Un consejo elegido por el Parlamento velar¨¢ por la ley de Transparencia

Desde que asumiera la presidencia de la Junta, Susana D¨ªaz ha hecho de la transparencia su bandera. ¡°Quiero gobernar con las ventanas abiertas para o¨ªr lo que dice la calle¡±, aseguraba en septiembre en la toma de posici¨®n del cargo. Este martes, su Ejecutivo ha dado un paso m¨¢s hacia ese ansiado y reclamado escenario. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Transparencia P¨²blica de Andaluc¨ªa, una norma que obliga a las Administraciones y a todas las entidades que gestionan o que se financian con fondos p¨²blicos a rendir cuentas ante los ciudadanos. El proyecto, que ser¨¢ remitido al Parlamento para su debate y aprobaci¨®n, contempla sanciones de hasta 400.000 euros para los organismos que bloqueen el acceso a la informaci¨®n. Para el PP, la norma ¡°llega tarde y mal¡±.

El consejero de la Presidencia, Manuel Jim¨¦nez Barrios, no ha escatimado en elogios hacia el proyecto. Ha definido la ley como avanzada y valiente; contundente y clara; participativa y viva. Incluso, la ha calificado de ¡°hito¡± y ha recordado que se trata de un proyecto ¡°prioritario¡± del Ejecutivo de D¨ªaz ¡ªquien empez¨® a dise?arlo cuando era consejera de la Presidencia bajo las ¨®rdenes de Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n¡ª. Jim¨¦nez Barrios ha asegurado que el objetivo de la medida es que ¡°todo lo p¨²blico sea transparente¡±. ¡°Como gobierno no podemos ni debemos ignorar la gran desafecci¨®n pol¨ªtica que existe¡±, afirma el consejero. ¡°La transparencia mejora la credibilidad y la confianza con los ciudadanos¡±, agrega antes de se?alar que la norma andaluza es ¡°m¨¢s avanzada¡± y ¡°m¨¢s exigente¡± que la nacional.

El texto contempla que las Administraciones y las entidades tendr¨¢n un plazo de 20 d¨ªas para responder a las demandas ciudadanas (la ley nacional establece un plazo de un mes). Asimismo, toda informaci¨®n deber¨¢ estar disponible en Internet y se deber¨¢ actualizar trimestralmente. La ley, que seg¨²n el consejero se aprobar¨¢ antes de que finalice el periodo de sesiones en julio, tiene un ¡°car¨¢cter trasversal¡±. ¡°El objetivo es llegar a todos los rincones de las Administraciones para saber d¨®nde y c¨®mo se ha gastado el dinero p¨²blico¡±, afirma Jim¨¦nez Barrios, tras apuntar que la normativa ¡°est¨¢ abierta a nuevas aportaciones¡±.

El proyecto, que no entrar¨¢ en vigor hasta un a?o despu¨¦s de su publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial de la Junta de Andaluc¨ªa, contempla la creaci¨®n del Consejo de Transparencia y Protecci¨®n de Datos, encargado de velar por el cumplimiento de la norma. El ¨®rgano estar¨¢ encabezado por un director ¡°de reconocido prestigio e independiente¡± que designar¨¢ el Parlamento por mayor¨ªa absoluta. ¡°Esta tambi¨¦n es una diferencia con respecto a la ley nacional, que establece que sea el Gobierno el que nombre este cargo¡±, apostilla Jim¨¦nez Barrios. El consejo lo conformar¨¢n miembros de los distintos colectivos sociales, que elegir¨¢n a sus representantes. Asimismo, en cada consejer¨ªa, se crear¨¢ una unidad de transparencia.

El nuevo texto refleja adem¨¢s la creaci¨®n de una Comisi¨®n Consultiva de Subvenciones y Ayudas para resolver ¡°cualquier duda¡± sobre la concesi¨®n de fondos p¨²blicos. ¡°Las resoluciones de este ¨®rgano se har¨¢n p¨²blicas y, por lo tanto, los criterios aplicados¡± para su concesi¨®n. De esta forma, el Gobierno pretende alejar las sombras que generan el caso ERE o el de las facturas falsas del sindicato UGT.

De manera muy distinta se ha referido a la ley el portavoz del PP en el Parlamento, Carlos Rojas, quien ha dicho que la normativa llega ¡°sin voluntad pol¨ªtica de que haya transparencia¡±. Rojas ha asegurado que la transparencia ¡°no es el plato fuerte de D¨ªaz¡± y ha afirmado que desde que lleg¨® a la presidencia ¡°ha ejercido la contrario¡±. ¡°D¨ªaz est¨¢ ejerciendo un gobierno opaco que no quiere dar ning¨²n dato ni quiere investigar la corrupci¨®n¡±, puntualiza tras se?alar que, de las peticiones de informaci¨®n solicitadas por el PP, hay 690 expedientes sin contestar.

La mayor exigencia de la normativa andaluza de la que hablaba el consejero queda reflejada tambi¨¦n en la regulaci¨®n de los partidos pol¨ªticos. El texto nacional les reclama informar de los contratos, convenios y subvenciones p¨²blicas, el andaluz tambi¨¦n les obliga a cumplir con normas de transparencia an¨¢logas a las de las Administraciones si quieren financiarse con dinero p¨²blico. En este sentido, el consejero ha recordado que la futura reforma de la ley de la C¨¢mara de Cuentas obligar¨¢ adem¨¢s a los partidos a desvelar su contabilidad.

Entre las principales diferencias con el texto redactado por el Gobierno de Mariano Rajoy, tal y como ya avanz¨® este peri¨®dico, el Consejo de Transparencia podr¨¢ sancionar a aquellas entidades que no faciliten la informaci¨®n al ciudadano. Las autoridades podr¨¢n ser multadas con el cese en el cargo y, en el caso de las infracciones muy graves, con la imposibilidad de volver a ser nombrado en un per¨ªodo de hasta tres a?os. Las multas oscilar¨¢n entre los 100 y los 400.000 euros.