El alcalde de Ourense y su antecesor, ante el juez por presuntos enchufes
El juez investiga la colocaci¨®n de t¨¦cnicos contratados por asistencias t¨¦cnicas Todos ellos acabaron finalmente con puesto fijo en el Ayuntamiento ourensano Tambi¨¦n ha acudido a declarar como imputada la teniente de alcalde, ?urea Soto
El gobierno socialista de Ourense vuelve a desfilar por los juzgados. El alcalde, Agust¨ªn Fern¨¢ndez, el exalcalde Francisco Rodr¨ªguez y la teniente de alcalde, ?urea Soto, han declarado ante el juez en calidad de imputados por presuntos enchufes en la Concejal¨ªa de Urbanismo, de la que es titular Soto
El juez investiga la colocaci¨®n de t¨¦cnicos contratados previamente mediante asistencias t¨¦cnicas de forma reiterada, que finalmente acabaron con puesto fijo en el Ayuntamiento. Los sindicatos denunciaron supuestos delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. El PP se sum¨® despu¨¦s a la causa ampliando la denuncia con m¨¢s documentaci¨®n. Tambi¨¦n est¨¢ denunciada la directora general de Personal, Carmen Rodr¨ªguez Dacosta, aunque no ha sido citada ante el juez.
En este proceso ya han declarado otras nueve personas en calidad de testigos, entre ellos cinco de los presuntos enchufados o el interventor. La investigaci¨®n considera clave el papel del alto funcionario, ya que emiti¨® reparos que fueron tumbados por el alcalde y el exalcalde. Los denunciantes alegan la existencia de un informe del servicio jur¨ªdico municipal que alertaba de la ilegalidad e incluso aseguran que realizaban sus tareas en dependencias municipales junto a los funcionarios. Los presuntos enchufados denunciaron su relaci¨®n laboral con la administraci¨®n y el Gobierno local, entre readmitirlos o indemnizarlos por despido, opt¨® por endosarlos a la plantilla p¨²blica con puesto fijo.
El actual regidor ¨Cel ¨²nico que ha realizado declaraciones¨C ha defendido la actuaci¨®n de los denunciados y ha asegurado que est¨¢n ante el juez por culpa de ¡°la oposici¨®n que instrumentaliza la justicia con intereses partidistas para desgastar al gobierno¡±. Agust¨ªn Fern¨¢ndez record¨® que la Xunta de Galicia formaliz¨® a trav¨¦s de asistencias t¨¦cnicas, medio centenar de contratos de personal que fue readmitido en 2010 como laboral indefinido. Tambi¨¦n matiz¨® que son contrataciones ¡°contempladas en la Ley de Contratos de la Administraci¨®n P¨²blica, muy habituales en todas las administraciones¡±.
Los supuestos enchufes son la primera causa que ha llevado al alcalde ourensano ante el juez. Previsiblemente no ser¨¢ la ¨²ltima. Est¨¢ imputado por presunta prevaricaci¨®n en el caso de la reurbanizaci¨®n de la calle Bedoya, por adjudicar la obra de 600.000 euros a dedo y sin publicidad. Por esta misma denuncia tambi¨¦n permanecen imputados el exregidor Francisco Rodr¨ªguez y la edil ?urea Soto, al igual que toda la Junta de Gobierno de 2008 que formaliz¨® el contrato. Rodr¨ªguez suma tres imputaciones (Operaci¨®n Pok¨¦mon, calle Bedoya y asistencias t¨¦cnicas), mientras que Soto acumula cinco, todas ellas por prevaricaci¨®n o malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.
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Vendex al rescate
A los pol¨ªticos ourensanos imputados ha estado a punto de protegerles la empresa sobre la que gira la trama corrupta de la Operaci¨®n Pok¨¦mon que salpica a algunos de ellos. Una furgoneta del grupo Vendex hac¨ªa guardia frente a los juzgados desde primera hora de la ma?ana, cargada con vallas antitumultos. Las sospechas de que la expectaci¨®n medi¨¢tica y ciudadana provocase el caos en la puerta del Palacio de Justicia (al igual que en la declaraci¨®n del expresidente de la diputaci¨®n Jos¨¦ Luis Baltar) motiv¨® la planificaci¨®n de un dispositivo de seguridad en el que se preve¨ªa un cord¨®n policial para proteger a los pol¨ªticos de las masas.
Pero gran parte de los agentes desplazados para la ocasi¨®n acabaron por abandonar la zona a los pocos minutos, tras comprobar que el ¨²nico revuelo era el de los flashes de las c¨¢maras fotogr¨¢ficas. S¨ª permaneci¨® de guardia, impert¨¦rrito, el operario de Vendex encargado de custodiar las vallas que no llegaron a abandonar la furgoneta del Ayuntamiento de Ourense aparcada en la puerta. La calma era absoluta y tras declarar ante el titular del juzgado de instrucci¨®n uno, el mismo que instruy¨® la denuncia de los enchufes de Baltar, se desplazaron tranquilamente hasta una cafeter¨ªa cercana.
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