¡°Rechazo la premisa de que los diputados voten leyes sin saber qu¨¦ votan¡±

Juan Carlos Alf¨¦rez (Sevilla, 1967) defiende con ah¨ªnco la tesis de que el fondo de los ERE no se gest¨® en un cuarto oscuro con la intenci¨®n de quebrar la ley, sino que fue una partida presupuestaria legal con luz y ventanas abiertas. Un escrito suyo para demostrar este conocimiento generalizado del fondo por parte de la Comisi¨®n de Hacienda del Parlamento devino en el ¨²ltimo y pol¨¦mico auto de la juez Mercedes Alaya, que recogi¨® el guante lanzado, y orden¨® indagar las discusiones de 51 diputados en tres legislaturas. La tesis de Alf¨¦rez es clara: si varias consejer¨ªas, la Intervenci¨®n General, la C¨¢mara de Cuentas y el Parlamento conoc¨ªan el fondo de los ERE, es imposible concebir un contubernio para prolongarlo durante una d¨¦cada a sabiendas de su ilegalidad.

Pregunta. ?Por qu¨¦ estima que ciertos diputados conocieron al detalle dicho fondo?

Respuesta. Las defensas rechazamos la premisa de que nuestros parlamentarios voten leyes sin saber qu¨¦ votan, por m¨¢s que la materia presupuestaria sea m¨¢s o menos compleja. Existe abundant¨ªsima informaci¨®n documental que acredita que tanto la C¨¢mara de Cuentas como el Parlamento conocieron o pudieron conocer la verdadera finalidad de estas singulares transferencias de financiaci¨®n [el sistema de pago de los ERE]. Tanto en la elaboraci¨®n del presupuesto como en la aprobaci¨®n de la cuenta general por el Parlamento, hay documentaci¨®n acreditativa sobre que las ayudas las conced¨ªa Empleo, las pagaba Idea mediante transferencias y que por tanto no exist¨ªa fiscalizaci¨®n previa. Esto no supone juzgar que el Parlamento incumpliese la ley, m¨¢s bien al contrario, dado que todo ello se plasm¨® en una ley. Estimamos que una ley no puede ser ilegal.

P. ?Puede explicar qu¨¦ son las transferencias de financiaci¨®n?

R. No son m¨¢s que dotar de recursos econ¨®micos a un ente p¨²blico para una determinada actividad. En este caso era remitir dinero a la agencia Idea para que materializase el pago de las ayudas de Empleo. La ley de presupuestos al crear este programa presupuestario se limit¨® a regular la fase del pago de las ayudas, desplazando el pago desde Empleo a Idea; con ello no se cre¨® un nuevo procedimiento de subvenciones ni autoriz¨® a nadie a incumplir la ley. Hay muchos otros programas para hacer exactamente lo mismo: transferir dinero a un ente para la realizaci¨®n de una determinada finalidad. Ello en s¨ª mismo no es legal o ilegal.

P. La juez estudia si se produjo debate entre los diputados.

R. Los parlamentarios y miembros de la comisi¨®n de Hacienda y Presupuestos pudieron haber conocido la verdadera finalidad de estas transferencias porque nadie pod¨ªa presuponer que algo ilegal suced¨ªa y por tanto, estuvieron en condiciones de conocer exactamente el detalle de la forma de pago del programa 31L, pero siempre bajo la premisa de que la tramitaci¨®n y concesi¨®n de las ayudas se realizar¨ªa bajo la normativa subvencional. En resumen, las transferencias de financiaci¨®n a Idea [antes IFA] no eran incompatibles con la estricta aplicaci¨®n de la normativa de subvenciones.

P. ?De qu¨¦ manera sab¨ªan los parlamentarios de la partida?

R. En los anexos de la ley de Presupuestos que deben conocer los miembros de la comisi¨®n y el resto de parlamentarios, figura la memoria explicativa de la finalidad del programa 31L. Adem¨¢s, cada tres meses las modificaciones presupuestarias de la 31L deben por imperativo legal remitirse a la comisi¨®n de Hacienda y Presupuestos. Adem¨¢s, en la aprobaci¨®n de la cuenta general [el an¨¢lisis del cumplimiento del presupuesto] que formula el interventor, informa la C¨¢mara y aprueba el Parlamento, se analiza el cumplimiento del programa 31L y se confecciona una ficha de cumplimiento que explica su finalidad.

P. ?Estima que hubo dejaci¨®n desde la C¨¢mara de Cuentas?

R. Es incorrecto el t¨¦rmino porque la 31L ten¨ªa plena cobertura legal, no hab¨ªa dejaci¨®n. Como el fondo era legal, es normal que la C¨¢mara no pusiera ning¨²n reparo en una d¨¦cada al sistema presupuestario.

P. ?Qu¨¦ tiempos procesales maneja Alaya?

R. Lo desconocemos, pero que la causa se env¨ªe al Supremo [por los siete cargos aforados preimputados] no quiere decir que se termine la instrucci¨®n. La magistrada y la Audiencia han mostrado su opini¨®n sobre la indivisibilidad de la causa, y en cualquiera de las dos hip¨®tesis, se env¨ªe a Madrid o se quede en Sevilla, parece que le queda mucho. La naturaleza de la instrucci¨®n y el modelo utilizado, favorece la aparici¨®n de nuevas l¨ªneas de investigaci¨®n, ya que abarca una d¨¦cada, distintas consejer¨ªas y un presupuesto de 1.000 millones.