Las ayudas a 106 empresas acaparan el fraude m¨¢s cuantioso del caso de los ERE
Sociedades, bufetes, ayuntamientos, asociaciones y consultoras recibieron 191 millones A compa?¨ªas y mediadores les han impuesto solo una cuarta parte de las fianzas
El fraude de los ERE parte de la famosa partida 31L, dotada con 647 millones para conceder ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulaci¨®n de empleo que se quedaban sin ning¨²n tipo de prestaci¨®n o sin fondos suficientes para llegar a la jubilaci¨®n y a todo tipo de entidades. El coste final de todos los compromisos, seg¨²n los c¨¢lculos de la C¨¢mara de Cuentas de Andaluc¨ªa, se elevar¨¢ a 1.217 millones por la refinanciaci¨®n de la deuda y los intereses de demora acumulados. Del total, se han destinado 191 millones a 106 a empresas, ayuntamientos, asociaciones y hasta universidades. Ni en el caso de los trabajadores despedidos ni en el de las entidades beneficiadas, la vinculaci¨®n con miembros del PSOE es la m¨¢s numerosa, aunque s¨ª existe. Pero tambi¨¦n con bufetes de abogados o empresarios como Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Mateos y su familia.
Aunque la mayor parte de los fondos (560 millones) fueron para p¨®lizas que recibieron o est¨¢n pendientes de cobrar 6.435 trabajadores, el fraude m¨¢s importante no se produjo en los llamados intrusos ¨C196 personas sin derecho a ayudas que cobraron 17 millones de euros- sino en las ayudas directas a empresas.
Entre los dos centenares de intrusos hay nueve militantes socialistas, entre los que destacan Juan Rodr¨ªguez Cordob¨¦s, exdelegado de Trabajo de la Junta en Sevilla, y Rafael Rosendo, exalcalde de El Pedroso (Sevilla).
La mayor¨ªa de los socialistas incluidos entre los 144 implicados por la juez Mercedes Alaya son cargos de la administraci¨®n a los que la magistrada vincula con el sistema de concesi¨®n de ayudas por haberlo creado, conocido, promovido, participado o mantenido sin denunciarlo.
Una cuarta parte de las fianzas, para empresarios y mediadores
La juez que instruye el caso ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto hasta ahora fianzas que superan los 2.800 millones de euros? a 72 de los 144 imputados. De estos, una quincena son exaltos cargos de la Administraci¨®n auton¨®mica, para los que se ha pedido 2.000 millones. El entramado empresarial implicado y los mediadores asumen una cuarta parte del total.
Las entidades que acaparan una mayor responsabilidad civil son las consultoras Vitalia y Uniter. De la primera, Eduardo Pascual, el ¨²nico que contin¨²a en prisi¨®n preventiva, Mar¨ªa Vaqu¨¦ y Antonio Albarrac¨ªn tienen que hacer frente a 335,34 millones; y Jos¨¦ Gonz¨¢lez Mata, de Uniter, a 99 millones.
Estudios jur¨ªdicos Villas¨ªs tiene impuesta una fianza de 34,8 y el? extrabajador de Vitalia Jes¨²s Bordallo tiene que hacer frente a 15,2 millones por la gesti¨®n de ERE. Rosser Masa, administradora de Fortia Vida, 400.000 euros. Y el conseguidor Juan Lanzas, que sali¨® de prisi¨®n tras pagar 200.000 euros, tiene fijada una fianza de 38 millones.
Al administrador y presidente del consejo de administraci¨®n de la empresa Aglomerados Morell, Jorge Andr¨¦s Morell, le pide la juez 3,1 millones de euros por comprar "una partida de cerdos" con una ayuda de la Junta de Andaluc¨ªa.
Con todo, las fianzas de mayor cuant¨ªa son para cargos de la Administraci¨®n. La mayor es para el ex consejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez: 807,4 millones. Entre las m¨¢s abultadas est¨¢n tambi¨¦n las del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero (686,19 millones) y la del ex viceconsejero de Empleo Agust¨ªn Barber¨¢ (490,32 millones). La fianza fijada a la ex consejera de Econom¨ªa y Hacienda Magdalena ?lvarez (29,56 millones) es la duod¨¦cima m¨¢s elevada hasta ahora en la causa.
Tampoco los sindicatos se han librado. La juez ha fijado una fianza civil de 251.041,37 euros para el secretario provincial de UGT en C¨¢diz, Salvador Mera, y de 471.352 euros para el secretario general de la Federaci¨®n Minerometal¨²rgica de Andaluc¨ªa de CCOO, Manuel Roberto Carmona Soto.
De las empresas beneficiadas, las principales implicadas, seg¨²n la juez, son las consultoras Uniter y Vitalia, sospechosas de haber cobrado con los sindicatos hasta 50 millones por sobrecomisiones, es decir, por facturar hasta un 20% de la cantidad acordada para ayudas.
Las empresas, asociaciones y administraciones sospechosas de haber recibido hasta 73,8 millones en ayudas que no le correspond¨ªa son m¨¢s de un centenar y de todo tipo.
Las m¨¢s vinculadas con el PSOE son las que recibieron ayudas gracias al supuesto ¡°papel esencial¡±, seg¨²n la Guardia Civil, de exconsejero de Empleo y hoy diputado, Jos¨¦ Antonio Viera. Se trata de empresas asentadas en la Sierra Norte sevillana, una comarca de 30.000 habitantes, que acapararon unos 30 millones en ayudas directas.
De esa cantidad, el grupo Matadero de Sierra Morena, dirigido por los exconcejales socialistas Jos¨¦ Enrique Rosendo y Jos¨¦ Mar¨ªa Sayago, recibi¨® ayudas directas. Sonia Viera, hija del exconsejero, trabaj¨® para esta corporaci¨®n. Otros empresarios que conoc¨ªan a Viera, como Enrique Peralta y Gonzalo Madariaga, recibieron casi cinco millones: 880.000 euros el primero en 2008 a trav¨¦s de la sociedad B¨¦tica de Industrial, SL, y cuatro Mac Puarsa.
Pero los ¨²ltimos imputados muestran la diversidad de empresas beneficiadas e implicadas en el caso: ?lvaro Mollinedo G¨®mez, responsable de Relaciones Laborales de la Delegaci¨®n de Andaluc¨ªa de FCC-Medio Ambiente; y Jos¨¦ Antonio P¨¦rez Santos, del mismo departamento de Cespa, SA, en Andaluc¨ªa. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n cree que ambos ¡°ten¨ªan conocimiento de que, sin procedimiento alguno y mediante la figura de beneficiario de p¨®lizas de seguros, dos sociedades mercantiles cobraron cada una de ellas como m¨ªnimo la cantidad de 276.222 euros de la Junta¡±.
En los listados de perceptores de ayudas tambi¨¦n hay una docena de Ayuntamientos, en su mayor¨ªa, aunque no todos, presididos por el PSOE en la ¨¦poca que recibieron los fondos. El ¨²ltimo bajo sospecha es Los Palacios (Sevilla) donde la Guardia Civil investiga una subvenci¨®n de 901.518 euros para un complejo dedicado al arte ecuestre.
Bufetes de abogados como Garrigues, Estudio Jur¨ªdico Villas¨ªs, Olivencia-Ballester e Ignacio Vergara tambi¨¦n recibieron abonos procedentes del fondo para empresas en crisis.
Sin embargo, la mayor¨ªa de los fondos fueron para empresas sin vinculaci¨®n pol¨ªtica alguna o incluso alejadas de la esfera socialista, como Dhul, Autopistas Aumar, Astilleros, Altadis, la multinacional Delphi o la Asociaci¨®n Faja Pir¨ªtica de Huelva. Estos dos ¨²ltimos expedientes y el de Santana acapararan el 47% del fondo.
La juez Alaya imputa a Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos y su hijo Zoilo la consecuci¨®n de ayudas para los ERE del hotel Cervantes de Torremolinos (M¨¢laga), Garvey, Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos, "a trav¨¦s del tr¨¢fico de influencias ejercido" por ambos y por Juan Lanzas, "a quien se le pagar¨ªa como conseguidor ante la Administraci¨®n auton¨®mica a raz¨®n de 600.000 euros por ERE". La Junta pide para el hijo del empresario una fianza de 8,5 millones.
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