Represi¨®n

Hace unos d¨ªas en un anterior art¨ªculo afirm¨¦ que los tiempos de crisis son tambi¨¦n tiempos de oportunidades. Una vez m¨¢s la derecha ha visto la oportunidad de implantar sus pol¨ªticas de seguridad. Ante las movilizaciones, huelgas, manifestaciones, encierros, escraches y otras actividades ciudadanas contra los recortes, las privatizaciones, la corrupci¨®n y en favor de una democracia m¨¢s participativa, la derecha gobernante ha movido los hilos de la represi¨®n.

El PP ha desarrollado su ideolog¨ªa autoritaria: antes que dialogar hay que silenciar. Antes de buscar la complicidad ciudadana hay que convencerles con leyes represivas o con los antidisturbios. O con los dos a la vez. A cada manifestaci¨®n, a cada protesta, el Gobierno del PP, con Gallard¨®n y Fern¨¢ndez D¨ªaz a la cabeza, ha reaccionado anunciando una restricci¨®n de las libertades y el endurecimiento de las sanciones.

Lo podemos constatar con la reforma del C¨®digo Penal y con la Ley de Seguridad Ciudadana, la ley mordaza. Con la primera se imponen penas de prisi¨®n de tres meses a un a?o a quienes ¡°a trav¨¦s de cualquier medio¡±, difundan mensajes que ¡°inciten a la comisi¨®n de alguno de los delitos de alteraci¨®n del orden p¨²blico¡± o ¡°sirvan para reforzar la decisi¨®n¡± de quienes los lleven a cabo. De esta manera se intenta acabar con el activismo de las redes sociales. As¨ª, si publicas en cualquier red social el apoyo a una concentraci¨®n para evitar un desahucio, o que te parece bien que se ocupe una entidad bancaria, puedes acabar en el banquillo de los acusados. I si insistes, puedes acabar en la c¨¢rcel por ser un reincidente de la libertad de expresi¨®n.

Con la Ley de Seguridad Ciudadana completan el conocido y peligroso c¨ªrculo del ajuste social por un lado y la represi¨®n por el otro. Con esta ley se ampl¨ªan las conductas sancionables: escraches, manifestaciones frente a instituciones como el Congreso de los Diputados, grabaciones o difusi¨®n de im¨¢genes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Un ejemplo: los ciudadanos que grabaron la paliza que dieron algunos agentes de los Mossos d'Esquadra al empresario Juan Andr¨¦s Ben¨ªtez en el barrio barcelon¨¦s de El Raval podr¨ªan ser sancionados con multas de entre 30.000 i 600.000 euros. Las sanciones elevadas no son balad¨ªs, intentan acallar la protesta social y desmovilizar a los activistas, ya que a veces es m¨¢s duro pagar una sanci¨®n que ser detenido.

Las sanciones elevadas intentan acallar la protesta social y desmovilizar a los activistas, ya que a veces es m¨¢s duro pagar una sanci¨®n que ser detenido

Con estas actuaciones no tienen suficiente y suben un nuevo pelda?o en la coacci¨®n de la protesta social: ampliar los m¨¢rgenes para la represi¨®n policial de la protesta. Demasiados casos de abusos policiales quedan impunes, sobretodo en la Polic¨ªa Nacional y en la Guardia Civil. La actuaci¨®n de esta ¨²ltima en Ceuta, disparando (no sabemos bien si pelotas de goma o botes de humo) a personas inmigrantes en el mar cuando intentaban llegar a la playa del Tarajal, es una muestra de la cobertura pol¨ªtica que tienen los agentes ante actuaciones brutales. Ya no es una cuesti¨®n de impunidad sino de deshumanizaci¨®n de los cargos pol¨ªticos del Gobierno y de algunos polic¨ªas.

A menudo los pol¨ªticos gestores de la seguridad tienden a defender las actuaciones represivas de algunos polic¨ªas. Lo hemos visto con el opusde¨ªsta ministro del Interior y tambi¨¦n con el democratacristiano consejero de Interior de la Generalitat. Para ellos la polic¨ªa es un todo y en ning¨²n momento se plantean poner ante la justicia a aquellos agentes que hacen un uso indebido de la fuerza en sus actuaciones. Como dice un buen amigo polic¨ªa ¡°el conseller de Interior se debe a la ciudadan¨ªa de Catalu?a, no a los Mossos d'Esquadra¡±. As¨ª al no condenar y denunciar actuaciones desproporcionadas, hechas de manera individual, responsabilizan al colectivo.

Esto es lo que est¨¢ pasando estos ¨²ltimos a?os de gobierno de la derecha en Catalunya. Se ha abandonado la necesaria autocr¨ªtica que tiene que hacer una instituci¨®n que vela por la seguridad de la ciudadan¨ªa. Se ha preferido mirar hacia otro lado ante las malas pr¨¢cticas individuales. Lejos quedan aquellos a?os que se denunciaban los malos tratos, que se pon¨ªan c¨¢maras en las dependencias policiales, que se quer¨ªa elaborar un c¨®digo de ¨¦tica policial. Todo se ha diluido, el cuerpo se ha blindado, los sindicatos policiales contin¨²an su comportamiento corporativo e infantil, algunos mandos miran para otro lado ante las conductas reprobables y as¨ª van dando cobertura a la brutalidad ejercida por algunos agentes.

La polic¨ªa es una instituci¨®n fundamental para la democracia, defiende los derechos de los ciudadanos y los protege, por eso debemos denunciar los intentos de la derecha autoritaria de utilizar a los cuerpos de seguridad como fuerza represiva para acallar la leg¨ªtima protesta social ante la violencia ejercida por los gobiernos de Catalu?a y Espa?a. Y si esos cuerpos se sienten presionados por el poder pol¨ªtico que se pongan al otro lado de las vallas, con los ciudadanos que no quieren ser silenciados.

Joan Boada Masoliver es profesor de Historia