta. Por esas fechas anda en una espiral de drogas, gastos desmesurados y mujeres que le hacen dejar de lado su negocio. Los requerimientos de los funcionarios de la Comunidad se amontonan en su despacho y ¨¦l apenas aparece por all¨ª, seg¨²n aseguran extrabajadores de Sinergia. Por otra parte, las entidades empresariales siguen sin enterarse de que hay problemas en las justificaciones.
No es hasta septiembre de 2013 cuando se dan ¨®rdenes verbales a los t¨¦cnicos de V¨ªa Lusitana de que empiecen a llamar a las asociaciones y les informen de que se les est¨¢ notificando sobre requerimientos y el principio de revocaciones de las ayudas que obtuvieron. Se les dice que Sinergia no est¨¢ respondiendo a nada.
En octubre las entidades ya conocen la situaci¨®n y comienzan las reuniones con la Administraci¨®n. Una de ellas, Noche Madrid, saca a Aneri de su casa y le lleva a una reuni¨®n con la administraci¨®n. Aneri promete que todo se justificar¨¢ convenientemente. Se le dice entonces a los t¨¦cnicos que paren los procedimientos de revocaci¨®n hasta que se pueda investigar el asunto. Hasta nueva orden.
Esa no llega hasta diciembre, unos d¨ªas despu¨¦s de que EL PA?S publique la primera noticia del caso y la existencia de un informe con la mayoria de las irregularidades. Es entonces cuando los responsables del departamento exigen que se revoquen los expedientes y que se pida a las asociaciones que devuelvan el dinero.
El empresario Jos¨¦ Luis Aneri es el principal sospechoso de la trama
La gesti¨®n de esta crisis ha causado un cierto enfrentamiento entre dos direcciones generales de V¨ªa Lusitana, la de Formaci¨®n, dirigida por Patricia Herrero Garc¨ªa-Ramal, y la de Estrategia y Fomento de Empleo, dirigida por Valent¨ªn Bote. Ambas se acusan mutuamente de no haber controlado los cursos de Aneri. Este peri¨®dico llam¨® a los responsables de ambas direcciones generales, as¨ª como a otros cargos inferiores. No hubo respuesta. Tampoco da explicaciones desde hace semanas el departamento de prensa de la Consejer¨ªa de Empleo, ¨®rgano que dirige Ana Isabel Mari?o. Este departamento indicaba en diciembre que el procedimiento de control se activ¨® en los plazos que se?ala la ley de Subvenciones y que no hubo inacci¨®n.
El art¨ªculo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice lo siguiente: ¡°Los que por raz¨®n de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de alg¨²n delito p¨²blico, estar¨¢n obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucci¨®n y, en su defecto, al municipal o al funcionario de polic¨ªa m¨¢s pr¨®ximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante¡±. Nada de eso hicieron los responsables de la Vicenconsejer¨ªa de Empleo.
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