El fiscal urge a los partidos a asumir responsablidades por la corrupci¨®n

En nombre de la presunci¨®n de inocencia, PP y PSdeG aplazan cualquier medida contra sus cargos imputados por supuesta corrupci¨®n. El ¡°m¨¢ximo respeto¡± a ese principio es blandido machaconamente por los partidos m¨¢s afectados por las sucesivas operaciones judiciales como la Pok¨¦mon, con un centenar de imputados, o la ¨²ltima, bautizada Patos, que investiga contratas de seis ayuntamientos y organismos de la Xunta. Ni dimisiones ni ceses mientras no se resuelvan en los tribunales ¡ªy pueden tardar a?os¡ª ambos casos, alegan las c¨²pulas de conservadores y socialistas.

?Pero el argumento en el que tanto se refugian los pol¨ªticos fue ayer puesto en tela de juicio por el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela: la presunci¨®n de inocencia, advirti¨®, no puede ser ¡°la respuesta pol¨ªtica¡±. Es ¡°un principio que rige en el campo penal, pero no en el otro, el del control pol¨ªtico¡±, en el que, continu¨® el fiscal, deber¨ªan articularse mecanismos para asumir responsabilidades cuando surgen casos como los de las ¨²ltimas semanas. Varela, en una entrevista en Radio Coru?a, de la Cadena SER, record¨® que en el terreno pol¨ªtico ¡°un comportamiento puede muchas veces no ser delictivo pero s¨ª ¨¦ticamente reprobable¡±. En consecuencia, insisti¨®, ¡°la respuesta pol¨ªtica tiene que producirse en ese campo ¨¦tico y de convencimiento moral de culpabilidad, no en el del convencimiento penal de culpabilidad, que para eso est¨¢n los tribunales¡±.

Ajenos a este planteamiento de la Fiscal¨ªa Superior, los mandos pol¨ªticos volvieron a aplazar medidas ante la Operaci¨®n Patos. Los cinco detenidos el martes, el concejal de Nigr¨¢n Jos¨¦ ?lvarez Valverde (PP) y directivos de las empresas Cespa y Eiri?as, quedaron ayer, tras comparecer ante el juez y por petici¨®n del fiscal, en libertad provisional con cargos por tr¨¢fico de influencias y cohecho. Y no dimiti¨® el concejal de Nigr¨¢n, imputado tambi¨¦n por prevaricaci¨®n. El que cometa irregularidades ¡°seguro que pagar¨¢ el pato¡±, coment¨® el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto N¨²?ez Feij¨®o. Pero ¡°habr¨¢ que esperar¡±, insisti¨® una vez m¨¢s, ¡°a los resultados¡± de ese sumario, iniciado hace un a?o y a¨²n bajo secreto, ¡°para despu¨¦s actuar en consecuencia¡±. Feij¨®o a?adi¨® el argumento, repetido por cargos de su partido, de que esperar es una muestra de ¡°respeto al m¨¢ximo al trabajo¡± de jueces y fiscales.

El enorme revuelo levantado tras conocerse parte del sumario de la Operaci¨®n Pok¨¦mon, la mayor causa jam¨¢s instruida por corrupci¨®n en Galicia, con un centenar de imputados, no ha derivado en ninguna dimisi¨®n. S¨®lo renunciaron los cargos p¨²blicos que hab¨ªan sido detenidos en un primer momento: los ahora exalcaldes de Ourense Francisco Rodr¨ªguez (PSdeG) y de Boqueix¨®n Adolfo Gacio (PP), as¨ª como Fernando Varela, edil ourensano del BNG, y el popular Albino V¨¢zquez Aldrey, del gobierno local de Santiago. En A Coru?a, con 19 imputados, funcionarios y pol¨ªticos, entre ellos el teniente de alcalde, Julio Flores (PP), y el socialista Jos¨¦ Nogueira ¡ªahora en la oposici¨®n¡ª nadie se plantea destituir a nadie ni dejar el puesto. Por mucho que surjan voces en el seno del propio grupo de ediles bajo sospecha. En nombre de la ¡°responsabilidad ¨¦tica¡±, dos concejales socialistas exigen, sin ¨¦xito de momento, la renuncia de su compa?ero imputado.

¡°No hay motivos para dimisiones¡±, exclam¨® la teniente de alcalde de A Coru?a y concejal de Cultura, Ana Fern¨¢ndez (PP), cuyo departamento es el m¨¢s implicado en la Pok¨¦mon. Fern¨¢ndez, que admiti¨® haber o¨ªdo las grabaciones y declaraciones ante la juez del personal bajo su mando imputado, como su mano derecha y asesora, Dulce Rodr¨ªguez Anido, solo ve una posible ¡°mala praxis¡±. Pero la achac¨® a ¡°errores¡± por exceso de trabajo.

En el vecino Ayuntamiento de Sada, donde nadie est¨¢ de momento imputado por la Pok¨¦mon, s¨ª hubo parad¨®jicamente un cese por este caso, y fue fulminante: el de Jos¨¦ Luis ?lvarez Conde, secretario personal del alcalde, Ernesto Anido (PP). El destituido, que aparece en los pinchazos del caso, acusa al regidor de mentir cuando asegura que desconoc¨ªa ¡°personal o p¨²blicamente¡± al empresario en el epicentro de la trama, Jos¨¦ Mar¨ªa Tutor, y atribuye su destituci¨®n a una argucia del regidor para ¡°no verse salpicado¡± por el caso.