Alaya alude de nuevo al ¡°imperativo legal¡± para corregir una decisi¨®n

Una nueva correcci¨®n por "imperativo legal". Es decir, por orden de la Audiencia de Sevilla. La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE fraudulentos, ha vuelto a emplear esta f¨®rmula para corregir una decisi¨®n suya, en este caso su negativa inicial a imponer una fianza de responsabilidad a una extrabajadora de la Consejer¨ªa de Empleo. No es la primera vez que Alaya alude al "imperativo legal" a lo largo de la instrucci¨®n. El pasado mes de diciembre tuvo que concretar los hechos que ella considera delictivos que le han servido para se?alar a los expresidentes auton¨®micos Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, as¨ª como a otros cinco aforados, en la macrocausa.

En septiembre del a?o pasado, la juez los incluy¨® en un auto en el que les mencionaba sin concretar ning¨²n hecho ya que no puede imputarlos al estar aforados. Tras el correctivo de la Audiencia de Sevilla, la juez, ya en diciembre de 2013, redact¨® otro auto en el que volvi¨® a se?alar a Chaves y Gri?¨¢n, a los considera implicados en la rama pol¨ªtica del caso (la aprobaci¨®n de un procedimiento administrativo, las famosas transferencias de financiaci¨®n, que permitieron que la Consejer¨ªa de Empleo repartiera dinero durante una d¨¦cada de forma discrecional).

En esta segunda ocasi¨®n, la magistrada utiliza la f¨®rmula del "imperativo legal" (poco com¨²n entre los jueces cuando tienen que corregir una decisi¨®n por orden de una instancia superior) por la imposici¨®n de una fianza a Mar¨ªa Jos¨¦ Rofa, que trabaj¨® en la Consejer¨ªa de Empleo y era conocedora del sistema con el que se daban las ayudas.

Cuando acudi¨® al juzgado, Rofa se neg¨® a declarar y, pese a esta decisi¨®n, la juez argument¨® que su colaboraci¨®n hab¨ªa sido esencial para esclarecer el caso, motivo por el que no le impuso fianza. Esta argumentaci¨®n escam¨® a las partes en el caso, incluido el fiscal, ya que Rofa s¨ª hab¨ªa declarado ante la Guardia Civil, pero su testimonio no estaba incorporado a la causa y, por tanto, en teor¨ªa, la juez tampoco conoc¨ªa qu¨¦ hab¨ªa dicho Rofa a los agentes.

El fiscal recurri¨® contra la decisi¨®n de no imponer una fianza, iniciativa que apoy¨® la Audiencia de Sevilla. Ahora Alaya rectifica su decisi¨®n inicial y fija una fianza civil de dos millones de euros. "Indiciariamente resulta acreditada su participaci¨®n en estos hechos", subraya la juez. A continuaci¨®n, matiza la magistrada que su participaci¨®n vino por formar parte de la cadena de mando de la Consejer¨ªa de Empleo, y exculpa en parte su actuaci¨®n: "En su actuaci¨®n se limit¨® a cumplir las ¨®rdenes de sus superiores, los directores generales Juan M¨¢rquez y Daniel Alberto Rivera".

Por otra parte, la juez ha archivado las actuaciones contra Eva Mar¨ªa Dom¨ªnguez, un hecho in¨¦dito. Desde que surgi¨® el caso Alaya siempre ha sumado nuevos imputados y hasta ahora no hab¨ªa archivado actuaciones. Dom¨ªnguez fue secretaria hasta el a?o 2005 del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarrac¨ªn, que estuvo encarcelado hasta que pag¨® una fianza de 600.000 euros.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n hab¨ªa pedido la petici¨®n de archivo al considerar que "no queda suficientemente acreditada, atendiendo al estado actual de la instrucci¨®n, la participaci¨®n" de la imputada en los hechos que le fueron atribuidos al inicio de su declaraci¨®n el 12 de diciembre de 2013, inform¨® Europa Press. Todo ello "sin perjuicio del resultado de las diligencias que se practiquen en relaci¨®n al resto de piezas de esta causa", avisa la magistrada.