Bri¨®n multa por uso ilegal a un edificio de alquileres protegidos de la Xunta

El alcalde socialista de Bri¨®n asegura que no desaloja y precinta el edificio porque ¡°hay gente viviendo dentro¡±. Pero la Xunta ampara el inmueble bajo una f¨®rmula, ¡°aloxamentos protexidos en alugueiro¡±, de su Plan de Vivenda. Y la empresa promotora, la inmobiliaria Urban, resume la situaci¨®n como ¡°una discrepancia entre Administraciones sobre la licencia de primera ocupaci¨®n¡±. Mientras tanto, Stop Desahucios sale a la calle con sus pancartas a denunciar el ¡°acoso urban¨ªstico¡±, el ¡°robo¡±, la ¡°estafa¡± que sufre un matrimonio con hijas, sin m¨¢s recursos que una ayuda de 420 euros y a punto de perder su techo. La familia decidi¨® abandonar este edificio junto a ¡°la mayor¨ªa¡± de los inquilinos, dice, despu¨¦s de enterarse por boca de la polic¨ªa, en febrero de 2013, de que era ¡°ilegal¡±.

¡°La semana que viene mandaremos la pr¨®xima multa¡± de 5.000 euros, comenta el alcalde, Xos¨¦ Luis Garc¨ªa, 35 a?os al frente del gobierno local, cuando se le pregunta por la legalidad del inmueble. Explica que la casa se construy¨® con licencia municipal para uso hotelero, porque en ese lugar, Rour¨ªs, ¡°la norma urban¨ªstica no permite otro que no sea vivienda unifamiliar, hotel o geri¨¢trico¡±. Sin embargo, tal y como reza el propio anuncio en internet, Urban ofrece 16 apartamentos ¡°totalmente equipados¡± en r¨¦gimen de alquiler. Hace meses que la Administraci¨®n local opt¨® por las sanciones ¡°coercitivas¡±, despu¨¦s de mandar a la polic¨ªa y comprobar que los que viv¨ªan all¨ª no eran turistas, sino inquilinos, entre ellos personas con pocos recursos. ¡°No podemos clausurar la casa porque a ver a d¨®nde se van¡±, reconoce Garc¨ªa, ¡°pero ponemos carteles avisando de la situaci¨®n, aunque enseguida desaparecen¡±.

Marilena Calota, de nacionalidad rumana, y su marido, Manuel Castro, nacido en A Estrada, se decidieron a denunciar el mi¨¦rcoles a la prensa la situaci¨®n arropados por Stop Desahucios. Dicen que no hablaron antes, y no recurrieron a la justicia hasta ahora, por miedo a que les quiten a sus dos ni?as. ¡°Nos desvivimos por ellas, y la mayor es de las primeras de su clase¡±, defiende Marilena. ¡°Pero ahora no les podemos comprar todo lo que necesitan... A veces visten de C¨¢ritas¡±, lamenta el padre. En ocasiones, dice la madre, los servicios sociales tambi¨¦n les dan ¡°arroz, pasta y lentejas¡±. Tanto Manuel como su esposa est¨¢n en paro. Conocieron mejores tiempos, pero ahora a la crisis se ha sumado la enfermedad degenerativa del marido (41% de discapacidad), una esclerosis m¨²ltiple que le obliga a pincharse y lo mortifica con brotes que sobrevienen en los peores momentos.

Marilena y Manuel se conocieron en Barcelona y all¨ª tuvieron a sus dos hijas, de 3 y 10 a?os. Cuando vinieron mal dadas y la crisis seg¨® las esperanzas de los que siempre pierden, Manuel quiso volver a Galicia, seguro de que en su tierra la vida ser¨ªa ¡°menos dura¡±. Aqu¨ª buscaron techo, y recalaron en la inmobiliaria Urban de Santiago. Firmaron un contrato de alquiler de uno de los minipisos de Rour¨ªs. Seg¨²n explican, no sab¨ªan que solo pod¨ªa ser un hotel. Creyeron que se trataba de una vivienda social, y de hecho, dicen, la empresa los registr¨® como ¡°beneficiarios de un piso de protecci¨®n auton¨®mica¡± en el Instituto de Vivenda e Solo (IGVS).

Pero ten¨ªan que pagar 257 euros, una cantidad bastante alta para una vivienda protegida de 42 metros cuadrados en un lugar apartado y con servicios precarios. La inmobiliaria, recuerdan, tambi¨¦n qued¨® en cobrarles cada mes 30 euros de luz ¡°todav¨ªa de obra¡±, porque ¡°el contador no estaba individualizado; era compartido por todo el edificio, construido como hotel¡±. ¡°Aunque luego Urban suponemos que manipul¨® la instalaci¨®n de Iberdrola y puso los suyos propios¡±, denuncia Manuel. Las sorpresas llegaron cuando, en las facturas mensuales, la inmobiliaria empez¨® a cobrarles cantidades de ¡°hasta 360 euros¡±. Mientras tanto, dice, los apagones eran el pan de cada d¨ªa: ¡°Si hac¨ªamos pollo al horno ten¨ªamos que avisar al resto, porque si pon¨ªan la lavadora saltaba la luz y se echaba a perder todo lo del congelador¡±, relatan. Al final, un mes les presentaron una factura de Iberdrola de m¨¢s de 600 euros. Creen que les endosaron el total del edificio constru¨ªdo como hotel, ¡°despu¨¦s de que los otros inquilinos dejasen aquello¡± vac¨ªo.

¡°Ahora en el portal hay un cartel que dice recepci¨®n¡±. Seg¨²n la pareja, eso antes no estaba. El IGVS, no obstante, confirma que aquello es ¡°un aloxamento protexido para menores de 35 y mayores de 60¡± (algo que niega el alcalde) y que ¡°la calificaci¨®n se realiz¨® en funci¨®n de la licencia de construcci¨®n concedida por el consistorio en 2006 y de un informe del t¨¦cnico municipal¡± que pidi¨® la propia Xunta. Aquel a?o, sigue el IGVS, ¡°el Ayuntamiento suprimi¨® expresamente la palabra hotelero de la licencia de edificaci¨®n a trav¨¦s de un acuerdo de la junta de gobierno¡±. En medio de este choque de criterios, Marilena habla de ¡°inseguridad¡± ciudadana: ¡°En Espa?a hay una plaga de chorizos, y los pobres somos leprosos¡±.