Callej¨®n sin salida para La Utop¨ªa

Los vecinos de la corrala La Utop¨ªa, el edificio de Sevilla ocupado desde mayo de 2012 por una treintena de familias, han vivido estos ¨²ltimos d¨ªas con sentimientos encontrados. Por un lado, con el miedo a que el desalojo se produjera en cualquier momento ¡ªla juez le dio la orden a la polic¨ªa el 26 de febrero¡ª; y, por el otro, con la esperanza de que este mi¨¦rcoles la Junta y el Ayuntamiento les ofreciera una alternativa. Pero no se ha producido ni lo uno ni lo otro. Este mi¨¦rcoles ambas Administraciones han escenificado el callej¨®n en el que se encuentran. La orden de desalojo les ha pillado sin saber c¨®mo solucionar el problema de estas familias, pese a la disposici¨®n que siempre ha mostrado la Junta. Los vecinos esperaban una alternativa, la respuesta ha sido una pr¨®rroga: el acuerdo llegar¨¢, a lo sumo, en una semana.

Jes¨²s Maeztu se?ala que se buscar¨¢ una alternativa ¡°factible¡± y conforme a la ley

As¨ª lo ha anunciado el defensor del Pueblo andaluz, Jes¨²s Maeztu, tras la reuni¨®n mantenida con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), y la consejera de Fomento, Elena Cort¨¦s. En ella, se ha acordado la creaci¨®n de una comisi¨®n integrada por t¨¦cnicos de ambas Administraciones y representantes del Defensor en materia de vivienda que estudiar¨¢ el realojo de estos vecinos. ¡°Ser¨¢ cuesti¨®n de unos d¨ªas, a lo sumo, una semana¡±, ha repetido en m¨¢s de una ocasi¨®n Maeztu.

Tras algo m¨¢s de una hora de reuni¨®n, el Defensor ¡ªquien ha acudido a la cita como ¡°garante de los compromisos que pudieran acordarse¡±, seg¨²n ha se?alado¡ª ha precisado que la comisi¨®n comenzar¨¢ a orquestar ma?ana mismo una soluci¨®n ¡°factible¡± y conforme a la ley para evitar que se llegue ¡°a una situaci¨®n que nadie quiere¡±. Esa alternativa, seg¨²n Jes¨²s Maeztu, tambi¨¦n cumplir¨¢ con el auto de desalojo dictado por la magistrada en el que se detallaba que las Administraciones velar¨¢n para que, ante el desahucio, ¡°se salvaguarden a menores, ancianos y familias en riesgo de exclusi¨®n social¡±.

El Defensor ha eludido concretar las soluciones barajadas en la reuni¨®n hasta que no sean revisadas por dicha comisi¨®n pero ha insistido en que ¡°todo se har¨¢ con car¨¢cter definitivo¡±, sujeto a ¡°un orden y un procedimiento¡± con el cumplimiento de requisitos como la ¡°acreditaci¨®n de la necesidad de vivienda¡± de estos vecinos y para evitar ¡°un efecto llamada¡±. Entre las posibles soluciones, la Junta estudiaba realojar a estas familias en unas viviendas que construye en una parcela entre el Prado y San Bernardo. Los inmuebles estar¨ªan listos previsiblemente en septiembre y, mientras tanto, el Consistorio deber¨ªa aceptar realojarlas en sus inmuebles.

¡°Basta de mentiras, lo ¨²nico que hacen es darnos largas¡±, dice una vecina

Maeztu, quien ha comparecido flanqueado por la delegada de Vivienda, Granada Santos, y la concejal de Bienestar Social, Dolores de Pablo-Blanco, ha se?alado que comunicar¨¢ ¡°inmediatamente¡± a la fiscal¨ªa, al juzgado y a la Delegaci¨®n del Gobierno que existe una ¡°firme voluntad¡± entre ambas Administraciones para encontrar una alternativa para estas familias y evitar as¨ª que el desalojo forzoso se produzca en los pr¨®ximos d¨ªas.

Pero lejos de disipar el miedo de los vecinos, la reuni¨®n entre ambas Administraciones ha alimentado el fantasma de un desalojo inminente. ¡°Basta de mentiras, lo ¨²nico que hacen es darnos largas. Llevan casi dos a?os enga?¨¢ndonos, no existe voluntad de darnos una soluci¨®n¡±, asegura To?i Rodr¨ªguez, una de la vecinas de la corrala, que se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento durante la reuni¨®n. ¡°Vivimos con el coraz¨®n en un pu?o con el miedo de que el desalojo se produzca en cualquier momento¡±, agrega To?i. ¡°La polic¨ªa lleva varios d¨ªas vigilando el edificio, est¨¢ preparando el desalojo. As¨ª no se puede vivir¡±, afirma Aguasanta Quero, otra de las inquilinas.

La reuni¨®n entre ambas Administraciones se produce un d¨ªa despu¨¦s de que la Audiencia Provincial de Sevilla desestimara el recurso de apelaci¨®n presentado por las familias contra el auto que ordenaba el desalojo ya que existen ¡°claros indicios de un delito de usurpaci¨®n¡±.