El rechazo de ayudas a v¨ªctimas del GAL puede llevar a Interior a prevaricar

El catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad del Pa¨ªs Vasco (UPV/EHU) Ignacio Mu?agorri ha advertido de que el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, pudo haber cometido un delito de "prevaricaci¨®n" por la denegaci¨®n de indemnizaciones a varias v¨ªctimas del GAL y otros grupos terroristas que previamente ya hab¨ªan sido reconocidas legalmente como damnificados por el terrorismo.

Mu?agorri ha comparecido este lunes ante la Comisi¨®n de Derechos Humanos del Parlamento vasco para presentar, junto a la profesora de Derecho Penal Ana P¨¦rez Mach¨ªo, un informe que analiza la denegaci¨®n de ayudas a varias v¨ªctimas del GAL, el Batall¨®n Vasco Espa?ol y la Triple A por parte del Ministerio del Interior.

El informe, que ya se hab¨ªa dado a conocer a mediados de este mes, analiza la decisi¨®n del Ministerio del Interior de denegar varias solicitudes de actualizaci¨®n de ayudas a personas que ya hab¨ªan sido reconocidas previamente como v¨ªctimas del terrorismo y que ya hab¨ªan sido indemnizadas por ello.

Estas personas, al igual que otras a las que s¨ª se concedi¨® la actualizaci¨®n de la ayuda, solicitaban que se les incrementase la indemnizaci¨®n inicial, dado que el importe de este tipo de ayudas se hab¨ªa incrementado por un cambio legislativo posterior.

"Se vac¨ªan de forma inadmisible las garant¨ªas procesales", ha asegurado Mu?agorri

La negativa a revisar las compensaciones por parte del Gobierno central se sustenta en el art¨ªculo 8.2 del 'Convenio Europeo sobre Indemnizaciones a v¨ªctimas de delitos violentos'. Este art¨ªculo establece la posibilidad de "reducir o suprimir las indemnizaciones si la v¨ªctima o solicitante particip¨® en delincuencia organizada o pertenece a una organizaci¨®n que perpetra delitos violentos".

El informe, tal y como ha explicado Mu?agorri, considera que el Ministerio del Interior "desvirtu¨®" el contenido del referido convenio, puesto que bas¨® su decisi¨®n de denegar la actualizaci¨®n de ayudas en meros informes policiales u otro tipo de elementos probatorios "insuficientes" --referidos a la supuesta vinculaci¨®n de los solicitantes con el entorno de ETA-- ante el derecho a la presunci¨®n de inocencia y a las debidas garant¨ªas jur¨ªdicas.

A su juicio, para rechazar una petici¨®n de indemnizaci¨®n a una v¨ªctima del terrorismo reconocida como tal y hacerlo sobre la base del convenio europeo sobre esta materia, ser¨ªa necesario que exista una condena judicial firme que acredite la participaci¨®n delictiva o pertenencia a organizaci¨®n criminal de la que habla el art¨ªculo 8.2.

En opini¨®n de Mu?agorri, con esta interpretaci¨®n "arbitraria" y "falsaria" del texto europeo, el Ministerio "vulnera" el principio de legalidad, la separaci¨®n de poderes, la presunci¨®n de inocencia. "Se atribuye a un mero informe policial una capacidad de prueba capaz de destruir la presunci¨®n de inocencia", ha censurado.

En la misma l¨ªnea, ha alertado de que con este procedimiento "se vac¨ªan de forma inadmisible las garant¨ªas procesales y el principio de la separaci¨®n de poderes". El catedr¨¢tico de Derecho Penal ha llegado a plantear la posibilidad de que el propio ministro del Interior haya podido incurrir en un delito de prevaricaci¨®n por la forma en la que se ha gestionado este asunto. Este tipo penal se refiere a aquellos casos en los que una autoridad dicta una resoluci¨®n a sabiendas de que es injusta.

De hecho, ha asegurado que "estudiando el tipo delictivo recogido en el art¨ªculo 404 del C¨®digo Penal (referido a la prevaricaci¨®n), s¨ª vemos que est¨¢n todos los elementos del tipo: los subjetivos, tanto el cognitivo como el volitivo, y el elemento de resultado objetivo a partir de los supuestos de hecho que recoge el tipo de prevaricaci¨®n", ha manifestado.

Este experto ha alertado de que con este tipo de actitudes se est¨¢ produciendo "un vaciamiento de contenidos constitucionales b¨¢sicos". A su juicio, este tema puede acabar dirimi¨¦ndose en los tribunales de justicia y llegar incluso al Tribunal de Derechos Humanos de la UE.