Magdalena ?lvarez acusa a Alaya de basar su imputaci¨®n en ¡°prejuicios¡±
La exministra recurre su fianza de 29 millones por denotar un fin ¡°punitivo¡±
La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena ?lvarez, acusa a la juez Mercedes Alaya de basar su fianza civil de 29 millones y su imputaci¨®n por malversaci¨®n en un ¡°prejuicio¡± sobre la supuesta responsabilidad penal como exconsejera de Hacienda, que da?a su presunci¨®n de inocencia en el caso ERE,actualmente en fase de instrucci¨®n. La exministra censura que la instructora se haya arrogado funciones de enjuiciamiento que no le corresponden y que despiertan ¡°serias dudas¡± sobre su ¡°imparcialidad¡± en la instrucci¨®n del caso, ya que ha emitido un ¡°juicio anticipado de culpabilidad¡±.
?lvarez ha presentado ante la Audiencia de Sevilla un extenso recurso contra la fianza civil que le impuso Alaya, para as¨ª intentar desactivarla. Ello a pesar de que a¨²n est¨¢ pendiente de resolverse el recurso que ya present¨® en su d¨ªa contra la segunda imputaci¨®n de Alaya, y que la Audiencia prev¨¦ resolver en abril. ¡°Supone un desbordamiento manifiesto del papel que el sistema jur¨ªdico impone al juez instructor¡±. La exministra censura que Alaya base sus acusaciones en ¡°sospechas infundadas, errores sustantivos, generalizaciones indebidas y en una inasumible ex¨¦gesis de la legalidad¡±.
La juez ha imputado a la exconsejera por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n al considerarla promotora del sistema que puso en marcha las transferencias de financiaci¨®n para pagar los ERE. Alaya estima que el fondo se dise?¨® para evitar los controles de la Intervenci¨®n General. ?lvarez fue consejera andaluza de Econom¨ªa desde 1994 hasta 2004, pero su responsabilidad se limitar¨ªa a solo tres a?os.
En su recurso, la exministra desarrolla el concepto de ¡°prejuicio¡± y considera que Alaya le ha impuesto una ¡°abusiva¡± fianza presidida por un fin ¡°estigmatizador y punitivo; un fin coherente con el juicio anticipado de culpabilidad¡±. Estas acusaciones tan duras responden al paso in¨¦dito de Alaya, que en su reciente auto para justificar la alta fianza expres¨® la ¡°probabilidad cierta de que pudieran ser condenados en un futuro¡±, en referencia a ?lvarez y dos de sus subordinados, tambi¨¦n imputados.
El abogado de ?lvarez cuestiona que la magistrada impusiera esta medida cautelar despu¨¦s de que las acusaciones personadas en la causa lo pidiera en su primera declaraci¨®n [anulada por la Audiencia], pero no en la segunda declaraci¨®n.
En su recurso, la defensa de la exconsejera pide la anulaci¨®n de la resoluci¨®n impugnada ¡°al haber sido dictada prescindiendo de las reglas esenciales del procedimiento y con vulneraci¨®n de derechos fundamentales¡±. ?lvarez acusa a Alaya de partir de una ¡°falaz dicotom¨ªa¡± para exponer las bondades del control previo (fiscalizaci¨®n del gasto por parte de la Intervenci¨®n General) o que el control posterior ¡°es equivalente a la ausencia de control¡±.
En otro pasaje, la exministra resalta su labor a favor de la fiscalizaci¨®n, ya que ¡°reforz¨® las facultades de la Intervenci¨®n para supervisar las cuentas y ejecuci¨®n presupuestaria de tales empresas¡±. Sobre la mala gesti¨®n de las ayudas desde la Direcci¨®n General de Trabajo, la imputada defiende que ¡°ni conoc¨ª ni pude conocer tal situaci¨®n¡± al desconocer los informes de la Intervenci¨®n General que llegaron a su departamento despu¨¦s de su salida en febrero de 2004. Sobre la acusaci¨®n de haber participado en el sistema ¡°dirigido a agilizar el proceso de concesi¨®n de ayudas sociolaborales¡±, ?lvarez concluye: ¡°La sinraz¨®n jur¨ªdica nutre la inercia expansiva de esta causa penal¡±.
En su argumentaci¨®n, destaca asimismo la cr¨ªtica al c¨¢lculo realizado por la juez Alaya de los 29 millones, en funci¨®n de las ayudas concedidas por la Junta mientras ?lvarez fue consejera. ¡°Ese c¨¢lculo es desproporcionado, y por ende, arbitrario, es el error de haber tomado en cuenta como constitutivas de malversaci¨®n las cantidades con que se han sufragado las ayudas sociolaborales, las cuales, sin lugar a dudas, han sido destinadas a fines p¨²blicos¡±.
Mientras, el ministro de Econom¨ªa y Competitividad, Luis de Guindos, opin¨® ayer que ?lvarez deber¨ªa abandonar la vicepresidencia del BEI en caso de que se confirmara su imputaci¨®n en el caso. Guindos matiz¨® que el c¨®digo de conducta de la instituci¨®n es muy claro. ¡°Vamos a esperar¡±, apunt¨® el ministro. De este modo, la permanencia de ?lvarez en su puesto de alta responsabilidad est¨¢ en manos de los jueces de la Secci¨®n S¨¦ptima de la Audiencia de Sevilla.
Nuevo informe clave en el caso
El informe que la Direcci¨®n General de Seguros ha entregado a Alaya revela unas comisiones de 2,4 millones en el ERE de la empresa Dhul de Nueva Rumasa ¡°que encarecieron significativamente el costo¡±, y por el que han resultado imputado el empresario Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos y tres de sus hijos.
Entre otros, el ERE tuvo un "recargo injustificado" de 79.340 euros y se incluyeron cinco intrusos, con un coste total de sus primas de 665.612 euros. Tres de los cinco intrusos fueron dos cu?ados del conseguidor Juan Lanzas y la esposa de un sindicalista de la empresa Hijos de Andr¨¦s Molina, conocido de Lanzas.
Seg¨²n el informe de la Direcci¨®n General de Seguros, el pago a estos tres intrusos ¡°fue en realidad un instrumento de transferencia de fondos al que se dio apariencia de seguro¡± para pagar presuntamente las comisiones a Lanzas.
Mientras, el empresario Ruiz-Mateos ser¨¢ reconocido por un m¨¦dico forense ¡°para que informe si el mismo puede comparecer¡± en el Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Sevilla, y as¨ª cerciorarse de que los informes m¨¦dicos que esgrime el empresario sobre una supuesta enfermedad son ciertos.
Por otra parte, Alaya ha vuelto a suspender la declaraci¨®n prevista de los peritos de la Intervenci¨®n General del Estado, que deb¨ªan comparecer el pr¨®ximo 1 de abril. La suspensi¨®n llega despu¨¦s de que el jefe de los peritos explicara en un escrito al juzgado que a¨²n no ha recibido la documentaci¨®n que le debe mandar la C¨¢mara de Cuentas y que los datos ya recibidos desde la Intervenci¨®n General de la Junta suman los 105.000 folios, que requieren un an¨¢lisis sesudo.
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