El juez Pablo Ruz admite otra denuncia contra la alcaldesa de Jerez por G¨¹rtel

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha sumado una nueva denuncia a la causa que investiga adjudicaciones supuestamente irregulares de la alcaldesa de Jerez, Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa Pelayo, a la red G¨¹rtel. El magistrado ha firmado una providencia en la que solicita a la polic¨ªa y los peritos judiciales que valoren el escrito remitido por un grupo de empleados del Ayuntamiento de Jerez contra la regidora del PP, a la que acusan de contrataci¨®n ilegal y de haber incurrido ¡°en fraude de ley¡± al adjudicar a las empresas del cabecilla de la trama, Francisco Correa, servicios municipales por m¨¢s de 200.000 euros ¡°salt¨¢ndose todos los procedimientos administrativos¡±. Ruz tambi¨¦n remite la denuncia de los trabajadores a la fiscal¨ªa para que informe sobre la adjudicaci¨®n al entramado G¨¹rtel del puesto de Jerez en Fitur 2004.

Es el primer paso que da el juez tras reabrir la causa a principios de abril. Hace dos meses, Ruz emiti¨® un auto por el que pidi¨® a la Unidad de Auxilio Judicial la elaboraci¨®n de un informe sobre los pol¨¦micos contratos municipales y sum¨® a la causa un exhaustivo escrito de la Unidad de Delitos Econ¨®micos y Fiscales (UDEF). En ese documento policial de 54 p¨¢ginas, se recogen correos electr¨®nicos remitidos por las empresas de Correa Special Events y Down Town que evidencian c¨®mo el Ayuntamiento de Jerez adjudic¨® el pabell¨®n en la feria de Turismo sin que las empresas de la red G¨¹rtel hubieran presentado oferta alguna para concurrir al procedimiento de urgencia y sin publicidad abierta por el Consistorio. De hecho, y seg¨²n las ¡°irregularidades¡± descritas por la UDEF, las sociedades de Correa entregaron la documentaci¨®n que exige la ley un mes despu¨¦s de firmarse el contrato y de celebrarse Fitur.

Estas supuestas irregularidades son las que incluyen en la denuncia el grupo de t¨¦cnicos municipales que ha presentado la denuncia y que prefiere no identificarse ¡°por temor a represalias¡±. Los denunciantes tambi¨¦n aportan copia de los contratos firmados con las empresas de G¨¹rtel en 2004 y el informe de la interventora del Ayuntamiento, quien ya advert¨ªa, d¨ªas antes de la firma de la adjudicaci¨®n de los trabajos, que Pelayo no era la competente para contratar esos servicios sino el Consejo Rector del Instituto de Promoci¨®n y Desarrollo de la Ciudad.