Una juez instalada en la pol¨¦mica

Equivocaciones, pol¨¦micas, rectificaciones, lapsus, decisiones controvertidas¡­ Con mayor o menor intensidad, pero siempre con regularidad, la instrucci¨®n de la juez Mercedes Alaya en el caso ERE est¨¢ pre?ada de resoluciones que provocan encendidos debates y discusiones subidas de tono. La complejidad, pero sobre todo el descomunal tama?o de la causa, son las excusas que alegan sus defensores. Pero en su d¨ªa la juez rechaz¨® la ayuda que le ofreci¨® el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) para contar con dos jueces de refuerzo y desatascar su juzgado. Sus detractores vieron dosis de soberbia y su entorno defendi¨® la soberan¨ªa del juez de instrucci¨®n, considerada sagrada.

La magistrada dispone desde hace un a?o de un juez de refuerzo para los asuntos menores, lo que le ha permitido centrarse en las grandes causas, aunque esto no ha frenado los errores. El enfrentamiento soterrado que mantuvo con los dos jueces del frustrado reparto de casos en su juzgado da pistas sobre la fuerte y dif¨ªcil personalidad de Alaya. Sus autos est¨¢n plagados de juicios de valor y una prosa inconfundible. La definici¨®n de su propio equipo como "unos pocos incansables" se asemej¨® a una met¨¢fora sobre los intocables de Eliot Ness que lucharon durante la ley seca como los ¨²nicos incorruptibles. En tres a?os de instrucci¨®n, Alaya ha protagonizado hitos de mayor o menor relevancia.

? La Guardia Civil en las Cortes. Esta semana Alaya ha enviado al Congreso y al Senado a la Guardia Civil para que notificara a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y al exconsejero Jos¨¦ Antonio Viera su auto de preimputaci¨®n del pasado diciembre. Ante el revuelo causado y la respuesta meridiana de las C¨¢maras ¡ªque indicaron que solo se relacionan con el Tribunal Supremo¡ª, la juez rectific¨® despu¨¦s de excusar su in¨¦dita maniobra en que no hab¨ªa sido posible notificarles el auto en sus domicilios. Una simple diligencia a las fuerzas de seguridad habr¨ªa evitado el incidente.

? Investigaci¨®n al Parlamento. Hace varias semanas, Alaya inici¨® una v¨ªa de investigaci¨®n muy peliaguda, al indagar si los diputados de la Comisi¨®n de Hacienda hab¨ªan debatido sobre el fondo de los ERE. Los diputados mantienen su fuero y ning¨²n juez de instrucci¨®n puede indagar en sus gestiones, sino que deben remitir sus indicios al TSJA, pero Alaya ha ignorado esta premisa. El Parlamento expres¨® su queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la inviolabilidad de sus diputados.

? Aforados bajo sospecha. La preimputaci¨®n dictada por Alaya de los dos expresidentes y los cinco exconsejeros ha sido su decisi¨®n m¨¢s pol¨¦mica hasta la fecha. A diferencia del resto de jueces de instrucci¨®n que han remitido causas al Supremo, Alaya recurri¨® al art¨ªculo 118 bis del C¨®digo Penal para informar de los indicios penales que dispon¨ªa contra los cargos aforados. La magistrada arguye que la causa es "inescindible" y esto le impide por ahora remitir la rama pol¨ªtica de la financiaci¨®n del fondo al alto tribunal. La Audiencia, la fiscal¨ªa y m¨²ltiples voces jur¨ªdicas se oponen a que Alaya retenga la investigaci¨®n, pero ella se resiste. Adem¨¢s, esta semana el atestado de la Guardia Civil sobre la Sierra Norte incluye valoraciones incriminatorias sobre Viera y otros dos aforados, los diputados Jos¨¦ Caballos y Francisco Vallejo.

? Prohibici¨®n a los abogados. El pasado verano, la juez vet¨® que algunos abogados defendieran a varios imputados a la vez por "contraposici¨®n de intereses" y para "evitar desequilibrios". Los abogados apelaron con vehemencia ante la Audiencia, pero antes de que los jueces se pronunciaran, Alaya rectific¨®. Para su viraje, la juez aleg¨® "motivos de eficacia y agilidad". En un principio hab¨ªa argumentado que el hecho de compartir abogado pod¨ªa perjudicar a los imputados con intereses contrapuestos y ella deb¨ªa velar por su derecho de defensa. Incluso advirti¨® a los letrados del art¨ªculo 467 del C¨®digo Penal (por el que se arriesgaban a una inhabilitaci¨®n de cuatro a?os), pero en solo dos meses, Alaya cambi¨® de parecer, dio marcha atr¨¢s y olvid¨® sus advertencias.

? Trato preferente a una imputada. La juez tard¨® m¨¢s de un a?o en imponer una fianza civil a la t¨¦cnica de la Consejer¨ªa de Empleo Mar¨ªa Jos¨¦ Rofa, despu¨¦s de valorar su "colaboraci¨®n" con la justicia. Pero la queja de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n fue sonora por dos motivos: porque Rofa se hab¨ªa negado a declarar en el juzgado y los fiscales no ve¨ªan colaboraci¨®n alguna, y porque el retraso en imponer la fianza se asemejaba a un trato de favor in¨¦dito en el caso, ya que las fianzas no suelen retrasarse m¨¢s de un mes. "Inexplicablemente han pasado m¨¢s de 14 meses hasta que la magistrada ha tomado una decisi¨®n (¡­) Resulta extra?a tal dilaci¨®n", lamentaron los fiscales. Y acusaron a Alaya de mentir de manera velada: "Los argumentos de la magistrada pueden y deben ser rotundamente rechazados por no ajustarse a la realidad". Rofa hab¨ªa suministrado a la Guardia Civil unos documentos en los que relataba las tripas de la Consejer¨ªa de Empleo desde su perspectiva, pero estos fueron incorporados a la causa con mucho retraso y solo de manera parcial. Tras ordenarlo la Audiencia, Alaya rectific¨® e impuso una fianza civil de dos millones. Eso s¨ª, en su auto dej¨® claro que lo hac¨ªa "por imperativo legal", una f¨®rmula poco habitual y que denota que decretaba la medida cautelar solo porque sus superiores se lo impon¨ªan. Durante el ¨²ltimo a?o, las disputas con la fiscal¨ªa han aumentado su acritud de manera notable.

? Informaci¨®n ocultada a las partes. La juez qued¨® en evidencia al demostrar que dispon¨ªa de una declaraci¨®n relevante de un interventor imputado antes que las partes. La Guardia Civil tom¨® declaraci¨®n al interventor Juan Luque en julio de 2012 y el 27 de junio de 2013 los agentes remitieron el testimonio a la juez. Pero esta se retras¨® tres meses en trasladarla a las partes y les inform¨® de que ella hab¨ªa recibido el oficio "el pasado 30 de septiembre". Sin embargo, el 25 de julio Alaya evidenci¨® que dispon¨ªa del testimonio al formular una pregunta al ex interventor general Manuel G¨®mez durante su declaraci¨®n. La magistrada aleg¨® que todo se trat¨® de un ¡°mero error sin trascendencia alguna¡±. Esta a?adi¨® que los agentes le entregaron dos legajos, uno para ella con la declaraci¨®n de Luque y otro para las partes, sin este testimonio. La declaraci¨®n de Luque era importante porque inclu¨ªa un documento clave de cuatro interventores sobre el sistema de pago de los ERE, que se alineaba con las tesis de la Junta y contraven¨ªa las opiniones de Alaya.

? ¡°Cambio radical de criterio¡±. Al percatarse de esta ocultaci¨®n de informaci¨®n relevante, varios altos cargos pidieron la anulaci¨®n de sus declaraciones prestadas en el juzgado, por lo que apelaron a la Audiencia. Y en su respuesta, los jueces no entraron al fondo del asunto porque la ley imped¨ªa resolver el incidente de nulidad planteado, pero aprovecharon para censurar que Alaya hubiera "cambiado radicalmente de criterio en dos d¨ªas". "No dejamos de observar la peculiaridad del supuesto", incidieron los magistrados sobre el cambio de parecer en menos de 48 horas, ya que en un principio Alaya admiti¨® el incidente de nulidad propuesto por los imputados y dos d¨ªas despu¨¦s decidi¨® rechazarlo.

? Actas del Consejo de Gobierno. Un punto ¨¢lgido del enfrentamiento entre la Junta y Alaya vino tras la petici¨®n de la juez de las 492 actas de las actas de Gobierno de la d¨¦cada de pago de los ERE, que devino en un conflicto de jurisdicci¨®n que resolvi¨® el Supremo a favor de Alaya. Desde entonces, ninguna resoluci¨®n de Alaya ha mencionado el contenido de las actas.

? Calendario judicial y pol¨ªtica. Varios autos que acapararon titulares sonoros han coincidido con fechas muy se?aladas en la pol¨ªtica andaluza. El ¨²ltimo ejemplo sucedi¨® mientras el Gobierno de Susana D¨ªaz tomaba posesi¨®n el pasado septiembre y Alaya soltaba el bombazo de la preimputaci¨®n de los siete aforados. Antes, las declaraciones del exdirector de Trabajo Javier Guerrero y su exch¨®fer Juan Francisco Trujillo coincidieron con la precampa?a de las elecciones auton¨®micas. En 2011, la juez hab¨ªa citado al entonces candidato de IU a la alcald¨ªa de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, para declarar por el caso Mercasevilla d¨ªas antes de los comicios locales.