La Junta pide paralizar el desalojo de los vecinos de la corrala La Utop¨ªa

Una actuaci¨®n in extremis. El Gobierno andaluz ha pedido al Juzgado de Instrucci¨®n 3 de Sevilla la suspensi¨®n temporal del desalojo de los vecinos de la corrala La Utop¨ªa, un edificio de Sevilla ocupado por una treintena de familias en mayo de 2012. El pasado 28 de enero, la magistrada hab¨ªa decretado el desalojo forzoso del inmueble e instaba a los vecinos a abandonarlo antes de este s¨¢bado 15. La Consejer¨ªa de Fomento ha pedido aplazar el lanzamiento ¡°hasta que las Administraciones garanticen a las familias residentes una alternativa, de forma que no se vea vulnerado su derecho a la vivienda¡±.

En el escrito, firmado por el director general de Vivienda, Antonio Ib¨¢?ez, la consejer¨ªa se compromete a buscar, en colaboraci¨®n con el Ayuntamiento, una soluci¨®n lo antes posible para estas familias, ¡°de las que forman parte menores de edad¡±. La Junta se compromete al realojo de los vecinos ¡°en viviendas p¨²blicas en r¨¦gimen de alquiler con una renta adecuada a sus ingresos¡±. Seg¨²n la nota emitida por Fomento, tras la reuni¨®n mantenida con el colectivo, las familias han aceptado abandonar voluntariamente el edificio cuando tengan una alternativa. ¡°Lo que s¨ª hemos pedido es que, al menos, se nos intente realojar en viviendas que est¨¦n pr¨®ximas ya que, durante estos meses, hemos creado una estrecha relaci¨®n que nos gustar¨ªa mantener¡±, asegura una de las portavoces de estas familias, Elena Contreras.

El paso al frente dado por la Junta se produce despu¨¦s de que las negociaciones con Ibercaja (propietaria del inmueble) se estancaran. Los vecinos solicitaban a la entidad bancaria la concesi¨®n de un alquiler social en estas viviendas y la cesi¨®n de los locales comerciales. Por su parte, Ibercaja les ofrec¨ªa acogerse a su programa de alquiler social durante un a?o en otras viviendas ¡ªalternativa de la que, seg¨²n el banco, ya se benefician cinco familias¡ª.

En el escrito presentado al juzgado, la consejer¨ªa recuerda la ¡°situaci¨®n de gran precariedad y exclusi¨®n social¡± de las familias, cuyo desalojo podr¨ªa abocarlas ¡°a la indigencia¡±. Asimismo, recuerda que la Constituci¨®n recoge en su art¨ªculo 96.1 que los pactos internacionales suscritos por el Estado forman parte del ordenamiento jur¨ªdico espa?ol, lo que incluye la Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales, ¡°ambos valedores del derecho humano a la vivienda¡±.