La injusticia universal

La justicia universal exige que no queden sin castigo los cr¨ªmenes m¨¢s graves contra la humanidad. Los estados deben asegurar que sean efectivamente sometidos a la acci¨®n de la justicia los culpables de esos grav¨ªsimos cr¨ªmenes. No debe haber lugar ni tiempo de impunidad ni de perd¨®n para ellos. Este es el esp¨ªritu de la jurisdicci¨®n universal, plasmado en distintos convenios a partir de la Segunda Guerra Mundial, como expresi¨®n de la solidaridad ¨¦tica y democr¨¢tica que se pretend¨ªa instaurar en el mundo entero.

Con este esp¨ªritu se crearon los tribunales internacionales para juzgar los cr¨ªmenes de guerra y los genocidios de Ruanda y de Yugoslavia en 1993 y 1994. Con este esp¨ªritu, en 1998, se firm¨® el Estatuto de Roma que cre¨® el Tribunal Penal Internacional (TPI) como jurisdicci¨®n complementaria de las jurisdicciones nacionales. Los 139 estados firmantes del Estatuto de Roma se comprometieron a juzgar a los responsables, o a aportar pruebas y a entregarles cuando los juzgue el TPI. Pero hay 54 estados miembros de las Naciones Unidas que no han aceptado someterse al compromiso rec¨ªproco de la jurisdicci¨®n universal. Entre ellos se encuentran China, Estados Unidos, Israel y Rusia.

El mismo d¨ªa en que el presidente Zapatero deb¨ªa ser recibido en Tel Aviv, se publicaba la reforma que imped¨ªa la persecuci¨®n de los cr¨ªmenes de Sabra y Shatila

Espa?a ya hab¨ªa asumido este compromiso internacional en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial de 1985. Su art¨ªculo 23.4 permit¨ªa que los tribunales espa?oles juzgaran a los espa?oles o extranjeros que, fuera de Espa?a, hubieran cometido cr¨ªmenes de genocidio, u otros grav¨ªsimos cr¨ªmenes previstos en Tratados internacionales suscritos por Espa?a. Con base en este art¨ªculo prosperaron ante la Audiencia Nacional las querellas por los cr¨ªmenes de Guatemala, y por los de Pinochet. Seguidamente se formularon nuevas querellas contra Israel, por los cr¨ªmenes de Sabra y Shatila, siendo comandante de la operaci¨®n Ariel Sharon, en 1982; contra los militares de EE UU por el asesinato de Couso en Bagdad en 2003, y contra los dirigentes chinos por el genocidio del Tibet.

Ante la reacci¨®n de los Estados incomodados por la actuaci¨®n de la justicia espa?ola, el Gobierno del PSOE, con el apoyo del PP y de alg¨²n otro grupo parlamentario, acometi¨® la primera reforma del art¨ªculo 23.4. Desde entonces s¨®lo ser¨ªan admisibles las querellas si afectaban a intereses espa?oles. Nuestra ejemplar solidaridad con las v¨ªctimas sin v¨ªnculos con Espa?a quedaba enterrada. Ya lo dijo Groucho Marx, ¡°si no le gustan mis principios, tengo otros¡±. El 15 de Octubre de 2009, el mismo d¨ªa en que el presidente Zapatero deb¨ªa ser recibido en Tel Aviv, se publicaba en el BOE la reforma que imped¨ªa la persecuci¨®n de los cr¨ªmenes de Sabra y Shatila.

El asunto de China sigui¨® su lenta pero implacable tramitaci¨®n, impulsada por un querellante de origen tibetano pero nacionalizado espa?ol. En este caso, por lo tanto, el requisito de vinculaci¨®n del delito con intereses espa?oles estaba cumplido. Cuando, en noviembre de 2013, la Audiencia Nacional orden¨® el procesamiento y la busca y captura internacional contra Jiang Zemin y Li Pen, expresidente y exprimer ministro de China, el gobierno espa?ol, seg¨²n dicen, percibi¨® la gravedad de la irritaci¨®n oriental.

O sea, que si PP y PSOE fueron tramposos cuando lo de Israel, ahora, con lo de China, unos son reincidentes, y los otros, desmemoriados y desagradecidos

Con m¨¢s celeridad, si cabe, que en el asunto de Israel, se improvis¨® una nueva reforma del art¨ªculo 23.4, que quedaba cocinada en enero de 2014, por el tr¨¢mite de urgencia. El PSOE no la apoy¨®. El diputado del PP Castillo Calv¨ªn ech¨® en cara ¡°a los se?ores socialistas c¨®mo se gest¨® la reforma del 2009 como ley complementaria de la ley de reforma de la oficina judicial¡±, con la que, obviamente, no ten¨ªa nada que ver. Y tambi¨¦n les record¨® que con esta trampa parlamentaria el Gobierno socialista en 2009 hab¨ªa evitado la lentitud de pasar por la aprobaci¨®n del Consejo de Ministros, y los riesgos de los informes del Consejo del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Todo ello con la aquiescencia y la complicidad del PP, que ahora reprocha al PSOE que no est¨¦ a la rec¨ªproca. O sea, que si ambos fueron tramposos cuando lo de Israel, ahora, con lo de China, unos son reincidentes, y los otros desmemoriados, y desagradecidos.

Con la nueva reforma, aquellos grav¨ªsimos cr¨ªmenes, cometidos fuera de Espa?a, ya s¨®lo se podr¨¢n perseguir en Espa?a si los extranjeros que los hayan cometido viven habitualmente en Espa?a. Los dirigentes chinos quedan excluidos. Incluso podr¨ªan venir de vacaciones impunemente. El diputado Castillo menospreci¨® en el Congreso a ¡°la justicia quijotesca que buscando remediar las injusticias no consigue resultado alguno¡±. Es la declaraci¨®n de la injusticia universal. Ciertamente no ser¨ªa probable concluir el proceso con un juicio y una pena. Pero la orden internacional de captura, y el proceso, con la publicidad de sus pruebas, tienen la carga de un reproche ¨¦tico y democr¨¢tico de trascendencia mundial. Esto es lo que irrita a los poderosos imputables, y provoca tramposas celeridades de reformas ¡°a la carta¡±. Es la inmensa fuerza disuasoria de de la justicia universal.