Dique de multas a la marea solidaria

Carlos Rivas no cont¨® nada en su casa durante casi seis a?os. ¡°Pensaba que todo quedar¨ªa en aguas de borrajas¡±. Al fin y al cabo aquellas piedras que, durante la huelga de transportes de abril de 2008 en Vigo, alcanzaron uno de los camiones que, bajo escolta policial, circulaban a medianoche ante una concentraci¨®n de huelguistas s¨®lo da?aron un cristal. Ni paraliz¨® el convoy, ni hubo m¨¢s revuelo. Rivas y Seraf¨ªn Rodr¨ªguez, sin antecedentes, afiliados ¡°no sindicalistas¡± sin rango ni cargo uno a UGT, el otro a CIG, fueron incluso absueltos por falta de pruebas por ese lanzamiento de piedras del que niegan saber algo. Pero la juez de lo Penal n¨²mero uno de Vigo los consider¨® culpables de pretender coaccionar a compa?eros para que fueran a la huelga y les impuso tres a?os de c¨¢rcel por un delito contra los trabajadores. ¡°Hab¨ªa que castigar a alguien y nos toc¨®¡±, lamentan.

La sentencia, tras recursos sin ¨¦xito, es firme. Tras el mazazo ¡°terrible e inesperado¡± de fin de a?o, cuando el Gobierno rechaz¨® concederles el indulto, los dos hombres treinta?eros, padres de familia y con empleo, se resignaron a salir del anonimato y buscar ayuda en la calle. La presi¨®n social es su ¨²ltima esperanza. Y la oleada de apoyos recibidos, m¨¢s all¨¢ de sus expectativas, alivia algo ese ¡°miedo en el cuerpo¡± ante una orden de ingreso en prisi¨®n que puede llegar en cualquier momento. La decisi¨®n del Parlamento gallego de reclamar con la unanimidad de todos los partidos que se les conceda un indulto parcial ¡ªlos sindicatos UGT, CCOO y CIG volvieron a plantearlo formalmente en enero¡ª ha reavivado su ¨¢nimos. ¡°Esperamos que el Gobierno no sea ciego ante tanto apoyo¡±, reconoce Rivas. ¡°No nos tranquiliza, pero nos da esperanza¡±, a?ade Rodr¨ªguez. La fiscal¨ªa estudia paralizar la orden de ingreso en la c¨¢rcel. Por si acaso este conductor de bus urbano prepara para lo peor a su hija mayor, de ocho a?os. ¡°Se lo puse bonito pero no le ment¨ª, le dije que al igual que puede ocurrir en el cole, el Gobierno me puso un castigo sin tener la culpa y me va mandar a un sitio a pensar durante un tiempo¡±.

Plantarse en la calle contra injusticias se ha convertido en una constante. La movilizaci¨®n social fue efectiva para miles de gallegos estafados por las preferentes y otros productos con que los bancos atraparon sus ahorros. Y lo es, aunque con desigual resultado, para familias amenazadas por desahucios. El arma de la protesta ciudadana tiene doble filo. El Gobierno ha decidido levantar un dique de sanciones administrativas para contener la marea social.

A una pontevedresa de 82 a?os que necesita ayudarse de un andador la sancionaron en una concentraci¨®n de preferentistas ¡°por saltarse un cord¨®n policial¡±. A Encarnaci¨®n, de 74 a?os, el tapacubos y la varita met¨¢lica para golpearlo que usa en las manifestaciones para reclamar la devoluci¨®n de su dinero le cost¨® 100 euros de multa. Y se multiplican los juicios por denuncias del Gobierno contra todo tipo de protestas.

Tres j¨®venes de A Coru?a fueron juzgados hace diez d¨ªas ¡ªesperan sentencia¡ª por haber pintado en un muro ¡°Futuro digno en nuestra terra¡±. Una proclama contra la emigraci¨®n que les depar¨®, en el plano administrativo, una multa de 600 euros.

Galicia es la tercera comunidad ¡ªexcluyendo Madrid, de la que no hay datos¡ª con m¨¢s expedientados y multas impuestas por el Gobierno en protestas, seg¨²n el Ministerio del Interior. Entre enero de 2012 y septiembre de 2013, se abrieron 110 expedientes. Las sanciones recaudaron 35.100 euros, una cuarta parte del total a nivel nacional. Desde entonces, la cifra no deja de crecer. A la plataforma de preferentistas de Baixo Mi?o, la m¨¢s ruidosa, llegan por tandas las multas de la subdelegaci¨®n del Gobierno en Pontevedra. Ahora se moviliza para que ayuntamientos pidan la supresi¨®n de esas sanciones. El pasado mi¨¦rcoles medio centenar de preferentistas abuche¨® al PP, en la oposici¨®n, por oponerse en Poio a la moci¨®n de BNG y PSOE para pedir formalmente la retirada de las sanciones. ¡°Si hasta le imponen 600 euros a una mujer sin carn¨¦ por conducir adando vueltas con su coche alrededor de una protesta¡±, denuncian.

Las multas acribillan a los manifestantes. Por tocar la bocina ¡°sin necesidad de ello¡±, llevar abrochar ¡°incorrectamente¡± el cintur¨®n de seguridad. ¡°La mayor¨ªa son personas ancianas, es una aut¨¦ntica persecuci¨®n incluso hay expedientadas por actos cometidos en lugares donde no estaban¡±, protestan los preferentistas de Baixo Mi?o. Acudieron esta semana a Lal¨ªn para reclamar la suspensi¨®n del juicio contra dos afectados, uno con una discapacidad del 60%, otro en depresi¨®n profunda, acusados de encararse con los agentes durante una protesta. La Subdelegaci¨®n en Pontevedra se defiende recordando que las denuncias parten de los cuerpos y fuerzas de seguridad y niega que sancione por manifestarse, sino castigando ¡°actitudes contrarias al derecho de reuni¨®n, como provocar altercados e incitar al desorden p¨²blico¡±.

En la plataforma de Stop Desahucios de A Coru?a acumulan en un a?o 12 notificaciones de sanciones administrativas. Suman m¨¢s de 4.000 euros. Y son varios sus integrantes con juicios pendientes, como los tres denunciados por pedir el n¨²mero de placa a un polic¨ªa nacional durante las movilizaciones hace un a?o que lograron paralizar, hasta encontrarle un piso de ayuda social, el desahucio por impago de alquiler de la octogenaria Aurelia Rey. ¡°Nos multan a nosotros para asustarte a t¨ª¡±, reza el lema de campa?a que emprendi¨® esta plataforma para denunciar la multiplicaci¨®n de multas y litigios en los tribunales con los que, afirma, el Gobierno s¨®lo intenta ¡°desactivar los ciudadanos y parar la ola de solidaridad sin precedentes¡± que se organiza cada vez que se ha amenaza a alguien con el desalojo. Con sus ¡°petos de resistencia¡±, los activistas anti-desahucios lograron reunir 800 euros para multas.