El interventor del Estado socava la defensa de Blasco
El funcionario desgrana ante el juez c¨®mo se saquearon las ayudas para la cooperaci¨®n
Un funcionario dej¨® ayer en pa?os menores al estratega m¨¢s veterano de la pol¨ªtica valenciana. Rafael Blasco, ocho veces consejero de la Generalitat con gabinetes de PP y PSPV, fue desarmado por el interventor del Estado Joaqu¨ªn Falomir en la que fue la ¨²ltima declaraci¨®n tras dos meses de juicio del caso Cooperaci¨®n, que indaga el saqueo millonario de la extinta Consejer¨ªa de Solidaridad durante el mandato del dirigente procesado (2008-2010).
Con la crudeza de los datos, el interventor desgran¨® c¨®mo la ONG Fundaci¨®n Cultural y de Estudios Sociales (Fundaci¨®n Cyes) destin¨® en 2008 una subvenci¨®n de 1,6 millones de la consejer¨ªa de Blasco para construir dos pozos en Nicaragua a la compra de pisos y plazas de garaje en Valencia.
La organizaci¨®n, relat¨® el funcionario, justific¨® su iniciativa solidaria con facturas falsas de ¡°importes disparatados¡± como salarios de 90.000 euros en Nicaragua, uno de los pa¨ªses m¨¢s pobres de Latinoam¨¦rica. Los recibos usados para acreditar la farsa se pagaban en c¨®rdobas ¡ªmoneda oficial nicarag¨¹ense¡ª y se cobraban en euros. Y el concepto de algunas facturas no coincid¨ªa con las tareas del proyecto.
Facturas falsas en Nicaragua
La ONG Fundaci¨®n Cultural y de Estudios Sociales (Fundaci¨®n Cyes) present¨® facturas falsas para justificar la construcci¨®n de dos pozos en Nicaragua, donde solo aterrizaron 43.000 euros de los 1,6 millones concedidos en 2008 por la extinta Consejer¨ªa de Solidaridad durante la etapa de Rafael Blasco. As¨ª se deduce de la declaraci¨®n en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJ) del interventor del Estado Joaqu¨ªn Falomir. Ayer, este funcionario desgran¨® que la ONG bajo sospecha acredit¨® sus trabajos solidarios con facturas de viajes, hoteles y restaurantes sin relaci¨®n con el proyecto final del dinero en el pa¨ªs centroamericano. ¡°Hay facturas que no est¨¢n en el periodo de ejecuci¨®n de la subvenci¨®n y nada tienen que ver con la iniciativa, tanto en la versi¨®n original como en la reformulada¡±, zanj¨®.
La ficci¨®n fue posible gracias al trato de favor del departamento de Blasco. Cyes, que carec¨ªa de experiencia en la cooperaci¨®n internacional, escritur¨® los inmuebles a su nombre y no a favor de las cuatro ONG nicarag¨¹enses como fija la ley durante quince a?os. Adem¨¢s, recibi¨® la subvenci¨®n de la Generalitat sin cumplir requisitos. Y no devolvi¨® el dinero tras conocerse que la partida concebida para abastecer de agua Nicaragua acab¨® en el ladrillo.
La ONG bajo sospecha, aleg¨® el interventor, adquiri¨® los inmuebles en Valencia por 805.000 euros con los fondos de la Consejer¨ªa de Solidaridad. Y, aunque cobraba por las matr¨ªculas de unos cursos, carec¨ªa de solvencia para un desembolso tan grande.
El funcionario se encarg¨® de auditar el contrato entre la Generalitat y la Fundaci¨®n Cyes. Durante sus pesquisas, descubri¨® la constelaci¨®n empresarial levantada para distraer el dinero p¨²blico. Ayer, indic¨® que desconoc¨ªa los trabajos prestados en Nicaragua por la sociedad Arcmed, controlada por el presunto cabecilla de la trama, Augusto C¨¦sar Tauroni.
La firma factur¨® 455.000 euros por unos supuestos informes realizados en 2008. Y la fiscal¨ªa cree que el pago de Cyes a esta mercantil instrumental fue una comisi¨®n. ¡°Los informes de Arcmed estaban copiados de Internet con faltas de ortograf¨ªa y erratas incluidas¡±, zanj¨® Falomir para sostener su tesis.
Despojado de la pose desafiante de los primeros d¨ªas de juicio, Blasco mostr¨® cansancio y gesticul¨® lo m¨ªnimo. Tras dos meses en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJ), de 27 sesiones que han incluido las declaraciones de 80 testigos y peritos, el exportavoz del PP en las Cortes se asoma al reto m¨¢s complejo de su prolija carrera pol¨ªtica.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n le reclama 14 a?os de prisi¨®n y 11 la Abogac¨ªa de la Generalitat. El futuro de los nueve acusados del caso Cooperaci¨®n, que salpica a cinco funcionarios de la extinta consejer¨ªa de Solidaridad, tres empresarios y el representante de una presunta ONG, se despejar¨¢ en breve. El caso podr¨ªa quedar visto para sentencia la pr¨®xima semana.
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