Alaya imputa a un exedil del PP, un dirigente de CC OO y otras 13 personas
El n¨²mero de acusados del caso se eleva ya a 166 La juez ordena la b¨²squeda y captura de un empresario
![Javier Mart¨ªn-Arroyo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fbe822ad5-55c4-471f-a6de-f8ffe65744e8.png?auth=11b4c18a3c700fde6547c09f2549e6d80e1874bb354890d63a358496e8f9c883&width=100&height=100&smart=true)
![La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/XEJFYDB3AYCXJMUFWHLHLLFQ5U.jpg?auth=07f67a0ff290e33274d6350a51a77d087d7e33914ff77a4bf34e7d53521ef6fa&width=414)
La juez Mercedes Alaya?aliment¨® ayer la espiral del caso ERE con 15 nuevas imputaciones y dos pasos simb¨®licos: el primer dirigente nacional de un sindicato (CC OO) y el primer exdiputado provincial del PP, en una causa protagonizada por ex altos cargos socialistas con responsabilidad en la Junta de Andaluc¨ªa.
La magistrada se fij¨® ayer en las sobrecomisiones pagadas en los ERE, as¨ª como en ciertas empresas beneficiadas de la Sierra Norte sevillana. En un nuevo auto, Alaya elev¨® el n¨²mero de acusados hasta los 166, entre ellos Jos¨¦ Luis Montesinos, secretario de Organizaci¨®n y Finanzas de la federaci¨®n estatal de Industria de CC OO, y Ram¨®n Polo, exdiputado provincial del PP en Ja¨¦n y ex edil de La Carolina.
Alaya desliza la posibilidad de que haya nuevas imputaciones tan pronto acabe de analizar el ¨²ltimo atestado de la Guardia Civil sobre la Sierra Norte sevillana, as¨ª como el informe de los Mossos d'Esquadra sobre la consultora catalana Vitalia, que ha provocado la imputaci¨®n de Montesinos.
Tras el registro en la sede de Vitalia, los Mossos trasladaron a la Guardia Civil nuevos datos que han destapado m¨¢s intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas que cobraron una prestaci¨®n que no les correspond¨ªa). Tambi¨¦n revelan c¨®mo sus p¨®lizas fueron una ¡°contraprestaci¨®n¡± por haber captado operaciones para la consultora ¡°en su lucha con otras mediadoras¡±, seg¨²n destaca la juez. Como consultora de los ERE, Vitalia obtuvo sobrecomisiones y un peque?o porcentaje de estas revirti¨® en los protagonistas que le ayudaron a posicionarse ante la Junta, las empresas y los sindicatos, seg¨²n la juez.
Alaya ya hab¨ªa cifrado en 4,2 millones las comisiones percibidas por los sindicatos en los ERE, y ahora abunda en c¨®mo se convirtieron en ¡°una importante fuente de informaci¨®n sobre empresas en crisis que pudieran estar interesadas en procesos de reestructuraci¨®n de plantilla y a cambio recibir¨ªan dinero de la consultora¡±. Por ello, tras haber acusado a cuatro dirigentes del sindicato en Andaluc¨ªa, la juez imputa al n¨²mero dos estatal de Industria en CC OO, al que achaca haber incluido como intrusos a personas vinculadas al sindicato. El pasado octubre su l¨ªder, Ignacio Fern¨¢ndez Toxo, defendi¨® el papel de CC OO en los ERE al presentar los resultados de su investigaci¨®n interna, aunque s¨ª admiti¨® ¡°desorden¡± en algunos casos, pero sin ¡°enriquecimiento il¨ªcito¡±. Toxo subray¨® que la investigaci¨®n estaba sujeta a cambios dado que la instrucci¨®n judicial segu¨ªa en marcha.
La Guardia Civil ya pidi¨® a Alaya el pasado oto?o la imputaci¨®n de seis sindicalistas, entre ellos varios l¨ªderes estatales de UGT y CC OO.
Entre los intrusos acusados destacan el ex secretario general del Metal de UGT en Ja¨¦n, Manuel Morales, y Ram¨®n Polo, exdiputado y exedil del PP, incluido en la empresa Cer¨¢micas Syre para percibir una p¨®liza de 31.722 euros que no le correspond¨ªa y cuyo importe ahora le reclama la Junta de Andaluc¨ªa. Asimismo, Alaya imputa al gerente en C¨®rdoba de la federaci¨®n de cooperativas de trabajo social Faecta, Francisco Moyano por recibir 120.000 euros ¡°sin mediar solicitud alguna¡±. En este punto Alaya censura a la Junta por no haber reclamado dicha suma a la federaci¨®n al concluir que no fue la ¡°verdadera beneficiara¡± tras concluir una investigaci¨®n hace un a?o.
En paralelo, la magistrada ordena a la Guardia Civil que detenga al empresario J. ?. M. M., due?o de la firma Gestifesa, dedicada a la asesor¨ªa para la obtenci¨®n de subvenciones p¨²blicas y para la que trabaj¨® durante un tiempo el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, que concedi¨® la mayor¨ªa de las subvenciones investigadas.
En su auto, Alaya fija un calendario de declaraciones para esta y la pr¨®xima semana que incluye a los exconcejales socialistas y empresarios de la Sierra Norte sevillana Jos¨¦ Enrique Rosendo y Jos¨¦ Mar¨ªa Sayago, que recibieron casi 17 millones en subvenciones desde la Junta.
Por otra parte, Joaqu¨ªn Yvancos, exabogado de Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Mateos, declar¨® ayer como imputado ante Alaya e implic¨® al secretario de Pol¨ªtica Municipal del PSOE federal y exvicepresidente de la Junta Gaspar Zarr¨ªas, al acusarle de beneficiar al empresario jerezano. Seg¨²n su testimonio, Ruiz Mateos llamaba a Zarr¨ªas ¡°el virrey de Andaluc¨ªa¡±, y relata varias reuniones y peticiones por parte del alto cargo socialista aforado. El letrado mencion¨® que Ruiz Mateos le cont¨® c¨®mo Zarr¨ªas le hab¨ªa pedido que comprara la f¨¢brica de Yoplait en Sevilla y levantara otra de Primayor en Ja¨¦n, localidad de origen de Zarr¨ªas. A cambio, el diputado socialista a Cortes le ofreci¨® ¡°echar una mano en el PSOE, para ver si se arreglaba el tema de la vieja Rumasa¡±, seg¨²n el testimonio del abogado. Yvancos, imputado por cohecho, tr¨¢fico de influencias y falsedad, tild¨® de ¡°fluida¡± la relaci¨®n entre Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Mateos (hijo) y Zarr¨ªas. Este se limit¨® ayer a despreciar su testimonio: ¡°No merece el m¨¢s m¨ªnimo comentario¡±, informa Europa Press.
Cursos de formaci¨®n
Por otra parte, el supuesto fraude cometido por algunas empresas en los cursos de formaci¨®n pagados con fondos p¨²blicos en M¨¢laga, amenaza la estabilidad del Gobierno andaluz de PSOE e IU, resquebrajada tras la crisis provocada por el realojo de las familias de la corrala La Utop¨ªa (Sevilla). Los socialistas aseguraron ayer que no apoyar¨¢n una comisi¨®n de investigaci¨®n en el Parlamento andaluz si los populares as¨ª lo solicitan. IU, por su parte, no descarta "absolutamente nada". "Tenemos que garantizar ante la sociedad andaluza que se sepa la verdad de esas presuntas irregularidades¡±, defendi¨® el coordinador general de IU, Antonio Ma¨ªllo.
Actualizaci¨®n
En cumplimiento de una reclamaci¨®n de derecho al olvido, el nombre y apellidos de una de las personas mencionadas en este art¨ªculo han sido sustituidos por iniciales.
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