Alaya se?ala tambi¨¦n al Parlamento

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, investiga ahora al Parlamento andaluz. El poder legislativo se suma as¨ª a otras instituciones de la comunidad que ya est¨¢n bajo la lupa de Alaya como el Gobierno aut¨®nomo, la C¨¢mara de Cuentas, los sindicatos UGT y CC OO, Ayuntamientos o universidades, adem¨¢s de bufetes de abogados, consultoras o empresas beneficiadas por el fondo, que tuvo una dotaci¨®n de 850 millones entre 2000 y 2010. Alaya estima que estas ayudas fueron fruto de una estrategia pol¨ªtica dise?ada por el Gobierno del PSOE en Andaluc¨ªa. La parte troncal del caso persigue, entre otros, a los expresidentes auton¨®micos Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, as¨ª como a una veintena de ex altos cargos, a los que considera responsables de implantar un sistema ilegal para dar las ayudas.

Ahora la juez busca aclarar si los diputados que formaron la Comisi¨®n de Econom¨ªa y Hacienda debatieron sobre el fondo de los ERE, ya que a?o tras a?o la partida fue incluida en los Presupuestos del Ejecutivo aut¨®nomo. Lo llamativo es que de esta comisi¨®n formaron parte 51 parlamentarios, entre ellos al menos una veintena del PP, incluido el ex secretario general regional Jos¨¦ Luis Sanz, y tres de IU. Es decir, la investigaci¨®n de Alaya ata?e por primera vez a dirigentes del Partido Popular, que ha hecho del caso su principal arma como oposici¨®n, y que pudieron debatir los detalles del fondo de los ERE antes de su inclusi¨®n en la Ley de Presupuestos del Parlamento.

Eso s¨ª, la investigaci¨®n de Alaya respecto a los diputados, que realizar¨¢ la Intervenci¨®n General del Estado, se limita a pedir los diarios de sesiones de la comisi¨®n, pero rechaza identificar a los parlamentarios. En un auto anterior, Alaya exculp¨® al Parlamento sobre su responsabilidad en el conocimiento de la partida de los ERE.

Alaya considera que las transferencias de financiaci¨®n, el mecanismo utilizado para pagar el fondo, no se pod¨ªan utilizar para abonar las ayudas a extrabajadores y empresas. Esta figura permit¨ªa dar el dinero de las ayudas de forma ¨¢gil, pero sorteaba los controles de la Intervenci¨®n de la Junta. Estas transferencias de financiaci¨®n deb¨ªan ser utilizadas para cubrir las p¨¦rdidas de las entidades p¨²blicas de la Junta, y no para subvenciones a empresas. La juez busca delimitar qui¨¦n conoci¨® ese uso alternativo de estas transferencias.

El auto de este mi¨¦rcoles responde a la petici¨®n del abogado Juan Carlos Alf¨¦rez, que expone toda la informaci¨®n que estos 51 diputados ¡°conocieron o debieron conocer¡± sobre el fondo como miembros de la comisi¨®n que repasaba el presupuesto del Gobierno andaluz y todas las partidas, incluida la del fondo de los ERE. Y este letrado buscaba delimitar el conocimiento preciso de los diputados sobre el fondo, ya que estos recibieron cuantiosa informaci¨®n al igual que los auditores de la C¨¢mara de Cuentas, cuya actuaci¨®n investiga asimismo Alaya.

Sin embargo, la juez ha ignorado la mayor¨ªa de pesquisas propuestas por esta parte, y se ha limitado a examinar si los diputados debatieron sobre el fondo y conocieron los detalles de las millonarias modificaciones presupuestarias propuestas por la Junta para cubrir las ayudas a empresas. Alaya ha achacado de manera insistente a los altos cargos de la Junta imputados que debieron conocer el uso de las transferencias de financiaci¨®n por las numerosas reuniones que mantuvieron y el acceso a diversos informes. Alf¨¦rez subraya c¨®mo ¡°conociendo o debiendo conocer dicho programa, jam¨¢s advirtieron tacha de ilegalidad y a¨²n menos, de la presunta perpetraci¨®n de actuaci¨®n delictiva o menoscabo de fondos p¨²blicos¡±.

El letrado censuraba la ¡°criminalizaci¨®n del programa presupuestario 31L¡± en la instrucci¨®n, y destacaba c¨®mo los tres grupos (PSOE, PP e IU) recib¨ªan ¡°o deb¨ªan recibir¡± los expedientes de las modificaciones presupuestarias, y dado que los grupos no eran ¡°compartimentos estancos¡± gran parte de los diputados deb¨ªan estar al tanto del uso dado al fondo de los ERE.

Esta aparente ampliaci¨®n del caso al Parlamento llega como consecuencia de la tesis principal de Alaya en la rama pol¨ªtica: la mayor¨ªa de altos cargos que tramitaron alg¨²n aspecto vinculado con el fondo, debieron identificar que el uso destinado por la Junta esta partida era impropio, e incluso ilegal. Ese conocimiento tan detallado a nivel t¨¦cnico y legal ha sido el principal achaque de la juez en sus imputaciones, ya que estos altos cargos ¡°conocieron o debieron conocer¡±. Ahora uno de estos imputados recoge el guante y demuestran que todos contribuyeron y nadie pudo denunciar un sistema de ayudas dise?ado desde el a?o 2001 y que cada a?o bendec¨ªa el Parlamento. ¡°Ni la Intervenci¨®n General puso reparos suspensivos (...) ni la C¨¢mara de Cuentas¡±, destaca el letrado.