La regulaci¨®n de manifestaciones dispara la pelea electoral del PP de cara a 2015

Las manifestaciones no son solo un derecho fundamental protegido por la Constituci¨®n y, en contad¨ªsimas ocasiones, un problema de orden p¨²blico, sino tambi¨¦n un arma pol¨ªtica que tanto el presidente regional, Ignacio Gonz¨¢lez (PP), como la alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), est¨¢n esgrimiendo contra la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes (PP). Bajo esa batalla subyace la posibilidad de que Cifuentes pudiera sustituir a Gonz¨¢lez o Botella como candidata en las elecciones municipales y auton¨®micas de mayo de 2015. La decisi¨®n depende solo del presidente del PP, Mariano Rajoy, pero las molestias que las manifestaciones causan a los electores est¨¢n alimentando esa disputa pol¨ªtica.

Hoy el estribillo ha sido, una vez m¨¢s, la supuesta inacci¨®n de Cifuentes ante el elevado n¨²mero de manifestaciones que se celebran en Madrid. Botella ha urgido a la delegada a ¡°tomar medidas¡± para que ¡°la libertad sin l¨ªmite de unos cuantos no cercene los derechos de los dem¨¢s¡±. ¡°El derecho de manifestaci¨®n se puede y se debe regular¡±, ha dicho. Ma?ana, el Pleno municipal aprobar¨¢, con la mayor¨ªa del PP, una proposici¨®n de urgencia para que la Delegaci¨®n del Gobierno ¡°determine una serie de espacios que, a juicio del Ayuntamiento, deben ser especialmente protegidos a la hora de autorizar manifestaciones, como es el caso de entornos hist¨®rico-art¨ªsticos, zonas de gran afluencia tur¨ªstica y los ejes estrat¨¦gicos de transporte¡±. Es decir, Botella no solo quiere prohibir manifestaciones en Sol, como Gonz¨¢lez, sino tambi¨¦n en el paseo de la Castellana o Gran V¨ªa.

Cifuentes, por su parte, ha instado a la alcaldesa a ¡°tramitar sus propuestas medi¨¢ticas por los cauces legales y no a trav¨¦s de los medios¡±. Botella ha condenado esta ma?ana los disturbios violentos causados por decenas de individuos en el centro de Madrid durante la noche del s¨¢bado, que provocaron un centenar de heridos y da?os materiales que valor¨® en 166.000 euros. Pero ha aprovechado, adem¨¢s, para censurar la manifestaci¨®n pac¨ªfica que tuvo lugar antes, y que reuni¨® a decenas de miles de personas contra los recortes sociales.

Esa, y cualquier otra. ¡°La capital del Espa?a no puede tolerar que el espacio p¨²blico de todos sea ocupado sistem¨¢ticamente por los que han hecho de Madrid la diana de las manifestaciones, haciendo rehenes a los madrile?os¡±, ha dicho. En su opini¨®n, habr¨ªa que analizar las convocatorias ¡°caso por caso¡± cu¨¢les mantener y cu¨¢les desviar a las afueras. ¡°Algunas son compatibles con la movilidad y otras no¡±, ha a?adido. Para las segundas, ¡°hay que pactar itinerarios alternativos fuera del coraz¨®n de la ciudad¡±. En la pr¨¢ctica, admiten fuentes municipales, eso llevar¨ªa a prohibirlas todas, o al menos todas aquellas con una movilizaci¨®n considerable, puesto que resulta pol¨ªticamente imposible cribar algunas de un signo y permitir otras del contrario.

Dentro de ese razonamiento, Botella no se limit¨® a detallar los ¡°graves da?os¡± ocasionados por los disturbios violentos (166.000 euros), sino que meti¨® en la misma cuenta el gasto en seguridad (405.000 euros) y limpieza (89.000 euros) por la multitudinaria manifestaci¨®n pac¨ªfica. ¡°En total, m¨¢s de 655.000 euros¡±, sum¨®. ¡°Y ya se est¨¢n anunciando manifestaciones nuevas¡±, a?adi¨®.

La alcaldesa asegur¨® que, para regular el derecho de manifestaci¨®n como ella desea, ¡°no hace falta cambiar ninguna ley¡±. Bastar¨ªa, en su opini¨®n, con que Cifuentes obligara a los organizadores a llevarse su protesta a otra parte.

La delegada del Gobierno replic¨® sin embargo, una vez m¨¢s, que se trata de un derecho fundamental que no requiere de autorizaci¨®n (seg¨²n la Constituci¨®n, solo precisa de ¡°comunicaci¨®n previa a la autoridad¡±), y que ¨²nicamente puede prohibirse ¡°cuando existan razones fundadas de alteraci¨®n del orden p¨²blico, con peligro para personas o bienes¡±.

Adem¨¢s, record¨® Cifuentes, se trata de un derecho que no solo disfrutan los madrile?os sino todos los espa?oles, vivan en el municipio en el que vivan, de forma que regularlo de forma diferente en la capital atentar¨ªa en su opini¨®n contra el principio de igualdad y de no discriminaci¨®n. La cuesti¨®n excede el ¨¢mbito de sus competencias, concluy¨®, por lo que la reuni¨®n que Botella solicit¨® celebrar con ella deber¨ªa llevarla a cabo con los ministerios de Justicia, Hacienda y Cultura, y usando de intermediario a la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios.

Este debate se remonta a septiembre de 2012, cuando Botella se quej¨® por primera vez de que en nueve meses se hab¨ªan celebrado 2.732 manifestaciones en Madrid, que le hab¨ªan costado 3,8 millones de euros en seguridad y limpieza. ¡°Los que se manifiestan son muy pocos y hacen un da?o muy grande a muchas personas¡±, dijo, lamentando ¡°los efectos negativos en inversi¨®n extranjera, turismo e imagen de la ciudad¡±. Botella pidi¨® pues ¡°mesura¡± a los ciudadanos y una compensaci¨®n econ¨®mica al Gobierno para afrontar su cruz como rompeolas del descontento social.

Cifuentes entr¨® al debate: calific¨® la legislaci¨®n de ¡°muy permisiva¡± y apost¨® por ¡°modular¡± el derecho de manifestaci¨®n ante la cifra ¡°desmesurada¡± de protestas, que achac¨® a ¡°grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urnas¡±. Pidi¨® un cambio legal ¡°sin recortar derechos pero racionalizando el uso del espacio p¨²blico¡±. Pero el Gobierno cerr¨® ese debate de cuajo. El ministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, rechaz¨® limitar el derecho a manifestarse. Un a?o y medio despu¨¦s, sin embargo, la Ley de Seguridad Privada impulsada por el Ministerio de Interior puede incluir medidas que lo afecten.

En cualquier caso, el debate se acall¨® hasta que el Gobierno regional alz¨® la voz en febrero de este a?o. Gonz¨¢lez pidi¨® entonces al Ministerio de Interior y a la propia Cifuentes una respuesta ante la ¡°reiteraci¨®n de manifestaciones¡± en la Puerta del Sol. Es all¨ª donde tiene su sede el Gobierno regional; aunque en p¨²blico alude a las quejas de comerciantes, taxistas, turistas o vecinos, en realidad lo que molesta a sus responsables es que las protestas en Sol, de todo tipo y cariz, puedan ser interpretadas por la opini¨®n p¨²blica como dirigidas contra ellos.

Cifuentes contest¨®, y lo ha repetido varias veces desde entonces, que no est¨¢ en su mano prohibir las protestas. Hoy, despu¨¦s de que EL PA?S publicara que la delegada del Gobierno deriv¨® a Sol en diciembre de 2012 una concentraci¨®n que sus organizadores solicitaron celebrar ante el Congreso, el portavoz regional, Salvador Victoria, ha recalcado que ¡°la ley s¨ª permite alterar los itinerarios¡±.

Cifuentes replic¨® que las decisiones judiciales solo sustentan el blindaje del Congreso o la Asamblea regional en d¨ªas de actividad legislativa; cualquier otro intento de interferir en el recorrido de las protestas es sistem¨¢ticamente tumbado por los tribunales, recalc¨®.

Sin embargo, Victoria fue m¨¢s all¨¢ al insinuar una intencionalidad pol¨ªtica: ¡°Madrid es muy grande y empieza a ser sospechoso que todas las manifestaciones se concentren en Sol¡±. Se acerca mayo de 2015, y lo ¨²nico claro es que todos sospechan de todos.