La juez Alaya embarga los bienes de tres ex altos cargos de la Junta

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha embargado distintas propiedades al exviceconsejero de Empleo Justo Ma?as y a los exdirectores generales de Presupuestos Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera para cubrir sus fianzas civiles de 7,2 millones, 46,6 y un mill¨®n de euros, respectivamente.

La secretaria del juzgado de instrucci¨®n 6 de Sevilla acuerda embargar a Ma?as un piso en la calle Rafael Salgado de Sevilla, un veh¨ªculo Citro?n Xsara, sus saldos bancarios y las posibles devoluciones de la Agencia Tributaria. Alaya impuso a Ma?as una fianza civil de 7,2 millones porque durante su mandato entre 2010 y 2012 fue informado de lo que hab¨ªa acontecido con las ayudas que otorgaba la direcci¨®n general de Trabajo pero "incumpli¨® con el deber legal de poner los hechos en conocimiento de la Justicia".

Por otra parte, el juzgado embarga a Lozano un piso de M¨¢laga, inscrito con car¨¢cter ganancial, y el 33% de una finca urbana de And¨²jar (Ja¨¦n), as¨ª como sus saldos bancarios y las devoluciones pendientes de la Agencia Tributaria. A Buenaventura Aguilera le embarga su participaci¨®n en un total de nueve inmuebles urbanos o fincas r¨²sticas en Priego de C¨®rdoba (C¨®rdoba), as¨ª como sus saldos bancarios y devoluciones pendientes de la Agencia Tributaria.

En septiembre de 2013, la juez Alaya impuso una fianza de responsabilidad civil de 46,6 millones de euros a Lozano por su papel en las transferencias de financiaci¨®n que se usaron para "obviar el procedimiento legal". La juez dijo entonces que Lozano, que ocup¨® el cargo entre 2002 y 2009, reconoci¨® en su declaraci¨®n que la partida de las transferencias de financiaci¨®n "no pod¨ªa utilizarse para conceder subvenciones" y que, al obviar el procedimiento legalmente previsto para gastos de esta naturaleza, se evitaba "la fiscalizaci¨®n previa por parte de la Intervenci¨®n General". A la hora de cuantificar la fianza, "nos encontramos con la complejidad de las altas cifras que se han utilizado sin el menor control en cada ejercicio econ¨®mico", dijo Alaya, y a?adi¨® que este hecho fue consentido, entre otros, por Lozano.

En cuanto a Aguilera, quien fue director general entre 2009 y 2012, la fianza de un mill¨®n de euros se justific¨® como presunto responsable del "mantenimiento del sistema de concesi¨®n de ayudas al margen del procedimiento legal de subvenciones".

Ma?as, Lozano y Aguilera se encuentran entre la veintena de ex altos cargos del gobierno andaluz imputados en junio de 2013 en el caso de los ERE, entre ellos la exministra y exconsejera Magdalena ?lvarez, contra quien Alaya ha iniciado el proceso para embargarle bienes por importe de 29,6 millones de euros.