Alaya y la teor¨ªa de la confabulaci¨®n

Sostiene la juez Mercedes Alaya que el Gobierno andaluz (bajo la presidencia de Manuel Chaves y de Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n) se confabul¨® entre 2000 y 2011, a?o tras a?o, Presupuesto tras Presupuesto, para crear una partida, el fondo de los ERE, con el fin de repartir dinero p¨²blico a su antojo, una decisi¨®n que considera delictiva. No se trata de una teor¨ªa improvisada de un d¨ªa para otro. A lo largo de m¨¢s de tres a?os de instrucci¨®n, la juez ha buscado argumentos para apuntalar su tesis de que el caso de los ERE responde a una pir¨¢mide corrupta (es una met¨¢fora suya) en cuya c¨²spide est¨¢n los dos expresidentes auton¨®micos, en niveles inferiores los consejeros, en el siguiente los viceconsejeros y los directores generales¡­ As¨ª, hasta llegar a los intrusos, el origen de la investigaci¨®n y nivel m¨¢s bajo de la pir¨¢mide. En medio, la C¨¢mara de Cuentas, los sindicatos UGT y CC OO, bufetes de abogados, Ayuntamientos, consultoras, empresas¡­

Alaya no cree que algunos responsables de la Consejer¨ªa de Empleo de Andaluc¨ªa hicieran un uso corrupto de una partida presupuestaria (como parece evidente), sino que la partida de los ERE se cre¨® de forma ilegal y con el exclusivo fin de burlar los controles de la Intervenci¨®n para favorecer a determinadas empresas y personas. Es decir, se cre¨® para delinquir (las imputaciones a los implicados en la rama pol¨ªtica del caso son por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n).

El problema de esta teor¨ªa es que tras m¨¢s de tres a?os de instrucci¨®n no hay ni un testimonio (hay m¨¢s de 140 imputados) ni un solo documento en la causa que evidencien que hubo una decisi¨®n concertada del Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa para cometer delito mediante la puesta en marcha del fondo y el pago de las ayudas a trav¨¦s de las transferencias de financiaci¨®n (un procedimiento de ejecuci¨®n presupuestaria que utiliza la mayor¨ªa de Administraciones). Si lo hubiera, el caso deber¨ªa estar ya en el Tribunal Supremo.

La tesis de Alaya en esta parte de la causa exige una confabulaci¨®n en la que a lo largo de una d¨¦cada estar¨ªan implicadas, por acci¨®n u omisi¨®n, varios centenares de personas. Porque no solo el Gobierno y los altos cargos de la Administraci¨®n andaluza conoc¨ªan el uso de las transferencias de financiaci¨®n. Lo conoc¨ªan, o lo deb¨ªan conocer, los interventores de la Junta, los servicios jur¨ªdicos, la C¨¢mara de Cuentas y... el Parlamento de Andaluc¨ªa, que es el que finalmente aprueba la Ley de Presupuestos (y, por tanto, el fondo y su procedimiento de pago).

En su pol¨¦mica instrucci¨®n (sus choques con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n son cotidianos), Alaya investiga, se?ala, imputa, preimputa (a los aforados) y en el auto de este mi¨¦rcoles, por primera vez, precondena (apunta la ¡°probabilidad cierta¡± de que Magdalena ?lvarez sea condenada ¡°en un futuro¡±). Pero si es coherente con las tesis que ha mantenido a lo largo de la instrucci¨®n, la juez deber¨ªa implicar a ?todo! el Parlamento andaluz (109 diputados) de tres legislaturas (de 2001 a 2011) en el fraude, lo que supondr¨ªa un may¨²sculo esc¨¢ndalo que de momento reh¨²ye.

En el auto sobre la fianza de responsabilidad civil de la exministra y exconsejera Magdalena ?lvarez, Alaya afirma: ¡°Para la inclusi¨®n de la partida fraudulenta en la Ley de Presupuestos, se aprovechar¨ªa la complejidad del lenguaje presupuestario, pues la clasificaci¨®n econ¨®mica del gasto por art¨ªculos y subconceptos solo es accesible a expertos¡±. Con este argumento, la ignorancia del lenguaje presupuestario, Alaya prepara el terreno para exculpar a decenas de diputados auton¨®micos de PSOE, PP e IU. Pone as¨ª l¨ªmite a una confabulaci¨®n que, por excesiva, se aproxima a una fabulaci¨®n.