La fiscal¨ªa pide inhabilitar a la teniente de alcalde de Reus por el ¡®caso Innova¡¯
Gomis y otros 14 administradores de Shirota causaron el ¡°concurso culposo¡± de la sociedad La providencia pide que devuelvan 2,4 millones de euros
La fiscal¨ªa ha solicitado la inhabilitaci¨®n durante cinco a?os para ¡°administrar bienes ajenos¡± para la teniente de alcalde de Reus, Maria Teresa Gomis (CiU), y otros 14 exadministradores de la empresa mixta p¨²blica y privada Shirota Functional Foods, hoy en concurso de acreedores y sumida en un largo proceso judicial por las v¨ªas penal y mercantil. La fiscal, Ana Bel¨¦n Farrero Rua, pide adem¨¢s en una providencia remitida al juzgado mercantil 1 de Tarragona que los 15 implicados devuelvan a la sociedad un total de 2,4 millones de euros debido a su mala gesti¨®n, que llev¨® a la empresa a la quiebra. El ocaso de Shirota forma parte del caso Innova, que investiga un c¨²mulo de ilegalidades cometidas en las empresas municipales de Reus.
Shirota, dedicada a la investigaci¨®n de alimentos funcionales, fue un proyecto impulsado en 2007 por el Ayuntamiento de Reus cuando su alcalde era Llu¨ªs Miquel P¨¦rez (PSC). El municipio controlaba a trav¨¦s de su grupo empresarial Innova el 40% de las acciones; mientras el socio privado La Morella Nuts ten¨ªa el 48%; la empresa mixta Tecnoparc el 8%; y la Universidad Rovira y Virgili y el hospital municipal Sant Joan de Reus un 2% cada uno. En 2011, tras la llegada de Carles Pellicer (CiU) a la alcald¨ªa de Reus, el Ayuntamiento dej¨® caer la empresa tras comprobar su inviabilidad econ¨®mica.
Seg¨²n la fiscal, tanto los 12 administradores que Shirota tuvo antes del cambio de Gobierno local como los tres que les sucedieron y procedieron a su liquidaci¨®n comparten igual responsabilidad en el concurso de acreedores de la sociedad, que la providencia considera ¡°culposo¡±.
Adem¨¢s de Gomis, entre los otros 14 administradores implicados tambi¨¦n se encuentran el expresidente del Instituto Catal¨¢n de la Salud (ICS) y exdirector de Innova, Josep Prat; el exdirector del CatSalut y expresidente de Shirota, Carles Mant¨¦; cuatro directivos y representantes de La Morella Nuts ¡ªJoaquim Barriach, Enric Llaurad¨®, Joan Borja, y Bartolom¨¦ Ram¨ªrez¡ª; el auditor Josep Ramon Cot; los extenientes de alcalde Empar Pont (ERC) y Ernest Par¨ªs (ICV); el exconcejal Josep Morat¨® (PSC); y el exrector de la Universidad Rovira y Virgili, Llu¨ªs Maria Arola.
Pese a recibir inversiones millonarias, Shirota no lleg¨® a facturar m¨¢s de de unos pocos cientos miles de euros y, seg¨²n la fiscal, se encontraba ¡°en fondos propios negativos desde el primer ejercicio econ¨®mico¡±. El escrito del fiscal, de siete hojas, describe la desastrosa gesti¨®n de Shirota desde su creaci¨®n, en la que ¡°concurrieron graves irregularidades contables¡±. La m¨¢s destacable fue hinchar el activo de la empresa para ofrecer ¡°una imagen econ¨®mica de solvencia¡± y as¨ª poder solicitar subvenciones p¨²blicas y cr¨¦ditos bancarios. La mayor de las irregularidades fue incluir en sus cuentas como ¡°inmovilizado material¡± ¡ªque forma parte del activo de una empresa¡ª un total de 9,5 millones de euros que en realidad ¡°se correspond¨ªan a gastos de investigaci¨®n y desarrollo¡±.
El fiscal tambi¨¦n destaca que Shirota no entreg¨® en el Registro Mercantil las cuentas de los a?os 2010, 2011 y 2012 a pesar de que en los dos primeros ejercicios la empresa Faura-Casas las hab¨ªa auditado.
La providencia considera igualmente lesivo para la sociedad el pacto firmado por todos sus socios, gracias al que La Morella Nuts ¡°habr¨ªa adquirido y reservado los derechos de explotaci¨®n en exclusiva¡± de los resultados de las investigaciones de Shirota, ¡°limitando as¨ª la posibilidad de obtenci¨®n de ingresos de Shirota¡±.
Por la v¨ªa penal, la quiebra de Shirota est¨¢ siendo investigada como parte del caso Innova por el juzgado de instrucci¨®n 3 de Reus, quien mantiene imputados a la mayor¨ªa de sus exadministradores por los delitos de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, blanqueo de capitales, delito societario, falsedad documental e insolvencia punible.
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