Las ONG exigen una condena ejemplar a Blasco por el fraude de las ayudas

Desde que hace cuatro a?os estall¨® el caso Cooperaci¨®n, que es como se denomina el presunto expolio de ocho millones de euros de las ayudas de la Generalitat al tercer mundo a cargo de la red pilotada presuntamente por el exconsejero del PP Rafael Blasco, el centenar de ONG valencianas que combate la pobreza insiste en una idea: la justicia ha destapado una red corrupta. A un entramado aislado que perpetr¨® los delitos de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n durante el mandato del ocho veces consejero Rafael Blasco (2008-2010). Y que una de las p¨¢ginas m¨¢s putrefactas de la pol¨ªtica valenciana, el saqueo de fondos destinados a pa¨ªses empobrecidos, no debe salpicar al trabajo de las 125 organizaciones sin ¨¢nimo de lucro sometidas a controles permanentes como la inscripci¨®n de un registro que acredita experiencia y naturaleza jur¨ªdica.

En esta l¨ªnea, las ONG insisten en separar el grano de la paja y en denominar la causa como caso Blasco frente a la usual designaci¨®n caso Cooperaci¨®n.

Este martes, el portavoz de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Carles L¨®pez, a?adi¨® a este argumento una derivada: los fondos saqueados por la supuesta trama corrupta deben regresar a la Generalitat. Y de ah¨ª, a las ONG.

L¨®pez compareci¨® ante el edificio de Valencia de la Fundaci¨®n Cultural y de Estudios Sociales (Fundaci¨®n Cyes), la organizaci¨®n que us¨® en 2008 una subvenci¨®n de 1,8 millones de la Consejer¨ªa de Solidaridad, dirigida por Blasco, para construir dos pozos en Nicaragua a la compra de pisos y plazas de garaje en Valencia. Al pa¨ªs centroamericano solo llegaron 43.000 euros. Y ahora las ONG reclaman que los inmuebles escriturados a nombre de Cyes, una fundaci¨®n que fue subvencionada por Blasco sin cumplir los requisitos, pasen a la Generalitat.

La coordinadora denuncia que la Generalitat incumple la financiaci¨®n

¡°Debemos seguir luchando contra la pobreza. Necesitamos que el dinero retorne a la cooperaci¨®n¡±, clam¨® L¨®pez flanqueado por una treintena de representantes de ONG con pancartas que reclamaban ¡°dignidad¡±. Tambi¨¦n, justicia o verg¨¹enza.

El sector de la cooperaci¨®n, denunci¨®, encaja desde 2009 un tijeretazo de los fondos p¨²blicos del 95%. Y la Ley Valenciana de Cooperaci¨®n, que establece que un 0,7% del Presupuesto de la Generalitat (17.088 millones) debe destinarse al tercer mundo, no se cumple. Solo recibe el 0,019%: tres millones de euros.

La Coordinadora Valenciana de ONGD admite que los hechos juzgados son una m¨¢cula que se suma al desplome de las aportaciones privadas por la crisis de un promedio del 20%. Y afectan a un colectivo que re¨²ne a m¨¢s de 15.000 voluntarios y un centenar de trabajadores.

El sector pide ¡°ejemplaridad¡± en la primera sentencia que dictar¨¢ el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) sobre el presunto expolio de las ayudas a Nicaragua. Las ONG consideran probados los delitos atribuidos a los nueve acusados del saqueo. Y se muestran satisfechas con las peticiones de pena solicitadas por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, las tres acusaciones populares (14 a?os) y la Abogac¨ªa de la Generalitat (11). ¡°Estamos muy ilusionados con esa justicia que act¨²a contra la corrupci¨®n. El juicio ha funcionado muy bien y est¨¢n probados los delitos de acusaci¨®n. Somos optimistas¡±, indic¨® L¨®pez, que es el responsable de la ONG de comercio justo La Tenda de Tot el M¨®n.

Las organizaciones conf¨ªan en que los nueve acusados vayan a prisi¨®n

Esa confianza se basa en los indicios delictivos desplegados durante la vista oral que apuntan a que el departamento de Blasco maniobr¨® supuestamente para adjudicar la ayuda a Cyes, una organizaci¨®n que escritur¨® los inmuebles a su nombre y no devolvi¨® el dinero tras conocerse que la partida concebida para abastecer de agua Nicaragua acab¨® en el ladrillo. Y que, como revel¨® durante el juicio el interventor del Estado, Joaqu¨ªn Falomir, acredit¨® sus trabajos solidarios con facturas de viajes, hoteles y restaurantes sin relaci¨®n con el proyecto final del dinero en el pa¨ªs centroamericano.

El centenar de organizaciones que forman la coordinadora desarrollaron una campa?a para costear la acusaci¨®n popular en la causa que ha sentado en el banquillo del TSJ a la c¨²pula de la extinta consejer¨ªa de Solidaridad. Y ahora se preparan para participar en el juicio de la segunda pieza del caso Cooperaci¨®n, que indaga el desv¨ªo millonario de fondos para la construcci¨®n de un hospital Hait¨ª. Esta parte afecta a cinco ONG entre los a?os 2009 y 2011 y contempla a una alambicada red de facturaci¨®n para eludir el rastro del dinero.