Alaya impone una fianza de 26 millones a dos empresarios de la Sierra Norte

La juez del caso ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de algo m¨¢s de 26 millones a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla Jos¨¦ Mar¨ªa Sayago y Jos¨¦ Enrique Rosendo, a quienes acusa de haber recibido 34 millones de euros en ayudas ¡°il¨ªcitas¡± de la Consejer¨ªa de Empleo. La magistrada imputa a los dos empresarios sevillanos ¡ªquienes declararon el 29 de abril¡ª por delitos de malversaci¨®n, prevaricaci¨®n y un delito de tr¨¢fico de influencias.

La magistrada Alaya se?ala que Sayago y Rosendo hab¨ªan constituido un ¡°numeroso grupo de empresas, estrechamente interrelacionadas entre s¨ª, en el que muchas de ellas carec¨ªan de actividad y trabajadores, siendo su objeto real la percepci¨®n de ayudas de la Junta de Andaluc¨ªa¡±. A trav¨¦s de este entramado empresarial y ¡°en connivencia¡± con responsables de la Administraci¨®n andaluza, dichas sociedades habr¨ªan percibido 34 millones de euros a trav¨¦s de ¡°m¨²ltiples subvenciones¡±. Entre ellas, destaca ¡°por su especial concentraci¨®n¡± las recibidas por Matadero de la Sierra Morena (7,4 millones). Asimismo, la juez se?ala que entidades como Arcadia, Sodelp y Marco de Estudios recibieron ayudas por m¨¢s de dos millones.

En cuanto al funcionamiento interno del entramado empresarial, Alaya se?ala que Sayago era la persona que ¡°constantemente¡± acud¨ªa a la Consejer¨ªa de Empleo para conseguir el pago de las ayudas ¡ª¡°una o dos veces por semana acud¨ªa personalmente y tambi¨¦n realizaba tales reclamaciones por escrito¡±¡ª. Por su parte, Rosendo ¡°asum¨ªa la superior direcci¨®n del grupo¡±. Seg¨²n la juez, estas operaciones se tradujeron en ¡°un enriquecimiento personal¡± de los acusados gracias a la acumulaci¨®n de subvenciones recibidas ¡°en detrimento de los intereses generales¡±.

Alaya recuerda en el escrito que, a pesar de tratarse de ayudas del programa 31L de la Direcci¨®n General de Trabajo, ¡°ninguna de estas ayudas se dedic¨® a la promoci¨®n del empleo, pues muchas de estas empresas no ten¨ªan trabajadores¡± y otras recibieron ¡°ayudas muy desproporcionadas¡± al n¨²mero de contratados que ten¨ªan. Entre los pocos empleados, a?ade la magistrada, se encontraban una hija del exconsejero de Empleo Jos¨¦ Antonio Viera, quien ¡°lleg¨® a cobrar en un a?o 48.189 euros como supuesta responsable de comunicaci¨®n del grupo¡±; as¨ª como un hijo del presidente de la Junta Rectora del Parque de la Sierra Norte, Jos¨¦ Caballos, quien durante ocho meses como director de m¨¢rketing cobr¨® 34.892 euros.

Al fijar la fianza, solidaria entre los dos imputados, la juez tiene en cuenta el peligro que puede causar el retraso en la causa, el principio de proporcionalidad y los 16,9 millones que las empresas de los imputados percibieron directamente de los fondos p¨²blicos andaluces.