Alaya pide a la Junta datos sobre las cuentas de empresas p¨²blicas

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, vuelve a apuntar a todo el Consejo de Gobierno de la Junta. Esta vez lo hace asumiendo una denuncia del PP, personado en la causa como acusaci¨®n particular, seg¨²n la cual todo el Gobierno andaluz tuvo conocimiento entre 2005 y 2007 ¡°del uso perverso¡± que las distintas consejer¨ªas hac¨ªan de las transferencias de financiaci¨®n, el procedimiento por el que se daban las ayudas a las empresas en crisis y que, seg¨²n Alaya, se dise?¨® para sortear los controles de la Intervenci¨®n general.

En un auto firmado el 7 de febrero, la juez pide a la secretar¨ªa del Consejo de Gobierno que, ¡°de manera inmediata¡±, le remita los expedientes ¡°completos, indexados y foliados¡± de dos acuerdos del Consejo de Gobierno, uno de abril de 2005 y otro de mayo de 2007, con los que el Ejecutivo andaluz, entonces presidido por Manuel Chaves, aprob¨® los programas de control financiero para las empresas p¨²blicas.

La juez pide tambi¨¦n a la Intervenci¨®n General que le env¨ªe todos los informes que haya elevado desde 2001 a la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda. Adem¨¢s, le insta a que acredite que esos informes se remitieron al consejero de turno (desde 2001, Magdalena ?lvarez, Jos¨¦ Salgueiro, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y Carmen Mart¨ªnez Aguayo). Alaya apoya su decisi¨®n en una petici¨®n formulada por el PP que alud¨ªa, sobre todo, al papel de Grin¨¢n, consejero entre 2005 y 2007, quien, seg¨²n los populares, ¡°puso en conocimiento¡± de todo el Consejo de Gobierno varios informes en los que se constata la existencia de ¡°irregularidades¡± en el tratamiento contable que hicieron las empresas p¨²blicas sobre las transferencias de financiaci¨®n.

La magistrada pide dos acuerdos del Consejo de Gobierno

La juez advierte de que el PP ha obtenido a trav¨¦s del caso Invercaria esos documentos que pueden demostrar el conocimiento previo de Gri?¨¢n y a trav¨¦s de ¨¦l, de todo el Gobierno, sobre las supuestas irregularidades cometidas por las distintas consejer¨ªas. Esos informes, seg¨²n Alaya, tienen informaci¨®n ¡°muy significativa¡±, pero no constan en las actas del Consejo de Gobierno que la Junta le remiti¨® y que, asegura la juez, ¡°no pasan de ser meros ¨ªndices¡±.

En el mismo auto, en el que la juez da cuenta de su decisi¨®n sobre distintas peticiones formuladas por los abogados y acusaciones personados en la causa, Alaya apunta tambi¨¦n ahora al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), que es aforado, por lo que la juez no es competente para investigarle.

Alaya admite que, de momento, no hay indicios contra Valderas, pero ordena a la Guardia Civil que investigue su supuesta mediaci¨®n para la concesi¨®n de ayudas, que en teor¨ªa se cargaron al fondo de los ERE.

El auto de la juez responde a un escrito presentado por el abogado del principal imputado por el fraude de los ERE,?Francisco Javier Guerrero, ex director general Trabajo de la Junta. En su escrito, el abogado Fernando de Pablo se?alaba que, a lo largo de la investigaci¨®n, se ha cuestionado ¡°la carencia de publicidad, solicitud, ejecuci¨®n y justificaci¨®n¡± en la concesi¨®n de ayudas. Para rebatir esta supuesta falta de transparencia, el letrado a?ad¨ªa, ¡°a modo de ejemplo¡±, que en los inicios del fondo de los ERE fueron concedidas varias ayudas en las que ¡°intervinieron muy activamente¡± Valderas y el Fernando Rodr¨ªguez Villalobos (PSOE), Fernando Rodr¨ªguez Villalobos, por lo que solicitaba la declaraci¨®n de ambos ¡°con el fin de acreditar la solvencia de dichas ayudas¡±.

Las ayudas a las que alude el abogado de Guerrero son las del programa de la Diputaci¨®n provincial Sevilla Son Sus Pueblos (otorgada a trav¨¦s de la empresa instrumental Sevilla Siglo XXI) y las concedidas a las empresas Autolog¨ªstica de Andaluc¨ªa S. A., Roda Textil y Centro Limpieza Industrial Hu¨¦var. Cuando se otorgaron estas ayudas, Valderas ni siquiera era diputado en el Parlamento andaluz pero, seg¨²n el escrito de Guerrero, tuvo una participaci¨®n ¡°activa¡± para conseguir que esas empresas se beneficiaran de las ayudas.

El vicepresidente de la Junta mostr¨® ayer su sorpresa por la decisi¨®n de Alaya y record¨® que entre 2004 y 2008, el periodo en el que se concedieron las ayudas a las que alude la juez, no estaba en la C¨¢mara. Valderas asegur¨® no conocer las dos empresas con las que Javier Guerrero le vincula y neg¨® cualquier mediaci¨®n suya para relacionada con el fondo de los ERE.

El presidente de la Diputaci¨®n, por su parte, admiti¨® la concesi¨®n de una subvenci¨®n de 90.000 euros concedida en 2003 por la Direcci¨®n General de Trabajo a la sociedad Sevilla Siglo XXI para la muestra Sevilla son sus Pueblos. Pero Villalobos defendi¨® ¡°legalidad en la petici¨®n, ejecuci¨®n y justificaci¨®n¡± y asegur¨® que la ayuda ¡°fue aplicada en su totalidad¡± para el programa para el que fue concedido.