Anticorrupci¨®n exige a Alaya que aclare el estado de la investigaci¨®n de los ERE

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n quiere situarse en el caso ERE. Busca el mapa que eval¨²e el pulso de una causa muy compleja y con numerosas v¨ªas de investigaci¨®n, que cada semana se ampl¨ªan como un ¨¢rbol de mil ramas. En cualquier otro caso esto no ocurrir¨ªa nunca, ya que la fiscal¨ªa est¨¢ al tanto de cada paso que se da porque su funci¨®n, entre otras, es velar por que todas las actuaciones respetan la ley, en un refuerzo necesario al juez de instrucci¨®n. Pero el caso ERE no es un caso cualquiera, y la juez Mercedes Alaya ha marginado desde el principio de la instrucci¨®n a los dos fiscales de la causa, que cada cierto tiempo presentan escritos de queja por esta manera de instruir tan personalista de la magistrada.

La fiscal¨ªa present¨® ayer un escrito ante Alaya para que la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Direcci¨®n General de Seguros fijen el mapa del caso a trav¨¦s de las tres investigaciones que en paralelo desarrollan estos organismos en auxilio del juzgado y como expertos. La fiscal¨ªa pide a Alaya que ordene a la Guardia Civil que le remita un informe con las entradas y registros practicados desde el inicio de la causa, y la ¡°documentaci¨®n pendiente de analizar¡±. Para situarse, los fiscales reclaman un listado de las declaraciones tomadas a testigos e imputados pendientes de incorporar a los informes de seguimiento, adem¨¢s de un calendario con las fechas de ejecuci¨®n y entrega de los informes de seguimiento relativos a las ayudas sociolaborales (para los ERE subvencionados por la Junta) y ayudas directas a empresas. Es decir, saber en qu¨¦ punto se encuentra la causa, qu¨¦ subvenciones se han revisado, cu¨¢les se van a acometer en breve y cu¨¢les se pospondr¨¢n para futuras fechas.

La estimaci¨®n de la temperatura del caso es que los agentes de la Unidad Central Operativa ni siquiera han analizado el 10% del total de los expedientes pendientes de revisar. Los investigadores deben revisar uno a uno todos los expedientes subvencionados por la Junta entre 2000 y 2010. Y entre ayudas directas y ERE, la Consejer¨ªa de Empleo subvencion¨® 290 expedientes.

En este punto los fiscales piden que los informes de seguimiento de las empresas aclaren en un apartado espec¨ªfico, si cuando recibieron las ayudas ¡°procedieron a realizar negocios de transmisi¨®n de acciones/participaciones o de bienes de propiedad¡± de estas firmas. As¨ª, los agentes aclarar¨¢n si se ha producido una transmisi¨®n de t¨ªtulos o bienes ¡°que puedan haber generado un beneficio favorecido por el mero hecho de la disminuci¨®n o supresi¨®n de la plantilla¡± de estas empresas.

Esta semana la fiscal¨ªa ha pedido tambi¨¦n a Alaya que impute a otras dos personas en la instrucci¨®n, que ya eleva los acusados a 144 personas. Se trata de Francisco Jard¨®n, presidente de la patronal Aselip, que aglutina a las empresas de la limpieza p¨²blica, porque considera que particip¨® en la negociaci¨®n que afect¨® a la empresa Cespa, y que deriv¨® en la subvenci¨®n de unas p¨®lizas para solucionar el conflicto de la limpieza en Granada.

Tanto Cespa como FCC Medio Ambiente recibieron 452.000 euros de la Junta para que dicha huelga de limpieza concluyera. Seg¨²n determin¨® Alaya, ambas firmas ¡°ser¨ªan indiciariamente conocedoras de su ilegalidad y no objetaron nada a la irregular forma en que fueron receptoras de las cantidades [del erario p¨²blico]¡±.

El ex director de Trabajo Javier Guerrero, principal imputado en la causa, propuso que la Junta asumiera el pago de los trabajadores durante los a?os de duraci¨®n del convenio a trav¨¦s de dos p¨®lizas para estas empresas. A Jard¨®n la fiscal¨ªa suma Juana Mancilla, ¡°persona que particip¨® activamente en facilitar los pagos realizados por la Junta a las sociedades del sector de limpieza de Granada Cespa y FCC¡±. Asimismo, el fiscal exige que el imputado ?lvaro Mollinedo, de FCC, sea declarado responsable civil por esta parte de la causa.

Por otra parte, Anticorrupci¨®n ha pedido a Alaya que reclame las diligencias sobre el uso de las transferencias de financiaci¨®n, herramienta de pago para los ERE, que posee el juez del caso Invercaria, Juan Guti¨¦rrez, que estudia las inversiones de Invercaria y otras nueve empresas p¨²blicas relevantes como RTVA o Egmasa mediante este mecanismo. Entre otros anexos, el magistrado Guti¨¦rrez cuenta con la memoria de control financiero permanente de la Intervenci¨®n General que podr¨ªa ser relevante para el caso ERE. Asimismo, los fiscales solicitan que se incorpore documentaci¨®n remitida por la C¨¢mara de Cuentas al Juzgado de Instrucci¨®n 16. Fuentes de este organismo puntualizaron ayer que la documentaci¨®n (unos 105.000 folios) sobre los ERE reclamada por la Intervenci¨®n General del Estado, que lament¨® no contar con ella en un escrito, fue entregada en el juzgado de Alaya el pasado 5 de marzo.

En el caso ERE la Audiencia ha anulado la responsabilidad civil de 628.000 euros fijada por Alaya para una administrativa de la consultora Vitalia, Gemma F¨¢tima Rodr¨ªguez, por ¡°desigualdad de trato¡±, ya que su hermana desempe?¨® las mismas funciones y no ha sufrido la imposici¨®n de fianza alguna. ¡°Carece de justificaci¨®n objetiva y razonable (...) en id¨¦nticas circunstancias concurrentes en dicha imputada se encuentra su hermana¡±, censuran los jueces de la Audiencia sobre la actuaci¨®n de Alaya.

Mientras, la juez ha decretado libertad bajo fianza de 250.000 euros para el empresario de Fitonovo Jos¨¦ Antonio Gonz¨¢lez, encarcelado hace tres meses en la Operaci¨®n Madeja derivada del caso Mercasevilla.