La Guardia Civil de Lugo denuncia a la juez de los casos Carioca y Pok¨¦mon
El instituto armado acusa de diversas pr¨¢cticas irregulares a Pilar De Lara La magistrada investiga supuestas mafias policiales y una red de corrupci¨®n pol¨ªtica
Las viejas hostilidades entre una parte de la Guardia Civil de Lugo y la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de la ciudad, Pilar de Lara, que investiga los casos m¨¢s sonados en Galicia por presunta corrupci¨®n pol¨ªtica y mafias policiales en connivencia con la prostituci¨®n, se han enconado en las ¨²ltimas semanas. La Comandancia del instituto armado en Lugo remiti¨® el pasado febrero al Juzgado n¨²mero 3 un atestado con la firma de uno de sus agentes que atribuye a De Lara diversas pr¨¢cticas irregulares. La denuncia incluye un escrito an¨®nimo en el que alguien que se presenta como ¡°miembro de las fuerzas de seguridad del Estado¡± asegura que la juez ha ordenado ¡°pinchazos telef¨®nicos masivos y sin control¡± a pol¨ªticos y empresarios. Ese mismo an¨®nimo lleg¨® tambi¨¦n a manos del alcalde de Lugo, el socialista Xos¨¦ L¨®pez Orozco ¡ªimputado por De Lara en el caso Pok¨¦mon¡ª quien lo remiti¨® al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A su vez, tanto De Lara como otra juez de Lugo, Estela San Jos¨¦, han presentado una querella por injurias y calumnias contra el agente que tramit¨® la denuncia.
?Los problemas de Pilar de Lara con un sector de la Guardia Civil se remontan a la instrucci¨®n del caso Carioca, en el que fueron imputados mandos y agentes del instituto armado en Lugo por presuntamente dar cobertura a una red que traficaba con mujeres para prostituirlas en burdeles de la ciudad. En aquella ocasi¨®n, algunos agentes difundieron en foros de Internet ataques contra De Lara y contra la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3, Estela San Jos¨¦, junto a comentarios sobre la vida privada de ambas.
La batalla se recrudece ahora, despu¨¦s de que el pasado 24 de febrero la Comandancia presentase en el juzgado n¨²mero 3 ¡ªocupado provisionalmente por una sustituta de San Jos¨¦¡ª un atestado elaborado por uno de sus agentes que, entre otras cosas, denuncia a De Lara por ¡°presionar¡± a la Guardia Civil para que adjudicase dos plazas de polic¨ªas judiciales a agentes de su confianza. El atestado sostiene que la conducta de la magistrada ¡°pudiera ser constitutiva¡± de un delito previsto en el art¨ªculo 428 del C¨®digo Penal, que estipula sanciones contra los funcionarios que ¡°prevali¨¦ndose del ejercicio de las facultades de su cargo¡± tratasen de influir en otros empleados p¨²blicos ¡°para conseguir una resoluci¨®n que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio econ¨®mico para s¨ª o para un tercero¡±.
La denuncia adjunta como prueba de esas supuestas presiones un escrito firmado por De Lara a solicitud del abogado de los dos guardias civiles que aspiraban a las plazas de polic¨ªas judiciales. En ese documento ¡ªque, seg¨²n el denunciante, le fue enviado en un sobre sin remite a la Comandancia¡ª la magistrada ensalza las cualidades profesionales de los dos agentes y relata c¨®mo intercedi¨® por ellos ante el capit¨¢n de la Unidad de la Polic¨ªa Judicial de la Guardia Civil de Lugo, a quien traslad¨® personalmente su temor a que ambos ¡°pudieran ser objeto de represalias¡± por su participaci¨®n en las investigaciones del caso Carioca. De Lara recuerda que el capit¨¢n de la Polic¨ªa Judicial est¨¢ imputado por un presunto delito de falsedad ¡°al haber supuestamente manipulado un atestado para incriminar¡± a otro de los guardias civiles que indag¨® sobre la presunta conexi¨®n entre miembros del instituto armado y la mafia de los prost¨ªbulos.
Junto a este documento, el agente denunciante incluye un escrito sin firma que asegura que recibi¨® de manos de un conocido suyo al que concede ¡°credibilidad suficiente¡±. En el an¨®nimo, supuestamente dirigido al CGPJ, alguien que dice ser miembro de las fuerzas de seguridad acusa a la juez de urdir pr¨¢cticas propias de ¡°un Estado policial¡± en connivencia ¡°con determinados miembros de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera¡± para controlar a pol¨ªticos y empresarios. Tambi¨¦n declara que ¡°un asturiano llamado Jos¨¦ Luis¡± recibi¨® dinero por inculpar al alcalde de Lugo. Jos¨¦ Luis ?lvarez, empresario asturiano que ofrec¨ªa servicios de gr¨²a a distintos ayuntamientos, acus¨® a Orozco ante De Lara de cobrar sobornos de contratas municipales.
En declaraciones posteriores en el juzgado, el agente denunciante explic¨® que hab¨ªa recibido el an¨®nimo de manos de un periodista local y aport¨® como prueba varios correos electr¨®nicos intercambiados con ¨¦l. El mismo escrito fue enviado por correo postal al Ayuntamiento. El alcalde Orozco lo traslad¨®, el pasado 4 de febrero, tanto al juzgado de Pilar de Lara como al CGPJ.
El guardia civil denunciante se apart¨® voluntariamente de la investigaci¨®n de esos hechos tras reconocer por escrito su ¡°enemistad manifiesta¡± con la juez. Fuentes jur¨ªdicas explicaron que ese agente, responsable en Lugo de la Asociaci¨®n de Cabos y Guardias, ya fue denunciado en su d¨ªa por la magistrada Estela San Jos¨¦ a ra¨ªz de los comentarios vejatorios contra ella difundidos en un foro de Internet. El guardia acab¨® pidiendo disculpas y accedi¨® a pagar una indemnizaci¨®n. M¨¢s recientemente, comentarios de ese cariz volvieron a aparecer en el mismo foro y con el mismo nick aludiendo a San Jos¨¦, a De Lara y a la secretaria del juzgado n¨²mero 2. Las tres presentaron entonces una nueva querella contra el guardia civil.
A ra¨ªz de las diligencias judiciales abiertas por la denuncia de ese agente contra la instructora de los casos Pok¨¦mon y Carioca, otros miembros del instituto armado elaboraron un informe en el que deslizan la sospecha de que su compa?ero ¡°est¨¦ faltando a la verdad¡± sobre el origen de los documentos supuestamente inculpatorios contra la juez.
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