Juristas creen una ¡°barbarie¡± la manera de denegar ayudas a v¨ªctimas de los GAL

El Gobierno central ha cometido, seg¨²n expertos jur¨ªstas vascos, una "barbarie", una "violaci¨®n" y un "vaciamiento de contenidos constitucionales b¨¢sicos" al denegar indemnizaciones a v¨ªctimas de los GAL o del Batall¨®n Basco Espa?ol por entender a trav¨¦s de "meros" informes policiales que participaron en ETA o realizaron actos de delincuencia. El catedr¨¢tico de Derecho Ignacio Mu?agorri la doctora en Derecho Penal Ana P¨¦rez, ambos del Instituto vasco de Criminolog¨ªa, han comparecido en el Parlamento para explicar el informe que han realizado para el Gobierno vasco sobre el encaje jur¨ªdico que tienen las resoluciones denegatorias de ayudas a estas v¨ªctimas.

"Nos hemos quedado perplejos pero tambi¨¦n horrorizados cuando hemos empezado a analizar los recursos", ha asegurado Mu?agorri, cuyo informe ha sido enviado por el Gobierno al Parlamento a principios de marzo. Mu?agorri ha relatado a los grupos parlamentarios que en las resoluciones se habla del convenio europeo de indemnizaciones a v¨ªctimas, creado en 1983 y asumido por Espa?a en 2001. Las denegaciones est¨¢n basadas una reforma legal de 2012 que, seg¨²n el catedr¨¢tico, debiera haber tenido car¨¢cter de ley org¨¢nica, habla de que negar¨¢ las indemnizaciones cuando la v¨ªctima ha participado en delincuencia organizada o pertenece a una organizaci¨®n que perpetra delitos violentos. La aplicaci¨®n de esta previsi¨®n que ha realizado el Ministerio del Interior es, a su juicio, "violentadora de derechos fundamentales".

En las resoluciones que ambos expertos juristas han analizado -son una docena-, la denegaci¨®n argumentada con esas dos excepciones se basa en la "mera" justificaci¨®n de informes de la Guardia Civil y no en sentencias firmes. "Entendemos que no es posible legalmente que en un expediente administrativo se puedan determinar delitos", ha zanjado. Mu?agorri ha asegurado a los parlamentarios que "coincide" con la previsi¨®n de evitar las indemnizaciones a estas v¨ªctimas en caso de que se constate judicialmente, v¨ªa sentencia firme, este extremo, pero ha asegurado que no es el caso.

El catedr¨¢tico ha se?alado que el criterio que est¨¢ siguiendo el Gobierno central es "claramente contrario a la tutela judicial, el principio de inocencia, el principio procesal y la divisi¨®n de poderes". Asimismo, ha se?alado que es "ins¨®lito" que se hable de evitar la parte judicial, ha hablado de que con las resoluciones se pone en pr¨¢ctica una "especie de deslocalizaci¨®n" y un "vaciamiento de garant¨ªas". Por todo ello, ha indicado que "esto se resolver¨¢ en sede judicial".

Solo el parlamentario del PP, Carmelo Barrio, ha defendido las resoluciones del Gobierno central, a lo que Mu?agorri, que fue su profesor de Derecho Penal como ambos han recordado en sus intervenciones, ha respondido asegurando que si ¨¦l hubiese defendido la argumentaci¨®n jur¨ªdica que se ha realizado por parte del Ministerio del Interior en estas ersoluciones "me hubiesen echado de clase a patadas"